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Andalucía encara dos debates estratégicos para afrontar uno de sus grandes desafíos y el tercer problema que más afecta en estos momentos a la población: las dificultades para el acceso a una vivienda tanto en propiedad como en alquiler.
Por un lado, el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley andaluza de vivienda que el Gobierno autonómico prevé aprobar durante 2025. Por otro, el último proyecto de presupuesto autonómico que el Gobierno andaluz ejecutará al completo antes de las elecciones y que recoge una cuantía máxima de 526 millones al margen de las deducciones fiscales existentes que Hacienda cuantifica en otros 300 millones. En el marco de ambos debates se ha abierto un proceso de participación en el que el sector empresarial y los sindicatos, como agentes sociales más representativos, han fijado sus propuestas de hoja de ruta que suponen en la práctica un giro respecto a los planteamientos iniciales de la Consejería de Fomento . El diálogo está abierto en torno a una batería de medidas y propuestas.
El primer giro que plantean tanto el sector empresarial como los agentes sociales es el presupuesto. Los 526 millones de euros que se destinan a vivienda representan un 0,16% del PIB lo que supone un porcentaje que Fadeco Promotores (que actúa como voz empresarial en este debate) sitúa por debajo de otras comunidades autónomas y que refleja que «aún no se ha conseguido que la vivienda se haya situado como una gran prioridad de acción». Esta entidad lamenta por ejemplo que no haya recursos suficientes para favorecer la adquisición de suelos que se pongan a disposición de proyectos residenciales.
A esto se añade que en sus comparecencias ante la Comisión de Hacienda tanto la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como Ceacop, que aglutina a Pymes del sector de la construcción, han expresado en el Parlamento su malestar por la congelación de las inversiones en 5.800 millones de euros. « Con la inflación existente y la subida de materiales una congelación equivale a un recorte del 3% . Si a esto se añade que el 80% de los fondos de inversión vienen de fuentes de financiación externas (fondos europeos o finalistas del Gobierno) y que la ejecución es baja genera una compleja situación en el sector», expuso su representante Arturo Coloma. La reflexión es compartida en este caso por parte los sindicatos.
« Nada se contempla en el presupuesto en cuanto a la necesidad de impulsa vivienda protegida , ni hay indicadores en este sentido o sobre medidas para que las familias puedan paliar el encarecimiento de las hipotecas», resume CCOO en el documento presentado ante la Comisión de Hacienda. «El problema se agrava por una insuficiente inversión en vivienda protegida, que representa apenas un 6% del total de VPO a nivel estatal», completa UGT. « Pero incluso con este presupuesto se podría avanzar en la mejora de la situación de la vivienda si se adoptan una serie de medidas », planteó el martes durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado.
Esa misma tarde, la entidad mantuvo una reunión técnica con la Consejería para tratar estas propuestas que pertenecen bien al ámbito fiscal bien al proceso de tramitación de la ley andaluza de vivienda. J unta y Fadeco están avanzando para tratar de llegar a un acuerdo que tiene como punto de partida el diagnóstico de que la crisis de la vivienda se debe a una falta de oferta respecto a la demanda existente , cuyo origen se vincula más a la falta de suelo disponible. Por eso, la hoja de ruta que negocian ambas partes analiza en primer lugar una declaración de emergencia que agilice todos los trámites de gestión y los procesos de urbanización, así como la creación de una Oficina aceleradora para los proyectos de transformación urbanística para usos residenciales.
Asimismo, el programa de medidas que está encima de la mesa recoge una batería de ayudas para los promotores previas a los procesos de urbanización: retrasar el pago del aval del 7% al que tienen que hacer frente los promotores al constituir un sistema de compensación hasta que no se inicien las obras de urbanización; una línea pública de avales para obras de urbanización («Cada euro financiado supondría un ahorro del 15% anual sobre el capital invertido y un abaratamiento del saldo final») y una ayuda directa cuando los proyectos se ejecuten siguiendo criterios de sostenibilidad. Junto a esto proponen una bonificación de hasta el 30% de la edificabilidad para VPO si los suelos son sostenibles.
De cara a los compradores y con el objetivo de que puedan afrontar los precios de la vivienda, Fadeco Promotores reclama más deducciones fiscales y préstamos en condiciones ventajosas de las existentes . Para el próximo ejercicio se han ampliado las deducciones para compra y alquiler aunque el sector entiende que aún hay margen. Así se planteó también en una Proposición no de ley en el Parlamento del PSOE en la última sesión plenaria. Menos opciones hay de que haya entendimiento con las centrales sindicales en torno a las políticas de vivienda. U GT y CCOO sitúan como eje central la ejecución de medidas urgentes de intervención en los precios de alquiler a través del desarrollo de los instrumentos habilitados en la Ley de Vivienda cuya ejecución depende en cualquier caso de las comunidades autónomas que tienen las competencias. La Junta rechaza de plano esta posibilidad.
Fuente ABC
