Los beneficios económicos de la corrupción de D’Onofrio y cómo se repartía entre funcionarios de Kicillof

Buenos Aires- 28 de enero de 2025-Total News Agency-TNA- El escándalo en torno a la destitución del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, continúa escalando. Recientemente, la fiscalía bonaerense ha iniciado una investigación sobre las transferencias de fondos realizadas por la empresa Solutec SA, dirigida por Sebastián Desio, un conocido militante del Frente Renovador que actúa como intermediario en los servicios de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

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La información revelada por el sitio RealPolitik muestra que estas transacciones millonarias involucran a numerosos funcionarios de alto rango, empleados públicos y figuras con conexiones políticas, especialmente relacionadas con la administración de Axel Kicillof.

Entre las transferencias más relevantes se destacan:

• Gabriel Pretti, director de Tecnología de la Información en el ministerio de Transporte, recibió 17.380.000 pesos.
• Leandro Siri, jefe del Departamento de Sistemas en el ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, cobró 17.240.000 pesos.
• Gastón Yarza, oficial principal de la Policía Bonaerense, percibió 10.600.000 pesos.
• Karina Ayelén Romairone, empleada judicial y excolaboradora de la Cámara de Diputados, recibió 8.400.000 pesos.
• Ariel Alejandro Frutos, jubilado de la Caja de Retiros, recibió 7.300.000 pesos; es notable que es contador de la sociedad que fue objeto de un allanamiento.
• Emiliano Martín Correa, subcomisario de la Policía Bonaerense, cobró 7.120.000 pesos.
• Mariano Rueda, figura clave en esta red, recibió 7.100.000 pesos. Se le vincula estrechamente con Tomás Uthurriague, encargado de Informática del ministerio de Transporte, quien percibe un salario de 1.5 millones de pesos y posee un vehículo de alta gama a nombre de Rueda.
• Diego Ernesto Fornesi, funcionario del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibió 7 millones de pesos.
• Manuel Serantes, colaborador de Cristian Girard en ARBA, cobró 6.500.000 pesos.
• María José Odriozola, analista de datos en el ministerio de Seguridad, percibió 5.675.171 pesos.
• Renaldo Coletti, arquitecto y docente, recibió 5.200.000 pesos.
• Germán Weber, quien trabajó en el ministerio de Seguridad, cobró 4.420.000 pesos.
• Ramiro Arturo Bertora, jefe de Departamento de Infraestructura, recibió 3.900.000 pesos.
• María Paula Piacente, trabajadora del OPNyA, cobró 3.480.000 pesos.
• Luis Emmanuel Querci, oficial de la Policía de la Ciudad, recibió 3 millones de pesos.
• María Virginia Franco, analista en ARBA, percibió 2.900.000 pesos.
• Carolina Antonella Bucchino, excontratada en el ministerio de Justicia, recibió 2.852.066 pesos y enfrenta acusaciones por facturación irregular.
• Estefanía Mabel Balicchia, empleada municipal, cobró 1 millón de pesos.
• Mariano Rueda, figura clave en la red de corrupción, recibió 7.100.000 pesos. Es amigo cercano de Tomás Uthurriague, encargado de Informática en el ministerio de Transporte, donde gana 1.5 millones de pesos. Rueda utiliza una camioneta Jeep Compass 2021, valorada en 35 mil dólares, que está a su nombre. Además, presta servicios en la Cámara de Senadores de Buenos Aires, lo que refuerza los vínculos sospechosos con el exministro Jorge D’Onofrio y el ministerio. Uthurriague posee dos departamentos y una vinoteca en La Plata, aunque nada está a su nombre. La camioneta de Rueda tiene una cédula azul a nombre de Uthurriague, quien ha sido visto manejando el vehículo en infracciones de tránsito.

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Los hallazgos muestran uno de los costados más oscuros en la gestión de D’Onofrio y la capacidad de Kicillof para garantizar la transparencia en las licitaciones y contratos estatales. A medida que avanza la investigación, el impacto político de este escándalo podría resultar devastador para el oficialismo provincial.

La red de beneficiarios de Solutec SA incluye a funcionarios en posiciones clave dentro del estado, abarcando desde el ministerio de Transporte hasta Seguridad, ARBA, Justicia y Derechos Humanos. La amplia gama de destinatarios sugiere una estructura bien organizada que canaliza recursos públicos hacia sectores específicos del aparato estatal y político.