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EspañaEl Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha reunido hoy a los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, de Cepyme, Gerardo Cuerva, y de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, para abordar la creciente preocupación que despierta el envío de notificaciones fuera de horario laboral entre los trabajadores de la Administración Pública.
Hoy en día, las notificaciones electrónicas no tienen un horario establecido, pueden llegar a cualquier hora del día y en cualquier momento: de madrugada, fines de semana e incluso festivos. Esto obliga a los trabajadores, entre ellos, gestores administrativos, autónomos, empresarios y otros colaboradores sociales a permanecer alerta y estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que vulnera su derecho a la desconexión digital. Un derecho que debería garantizarse para todo el mundo y que abandera el Gobierno Central.
Garamendi se ha mostrado comprometido con la iniciativa impulsada por los Gestores Administrativos. Por su parte, Cuerva, también ha mostrado su apoyo a la propuesta y ha denunciado que “para las administraciones los que formamos parte del mundo empresarial no somos personas. Donde antes había un horario racional, ahora hay una jungla”.
El presdiente de CEPYME ha ido más allá y ha reclamado agilizar la reforma de la Adminsitración dado que las notificaciones “son solo la punta del iceberg” y hay mucho más detrás que racionalizar. Lorenzo Amor, a favor de la reforma, también ha querido añadir en representación de los autónomos que “el trato con el ciudadano ha de ser el mismo que se le exige. No existe reciprocidad y cuando el ciudadano reclama se produce un silencio administrativo”.
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Cristina Dolz
Otro tema tratado en el encuentro ha sido la Ley de Reducción de Jornada, recientemente aprobada. Los representados por alguno de los organismos citados coinciden en la falta de consulta a sectores clave y un análisis económico insufciente. Ya se alertó en su momento que la medida podría tener graves consecuencias para las pequeñas y medianas empresas, así como para los autónomos. Sin ir más lejos, se calculó que la nueva ley podría ocasionar una carga económica adicional de 23.000 millones de euros.
Entre otras propuestas han destacado la reducción de la carga burocrática para autónomos y pymes, que ha defendido Fernando Santiago, director de la Razón y moderador del encuentro, así como la ausencia de un IVA franquiciado, vigente en el resto de países de Europa, que según Lorenzo Amor, complica aún más la gestión fiscal de este tipo de trabajadores.
Fuente El Confidencial
