Siete de los nueve vocales electivos del Consejo Fiscal (seis de la mayoritaria Asociación de Fiscales y el de la APIF) han pedido al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que reconsidere su decisión de permanecer en el cargo y presente su dimisión en el cargo tras su imputación por el Tribunal Supremo. Según ha podido saber ABC de fuentes presentes en la reunión del Consejo Fiscal convocada esta tarde, García Ortiz ha defendido, como hizo por la mañana ante la Junta de Fiscales, que la actuación por la que se le imputa revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. A juicio de estos vocales “el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso”.Consideran además, que la decisión de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, “mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación”. “Nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un Fiscal General del Estado imputado por el Tribunal Supremo. No puede, por tanto, haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado”, señalan los vocales en un comunicado posterior al encuentro. Por su parte, los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales han apoyado la continuidad de García Ortiz al considerar, en contra del criterio del Supremo, que el fiscal general no cometió ningún delito. Estos fiscales han defendido que el fiscal general se limitó a defender a un subordinado, en referencia al fiscal Julián Salto, investigado en el TSJM junto a la jefa de la Fiscalía provincial, Pilar Rodríguez y que dimitir sería una “irresponsabilidad” que contribuiría al debilitamiento de la institución.
Fuente ABC