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Este sábado organizaciones vinculadas al movimiento LGBTIQ+ y al feminismo convocaron a una movilización en repudio de las declaraciones del presidente Javier Milei.
El argumento oficial es que el discurso de Milei fue descontextualizado. La declaración más resonante del mandatario en Davos fue: “En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. ¡Son pedófilos!”.
Vale aclarar que según un informe de Unicef y el Ministerio de Justicia de 2021 da cuenta que hubo en ese período 4.344 agresores sexuales de menores, de los cuales el 81,1% fueron hombres, 4,2% mujeres, y una persona transgénero.
7 de cada 10 abusos fueron cometidos por alguien de su entorno, 4 de cada 10 fueron realizados por padres o padrastros, 3 de cada 10 por tíos, abuelos o hermanos.
La Educación Sexual Integral, destinada a formar en salud, prevenir y detectar la violencia y abusos sexuales, tuvo un recorte del 99,4% y no tenía partida asignada en el presupuesto 2025.
Sin embargo, en el primer año de gestión libertaria hay evidencia sobre el compromiso de Milei con una agenda opuesta a los derechos de las minorías.
Superávit de las jubiladas
El Gobierno aplicó en su primer año un recorte del gasto del 26% real interanual, y fueron las jubilaciones las que soportaron el mayor porcentaje del ajuste, explicando el 19% del total, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El universo previsional argentino abarca a 7,1 millones de personas, de las cuales el 60,2% accedieron por moratoria (ya que no se les habían realizado los aportes correspondientes, no trabajaron o lo hicieron en la informalidad) y el 90,4% de ese universo cobra un haber mínimo o menos.
Según datos del Centro de Economía Política (CEPA), el 75% de las personas que ingresaron por moratoria eran mujeres.
El Gobierno había propuesto el fin de la moratoria para marzo de este año en la Ley Bases, siendo que solo el 9,5% de las mujeres en edad de jubilarse cuentan con los aportes necesarios mientras que entre los varones este universo es el 20%.
Violencia de género
El discurso oficial apunta a no atribuir distinciones de género en la violencia, a pesar de que en 2024 hubo 267 femicidios (asesinatos por motivo de género), equivalente a uno cada 33 horas. En lo que va del año, según el Observatorio “Ahora que si nos ven”, hubo un femicidio cada 27 horas.
En este contexto, en 2024 se aplicaron fuertes recortes a programas para atender esta problemática. Por ejemplo, la Ley Brisa, que busca dar cobertura económica y de salud para los hijos de víctimas de femicidios, tuvo un recorte del 53,5% real interanual en su ejecución entre enero y octubre, según el CEPA.
Para 2025, los fondos destinados a la Ley Brisa tenían en el presupuesto un aumento del 3,4% real interanual, en un contexto de desplome de dictámenes favorables para el ingreso al régimen. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron que se suspendieron las altas al Programa RENNYA (Régimen de Reparación económica).
El programa Acompañar, que brinda apoyo económico a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género para que puedan abandonar el entorno abusivo, tuvo un recorte del 87%. Además, en el primer trimestre de 2024 se redujeron en un 98,6% las altas otorgadas.
Para 2025, el programa Acompañar no contaba con fondos asignados en el presupuesto. Los fondos que daba el Acompañar eran equivalentes al salario mínimo ( $286.711 en enero) por 6 meses.
En línea con lo anterior, la línea 144, destinada a recibir llamadas de denuncias por violencia de género, sufrió un recorte del 54%, mientras que para 2025 no tiene fondos asignados.
El patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual tuvo un recorte del 100% y tampoco tiene fondos asignados para 2025.
El programa de rescate y acompañamiento de víctimas de trata tuvo un recorte del 87,9% y pero para 2025 tenía proyectado un aumento del 864%.
El ajuste y los ingresos
El aumento del costo de vida empujada por los servicios se da en un escenario de menores ingresos y afectan especialmente a las poblaciones empobrecidas, que están feminizadas.
Según datos de CEPAL, la cantidad de hogares con niños a cargo de mujeres asciende al 61% del total (1,2 millones), mientras que aquellos a cargo de varones asciende al 23% (520.000). La tasa de pobreza en los hogares monomarentales alcanzó al 59%.
Mientras tanto, el 40% de la población trans está debajo de la línea de pobreza y reporta que sus ingresos no le alcanzan para cubrir gastos corrientes, según el Censo de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica de Argentina, realizado en 2023,
Solo 5 de los 20 programas con perspectiva de género tuvieron crecimientos reales en los fondos asignados. Entre ellos se destacan dos: 1.000 días y Asignación Universal por Hijo.
El programa 1.000 días tuvo en 2024 un aumento del 183% y el presupuesto proyectaba un aumento del 248%, sin embargo otros programas destinados a la salud sufrieron fuertes recortes. Sin embargo, se desarmó la entrega del kit de lactancia.
La AUH tuvo un aumento del 351% en 2024, según el Ministerio de Capital Humano. Junto a la Tarjeta Alimentar, ambas prestaciones alcanzaron a cubrir la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia.
Mientras tanto, según CP Consultora, en el segundo semestre de 2024 hubo una recuperación de los ingresos y se acercaron a los niveles de noviembre de 2023, pero aún se mantienen en pisos históricos y lejos incluso de los registrados en el tercer trimestre de 2023.
En el desplome de los ingresos y tras un año en el que, según la Secretaría de Trabajo, se perdieron 198 mil puestos de trabajo (interanual a octubre), el Gobierno propone eliminar los cupos laborales, entre ellos, los de discapacidad y personas trans.
Según el Censo de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica de Argentina, realizado en 2023, la población LGBTIQ+ presenta tasas de desocupación superiores a la media, alcanzando en la población trans el 15%. Allí, es también superior la tasa de inactividad o la falta de respuesta.
Solo el 23% de esta población es profesional, el 40% de la población trans femenina fue desestimada o despedida por su identidad, y el 30% reportó agresiones o discriminación en el lugar de trabajo, siendo esto un 10% entre los varones homosexuales.
Salud
Los recortes implementados en programas de salud y en el sistema público también tienen efectos particulares en esta población.
El plan ENIA de prevención del embarazo adolescente no intencional tuvo una ejecución del 14%, según el CELS.
Es el caso del programa de respuesta al VIH e infecciones de salud sexual, que tuvo una caída de fondos en 2024 del 73,5%. Esta semana, el Ministerio de Salud oficializó el despido de un 40% de los trabajadores de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis, y Tuberculosis.
Ante esto, vale tener en cuenta que el 46% de la población trans recurre al sistema de salud público y el 32% de la población LGBTIQ+ tiene una condición crónica de salud, el 60% tuvo ideación suicida y el 48% depresión, según el Censo antes mencionado. La intervención del Hospital Bonaparte, de salud mental, se suma en este sentido.
Según Fundación Huésped, la expectativa de vida de la población trans en Argentina es de 35 años.
Fuente El Cronista
