Buenos Aires-26 de febrero de 2025-Total News Agency (TNA)- Las empresas estadounidenses en Argentina expresaron hoy su preocupación por la reciente designación por decreto y en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema, realizada por el Gobierno de Javier Milei. Según los empresarios, esta decisión podría “opacar” los esfuerzos del Ejecutivo en materia económica y retrasar la recuperación del país, además de representar un “riesgo potencial” para la seguridad jurídica, afectando así la previsibilidad y confianza necesarias para atraer inversiones.
Aunque los empresarios reconocieron que la decisión presidencial es constitucional, cuestionaron la naturaleza “extraordinaria” y “transitoria” de las designaciones, enfatizando el “riesgo potencial” que esto implica para el equilibrio institucional en una democracia. También criticaron los argumentos del Gobierno, que justifican la designación debido al receso del Senado y la falta de aprobación de los pliegos.
Las organizaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) han manifestado sus posturas ante estos cambios. Mientras que la UIA no planea una manifestación pública, la CAC está evaluando una respuesta y la AEA no ha emitido comentarios.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) destacó que, en los últimos 13 meses, el Gobierno ha logrado avances significativos en la estabilización de la política monetaria y fiscal, lo que ha permitido la reducción de la inflación y la desregulación de la economía. Sin embargo, advirtieron que las designaciones transitorias de los jueces pueden socavar estos esfuerzos y perjudicar la previsibilidad esencial para el crecimiento del país.
Los empresarios afirmaron que, aunque la designación tiene un respaldo legal en la Constitución, el proceso utilizado genera desconcierto y debilita la estabilidad judicial. La falta de validación del Senado para los magistrados designados podría comprometer la confianza en sus fallos, lo que podría resultar en la nulidad de sus sentencias.
Finalmente, subrayaron que la imprevisibilidad institucional y la ausencia de reglas claras han erosionado la confianza de los actores económicos, alejando las inversiones necesarias para el desarrollo del país. Reiteraron que la seguridad jurídica es fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuiría a demorar la recuperación económica y social que Argentina necesita urgentemente.