Guillermo Mosso: reflexiones sobre la Audiencia Pública del Distrito Minero Malargüe

El pasado 14 de septiembre se desarrolló en Malargüe la audiencia pública para considerar el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Este implica la evaluación de 34 proyectos de prospección y exploración minera en un polígono delimitado para no impactar negativamente en cuencas, áreas naturales, glaciares y otras dimensiones ambientales, teniendo en cuenta las comunidades locales.

Es una iniciativa innovadora que, a partir de una Matriz de Evaluación de Riesgos e Impactos, deja establecidas obligaciones de cumplimiento estricto para cada uno de los proyectos en materia de geología y suelo, meteorología y aire, recurso hídrico (superficial y subterráneo), glaciares, flora y fauna, áreas naturales protegidas, comunidades, arqueología y paleontología, espeleología, gestión de residuos, planes de contingencias, seguridad y señalización. Para ello se diseñaron 12 planes de manejo ambiental que se aplican a cada proyecto en particular, de acuerdo a sus características.

Antes que nada, dos aclaraciones importantes:

1. Según lo establecido por el art. 25 del Decreto 820/2006 de Evaluación Minera Ambiental, los proyectos de prospección y exploración minera, cuyas actividades signifiquen un impacto escaso que no afecte el equilibrio ecológico – como es el caso del MDMO -, tramitarán su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sin necesidad de realizar Audiencia Pública. Sin embargo, se tomó la acertada decisión poner el poner el proyecto a consideración de la sociedad mendocina, mediante este instrumento de participación ciudadana, dándole la máxima difusión posible.
2. Toda la información del proyecto ha estado y sigue disponible para su consulta sin restricciones en la web del Ministerio de Energía y Ambiente. Al momento de esta nota, ya son 448 archivos ordenados por fecha. Un modo concreto de permitir el acceso a la información para consulta y participación ciudadana, que cumple el Acuerdo de Escazú. Lo que se podría sugerir a futuro para facilitar más aún la consulta web, es que los links para descargar los distintos documentos, tengan nombres descriptivos de su contenido y no solo un número de un expediente o pase administrativo

Los interesados tuvieron tres canales para participar y dar su opinión sobre el proyecto en esta audiencia pública: presencial, virtual (ambas con previa inscripción) y por escrito en correos electrónicos de la secretaría de Ambiente y Dirección de Minería.

Analizando las 9 horas y media que duró la audiencia pública y los correos electrónicos recibidos que figuran en el expediente, en total se manifestaron 328 personas. Algunas de ellas, que participaron en forma presencial o virtual de la audiencia pública también enviaron su opinión por escrito. En estos casos solo se computó una sola opinión. Esto se vio principalmente en las opiniones en contra, que estaban duplicadas en un 20%, porque a varios oradores no les alcanzaron los 5 minutos asignados para exponer sus argumentos.

Es importante señalar que, desde la instrucción de la audiencia pública, y como se puede comprobar en el expediente, se contestaron todos los mails con preguntas o cuestionamientos y se agradeció la participación de cada interesado.

Los datos desglosados por el origen de cada participante muestran el gran interés que generó el proyecto en el Gran Mendoza y en el Sur de la provincia, principalmente en los departamentos de Malargüe y San Rafael.

De otras zonas del país, se registraron participaciones provenientes de provincia de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. En el caso de otros países, hubo una persona de Chile y otra de EEUU. Un dato llamativo: todas las participaciones provenientes de San Luis fueron de malargüinos y mendocinos que están allí estudiando Geología.

Si a esa información le agregamos los resultados de las opiniones A Favor o En Contra del proyecto, tenemos el siguiente cuadro:

Si bien la audiencia pública no es vinculante, los resultados finales mostraron no solo un gran interés de participar, sino un contundente apoyo al proyecto Malargüe Distrito Minero, particularmente en la región de impacto más cercano, el Sur mendocino.

Si observamos las cantidades de opiniones según su origen, solo el 36% (117 opiniones) son de la zona Sur. Y abriendo los datos dentro de la misma, se aprecia que las 91 opiniones de Malargüe, -el territorio inmediato donde impacta el proyecto-, representan un 28% sobre el total de 328.

Las opiniones del Gran Mendoza y la zona Este coincidieron en una abrumadora mayoría con las de la zona Sur, no así las del Valle de Uco, donde existe un fuerte rechazo a la actividad minera.

Y eso nos lleva a pensar ¿Qué hubiera sucedido si las opiniones en las otras zonas de Mendoza no eran coincidentes con las de los malargüinos? ¿Por qué en el análisis de un proyecto de estas características, la opinión de personas ajenas a su zona de impacto inmediato, pueden llegar a pesar más que los habitantes de ese territorio?

No estamos en contra de la libre expresión ni de la participación de nadie en este tipo de procesos de consulta ciudadana, pero… ¿por qué debería estar en pie de igualdad la opinión de una estudiante universitaria de EEUU que está de paso por Mendoza haciendo un trabajo práctico, con la de un malargüino al cual este proyecto le puede modificar su vida? ¿O la de una señora que desde Chubut milita su antiminería, como tantas otras personas que, vía zoom, desde otras regiones, quieren imponer su visión y creencias por sobre la de los habitantes del lugar donde ese proyecto se realizará?

Esto es algo que se ha repetido en muchos lugares de Argentina. Lo hemos visto en las audiencias públicas de Portezuelo del Viento, o de los proyectos turísticos de Punta Negra en Tunuyán y El Azufre en Malargüe. En la exploración off shore de petróleo en Mar del Plata o en la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego. Personas que militan su “ambientalismo” por internet desde sus casas y que vuelven a su cotidianeidad después de haber rechazado con un click un proyecto que podría cambiarle el futuro a toda una comunidad.

Hay que modificar las instancias de participación ciudadana para que la opinión de los habitantes de la zona donde se propone la realización de un proyecto, tenga preeminencia por sobre la de quienes no residen allí. Que su voluntad de aceptar o rechazar un proyecto sea tenida en cuenta en primer lugar antes que otras opiniones. Que quienes viven allí sean los que se informen primero y puedan decidir libremente sin injerencias de afuera. Lo que podría hacerse con mesas de diálogo previas, para luego, llevar esa opinión local informada, a las audiencias públicas con amplia participación de quienes estén interesados.

Un ejemplo para analizar es el método de la Universidad Nacional de Cuyo para elegir Rector y Decanos. Allí existe un sistema de voto ponderado en el cual se asignan valores específicos a cada claustro (docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico) para equilibrar la representación de los diferentes grupos dentro de la comunidad universitaria. Con un criterio análogo, en las mismas audiencias públicas se podría categorizar y priorizar las opiniones de los locales por sobre el resto.

Mientras, y con amplio apoyo dentro y fuera de Malargüe, el Distrito Minero avanza a pie firme.