Los inspectores de Hacienda ven riesgo de más fraude fiscal con el concierto catalán

Máxima alerta entre los inspectores de Hacienda, que de forma masiva están mostrando su inquietud en el XXXIV Congreso de la Asociación que se celebra estos días en Córdoba, con 700 participantes. La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) teme que se están dando pasos relevantes hacia la fragmentación de la Agencia Tributaria para desgajarla en Cataluña, lo que a su juicio supondrá un riesgo de más fraude fiscal al limitar la lucha de la Inspección.

“Alarmados con que realmente este proceso se aplique. Se nos han encendido todas las alarmas. Vemos posibilidades de que salga adelante, y que la Agencia Tributaria está en peligro por primera vez desde su creación. Se rompería el sistema tributario, se dinamita el sistema de financiación autonómico, y habría la cesión de la gestión y recaudación, con el traspaso de los medios humanos y tecnológicos. Implica que la Agencia Tributaria desaparece de Cataluña”, han señalado Ana Herrán y José María Peláez, presidenta y portavoz de la IHE.

Los dos inspectores consideran que se están dando grandes pasos, como la creación de un comité de expertos por parte de la Generalitat, o el mensaje del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre que se está preparando la posibilidad de cuadruplicar la plantilla de la Agencia Tributaria de Cataluña, lo que para los inspectores solo se podría conseguir con el traspaso de recursos humanos y tecnológicos desde la Agencia estatal.

Hay varias preocupaciones ante la posible fragmentación de la Agencia Tributaria estatal (AEAT), como dinamitar el sistema de financiación autonómico, pendiente de reforma desde hace una década, o si es o no constitucional. También, la incertidumbre en la que están los inspectores que trabajan en Cataluña y las posibles consecuencias para su labor. Pero la mayor amenaza es el riesgo de un aumento del fraude fiscal, al romperse la caja única de la Agencia Tributaria y la capacidad de perseguir y comprobar información en Cataluña, dejando de tener todos los datos.

Entre las actuaciones que se limitarían o impedirían, están las comprobaciones de deslocalizaciones de grandes patrimonios de Cataluña al extranjero. En los últimos años, una de las prioridades de la Agencia Tributaria ha sido atacar las simulaciones de residencias en el extranjero de ricos españoles para pagar menos impuestos. Hay una herramienta informática para el régimen común y actuaciones de análisis de la Unidad de Grandes Patrimonios para esto, y sería “imposible detectar” estos fraudes desde la AEAT o desde la Agencia Tributaria de Cataluña si se fragmenta la Agencia, según critican los inspectores.

También habría una reducción de la capacidad de vigilancia y análisis de actuaciones de los grandes patrimonios para prevenir y perseguir fraudes, porque se realiza desde la Unidad Central del Control de Patrimonios Relevantes. Los inspectores señalan que en 2012 las actuaciones de comprobación de contingencias tributarias asociadas a obligados tributarios que figuran como titulares de un patrimonio relevante generaron como resultado deudas liquidadas por importe de 546 millones de euros en 1.130 expedientes.

Por otro lado, los inspectores ven “imposible” ejecutar el plan de inspección cuando hay sociedades y socios que investigar y uno de los dos está en Cataluña y otro no. Lo mismo ocurre en grupos consolidados, cuando la matriz o la filial está en Cataluña pero el resto en otras comunidades del régimen común. También ven “muchos problemas” para investigar multinacionales o efectuar actuaciones coordinadas entre varias administraciones tributarias respecto a empresas domiciliadas en Cataluña.

Ante esta preocupación, los inspectores insisten en pedir un estatuto que blinde a la Agencia, que se proteja el sistema de promoción actual para garantizar el nivel de los inspectores, y aseguran que hay incertidumbre entre los asociados que están en Cataluña. Este jueves, en el mismo Congreso, la directora general de la AEAT, Soledad González, pidió “tranquilidad” y fue ambigua sobre este riesgo, suavizando su oposición respecto a hace cinco meses.

Fuente El Confidencial