En el día de ayer, se dio a conocer que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental a cargo de velar por la prevención y lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros, concluyó la Cuarta Ronda de Evaluación sobre Argentina con un resultado satisfactorio para nuestro país.
Este resultado no solo fortalece la credibilidad de Argentina en el ámbito internacional, sino que también proporciona un entorno más seguro y atractivo para la inversión de capitales extranjeros, facilitando así su integración en el sistema financiero global y favoreciendo el desarrollo económico.
Si bien los detalles del informe final del GAFI se darán a conocer durante los próximos 60 días, es una buena oportunidad para analizar cómo desde el sector privado podemos seguir cooperando en la prevención y combate de estos delitos graves.
El sistema internacional y local antilavado consideran que ciertos sectores de la economía (bancos, sociedades de bolsa, fintechs, aseguradoras, juegos de azar, entre muchos otros) son actores claves en este sentido, ya que son los “gatekeepers” o guardianes de la entrada al sistema financiero que la delincuencia económica intenta explotar para aparentar que sus ganancias han sido obtenidas de manera lícita y ocultar su origen delictivo (de aquí el concepto de “lavar” activos). Además, estos actores desempeñan un papel crucial en la prevención del financiamiento de actividades que amenazan la seguridad nacional, como los atentados terroristas.
En ese sentido, estos gatekeepers han encontrado en el último tiempo grandes desafíos asociados al incremento en el uso de la tecnología por parte de este tipo de delincuencia económica, que intenta utilizarla para fines espurios.
La obligación de las compañías de identificar a sus clientes, por ejemplo, para asegurarse de que no están realizando negocios con terroristas o narcotraficantes, se ha vuelto más compleja en un contexto de digitalización casi total en los procedimientos de apertura de cuentas. Las largas filas en los bancos han sido reemplazadas por un par de clics en una aplicación, lo que dificulta saber “quién está del otro lado”.
En este sentido, contar con sistemas robustos y auditables para la validación de identidad se ha vuelto no solo indispensable, sino que estos sistemas deben actualizarse periódicamente ante las cada vez más sofisticadas técnicas que utilizan los criminales para eludir la detección. Por ejemplo, recientemente se conoció que un conocido cártel de drogas mexicano utilizaba imágenes y videos generados por inteligencia artificial para poder sortear los controles de diversas entidades financieras y acceder a cuentas bancarias para lavar sus ganancias.
Otro desafío, también asociado con el gran avance tecnológico de los últimos años, surge con la transición del efectivo a las transacciones digitales. Si bien esta evolución reduce la burocracia y aumenta la eficiencia, también crea redes donde el delito que genera ganancias y el proceso de integración en el sistema financiero pueden coexistir sigilosamente en el mismo entorno digital.
En el pasado, un vendedor de drogas dedicado al narcomenudeo se enfrentaba con el desafío de llevar una gran cantidad de efectivo a un banco para poder ingresar sus ganancias al sistema financiero. Hoy puede pedirle a sus clientes que le paguen con una billetera virtual. Tradicionalmente, un secuestrador exigía un rescate consistente en el pago de dólares en un bolso bajo amenaza de lastimar a algún ser querido. Hoy los hackers roban bases de datos o contenido íntimo y exigen su rescate en Bitcoin.
De esta manera, la detección de actividades ilícitas se hace más compleja, requiriendo herramientas avanzadas de análisis de datos y monitoreo continuo para asegurar que los gatekeepers no sean utilizados con fines ilícitos.
Por otro lado, la facilitación del acceso a pagos transfronterizos -incluyendo soluciones que permiten a los consumidores contratar servicios ofrecidos desde cualquier parte del mundo, a freelancers cobrar honorarios a través de criptomonedas, y el mercado de remesas, especialmente popular entre poblaciones no bancarizadas, han revolucionado las transferencias de dinero, haciéndolas más rápidas y económicas.
No obstante, traen consigo el desafío adicional de rastrear el origen y destino de los fondos, dada su naturaleza globalizada y digital. Por ejemplo, hace algunos meses trascendió públicamente que la organización terrorista Hamas utilizó criptomonedas para financiar su última ronda de atentados en Israel el 7 de octubre del año pasado.
Por ello, el sector privado se ve en la necesidad de implementar sistemas sólidos de trazabilidad para gestionar este riesgo sin erosionar la agilidad que sus clientes esperan-y demandan-.
En este contexto, las compañías apalancadas en tecnología tienen una oportunidad única para destacarse como líderes en la innovación responsable. El logro reciente de Argentina con el GAFI debería inspirarnos a integrar un enfoque más proactivo y colaborativo con los reguladores para crear un marco más sólido y adaptativo. Mediante el uso de tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial para el monitoreo de transacciones y el desarrollo de algoritmos que identifiquen patrones inusuales de comportamiento, el sector privado puede mejorar sus capacidades de detección y prevención.
Al fin y al cabo, un sistema financiero robusto es beneficioso para todos, y es nuestra responsabilidad contribuir a su solidez y transparencia.
Fuente El Cronista