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IsraelEl Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 el llamado escudo antiopas, una medida que aprobó en 2020 para evitar la compra por parte de inversores extranjeros de empresas españolas perjudicadas por la pandemia de covid. Se mantiene así la protección de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.
Técnicamente lo que ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros es la prórroga del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, que está establecido en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio.
Según informa el Ministerio de Economía en un comunicado, el régimen se aplicará a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en los siguientes casos:
Empresas cotizadas en España:
aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.Empresas no cotizadas: cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.
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Asimismo, se consideran inversiones extranjeras directas aquellas en las que el inversor pase a obtener una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española o adquiera el control de la sociedad conforme a los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Además, este régimen transitorio incluye las inversiones realizadas por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la AELC. La titularidad real se define como la posesión o control directo o indirecto de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o el ejercicio de control por otros medios.
Protección de sectores estratégicos
Con esta prórroga, el Gobierno pretende reafirmar su compromiso de garantizar la seguridad y estabilidad de sectores estratégicos de la economía nacional en el actual contexto geopolítico. Esta medida busca también asegurar un entorno competitivo y equilibrado que favorezca el desarrollo económico sostenible.
El Gobierno modificó, en línea con la normativa comunitaria, la legislación sobre el control de inversiones extranjeras procedentes de fuera de la Unión Europea en marzo de 2020, con motivo de la crisis global de la covid y la inestabilidad de los mercados financieros. La modificación se realizó mediante la introducción del artículo 7 bis en la Ley 19/2003, que estableció que ciertas inversiones extranjeras directas en el país deben ser aprobadas previamente por razones de seguridad, salud y orden público.
La normativa que desarrolla este régimen de control de inversiones se aprobó el Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España en julio de 2023. Adicionalmente, debido al impacto económico derivado de la crisis sanitaria, se amplió la protección establecida a las inversiones provenientes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en ciertas circunstancias a través del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. Desde entonces, este régimen sobre las inversiones intracomunitarias ha sido prorrogado sucesivamente para mantener la protección sobre sectores estratégicos en un contexto de incertidumbre global.
Fuente El Confidencial
