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Buenos Aires, 1 de abril de 2025-Total News Agency-TNA- En una reciente columna publicada en el Financial Times, Jay Newman, ex gestor de cartera del fondo de cobertura Elliott Management, ofrece una crítica profunda al fallo de primera instancia en el caso Petersen vs. Argentina, que impone a la nación una condena de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Son muchos quienes sospechan que detras de Petersen esta Cristina Fernandez y Kicillof, quienes se beneficiarian del pago de los 16.000 mil millones por parte de Argentina.
Según Newman, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. debería anular esta decisión, argumentando que la disputa debería ser resuelta en el ámbito de la jurisdicción argentina. Este análisis fue replicado por el presidente Javier Milei en un posteo de X, donde destacó: “Excelente artículo para poder entender qué está pasando con el caso YPF”.
Análisis del caso
Newman señala que “en un extraño giro del destino, tres jueces estadounidenses tienen el destino de una nación en sus manos”. En su extenso artículo, advierte que, si se ratifica la sentencia, se frustrarán los planes del gobierno de Milei para reestructurar un “sistema político” que actualmente enfrenta reservas negativas de US$6000 millones, mientras negocia un rescate de US$20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque Newman expresa dudas sobre la confirmación de la sentencia, alegando que el Segundo Circuito podría tener fundamentos suficientes para dejar sin efecto el fallo del tribunal inferior, sostiene que “el caso nunca perteneció a un tribunal de Nueva York en primer lugar”. Este argumento se alinea con la apelación presentada por Argentina.
Jurisdicción y daños
El ex gestor de fondos enfatiza que los procedimientos legales debieron permanecer en Argentina, ya que la disputa es de naturaleza local y abarca un microcosmos de la sociedad y la política argentinas. “Afecta prácticamente todas las facetas de la vida cívica argentina, desde su desarrollo histórico hasta la política energética y el interés público”, argumenta.
Además, Newman critica el cálculo de los daños establecido en el fallo original, señalando que la indemnización se basó en el valor del peso argentino en 2012, en lugar de su cotización actual. Según él, esto infló la cifra significativamente. “Debido a la depreciación del peso frente al dólar durante los 12 años transcurridos desde 2012, la indemnización debería acercarse a los US$100 millones”, denuncia, sugiriendo que una corrección en este cálculo podría reducir considerablemente la indemnización impuesta al país.
Reflexiones finales
Newman concluye su artículo con una reflexión sobre la credibilidad de los tribunales y del sistema legal estadounidense: “Imaginemos el justificable inconveniente que se gestaría si los tribunales argentinos oportunistamente iniciaran demandas contra Estados Unidos basándose en hechos que tuvieron lugar aquí”. Resalta que el destino del proyecto de revitalización económica de Argentina pende de un hilo.
Contexto del caso Petersen vs. Argentina
El caso Petersen vs. Argentina se origina en la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el 51% de las acciones de la petrolera, en su mayoría pertenecientes a la española Repsol. Los demandantes, los fondos Petersen Energía y Eton Park, argumentaron que Argentina debía haberles ofrecido comprar sus acciones bajo las mismas condiciones establecidas. Ante la falta de oferta, decidieron demandar al país en tribunales de Nueva York, alegando incumplimiento contractual.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina, estableciendo una indemnización de aproximadamente US$16.000 millones. Argentina apeló, sosteniendo que la expropiación fue una decisión soberana y que el caso debía ser tratado en tribunales argentinos, no en Estados Unidos.
