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IsraelQué es el decreto ómnibus, el paquete de ayudas que ha sido rechazado en el Congreso
El rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones deja a millones de jubilados en España con la incertidumbre de lo que ocurrirá en febrero. El decreto, que subía las pensiones un 2,8% con carácter general y hasta un 9% en el caso de las mínimas, fue tumbado por la negativa de PP, Vox y Junts, dejando sin efecto las medidas para los próximos meses.
El Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que los pensionistas cobrarán la subida en enero porque la normativa estuvo vigente hasta el día de la votación en el Congreso. Sin embargo, desde febrero, las pensiones podrían volver a los niveles anteriores si no se aprueba un nuevo decreto que incluya estas revalorizaciones.
La caída del decreto afecta a unos 12 millones de beneficiarios. Las pensiones más bajas y el IMV perderían los incrementos previstos, que eran del 6% para las mínimas y del 9% para las no contributivas. También queda sin efecto la subida del complemento para reducir la brecha de género, estimada en un 8,1%.
Desde el Gobierno, se ha criticado la decisión de tumbar el decreto, calificándola como un golpe a los pensionistas. El ministro Félix Bolaños señaló que “los pensionistas verán sus pensiones bajar” y culpó al bloque opositor de la situación. A pesar de esto, el Ejecutivo asegura que su compromiso con la revalorización es firme y confía en aprobar un nuevo decreto en las próximas semanas.
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La oposición ha argumentado que su rechazo se debió a la inclusión de medidas sin relación en un único decreto ómnibus. PP y Junts han exigido que las revalorizaciones se voten de forma independiente, mientras que el PP ha prometido registrar un texto alternativo que garantice la subida.
Más allá de las pensiones, otras medidas como los descuentos al transporte y el incremento del salario mínimo también han quedado suspendidas. La falta de consenso político deja a millones de ciudadanos en un limbo que el Gobierno deberá resolver antes de febrero para evitar un retroceso en los derechos sociales recientemente adquiridos.
Fuente El Confidencial
