En las últimas horas se conoció que el gobernador Alfredo Cornejo propuso a Norma Llatser como reemplazo de Pedro Llorente en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien dejará su cargo en febrero de 2025 tras 37 años de servicio.
La candidatura será evaluada por el Senado provincial, con un condimento polémico: Llatser está afiliada a la UCR desde el año 2002, algo que prohíbe la ley 23.298, orgánica de partidos políticos, aunque también lo invalida una resolución de la Corte Suprema del año 2011.
La mujer se afilió a la UCR el 25 de septiembre de 2002, siendo abogada, según figura en el padrón de afiliados. Y figura hasta el día de hoy en el padrón de la UCR desde el año 2019, a pesar de que ella insiste en decir que se desafilió. La siguiente captura no deja mentir:
Pero la ueza no solo se se encontraría en infracción a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos en este momento, sino también desde su designación en 2006.
Según el artículo 24 de esa normativa, no pueden ser afiliados:
a) Los excluidos del padrón electoral, a consecuencia de las disposiciones legales vigentes;
b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación o de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales.
“Garantizar la imparcialidad del Poder Judicial requiere prohibir actividades políticas”
En 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inválida la resolución 254/10 del Consejo de la Magistratura, que autorizaba a funcionarios judiciales a afiliarse a partidos políticos. Según el fallo, el Consejo excedió sus competencias al modificar reglamentos que afectan la independencia del Poder Judicial, facultad reservada a la Corte Suprema.
El tribunal subrayó que garantizar la imparcialidad del Poder Judicial requiere prohibir actividades políticas en todos los niveles, excepto en el caso de empleados con limitaciones específicas establecidas previamente. Esta decisión busca preservar la independencia y evitar cualquier percepción de parcialidad en la Justicia.
Llatser, actual presidenta de la Asociación de Magistrados y reconocida por su experiencia en derecho laboral, es una figura destacada en el ámbito judicial mendocino. Su especialización en esta área se considera clave para abordar los desafíos laborales del sector público y privado, complementando la presencia de otros expertos en la Corte, como Mario Adaro.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
