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El gobierno de Trump cortó la ayuda que ha sido vital para mantener las promesas de un acuerdo de paz con un importante grupo rebelde en Colombia, mientras la violencia empeora en muchos rincones del país.
Por Jorge Valencia
Reportando desde Bogotá, Colombia
Cuando Colombia firmó un histórico acuerdo de paz con los rebeldes en 2016, fue celebrado internacionalmente por poner fin a una guerra que había asolado gran parte del país durante décadas. Estados Unidos respaldó los esfuerzos de paz, ayudando a los campesinos desplazados a regresar a sus tierras y contribuyendo a perseguir los crímenes de guerra.
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Ahora, el apoyo del gobierno estadounidense —el mayor respaldo económico exterior del acuerdo— ha desaparecido.
A medida que el gobierno de Donald Trump ha retirado la mayor parte de la ayuda exterior a nivel mundial, incluido el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha socavado un acuerdo diseñado, en parte, para reducir el flujo de drogas a Estados Unidos.
“Eso le da alas a los grupos armados”, dijo León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, con sede en Bogotá, una organización que se especializa en temas de postconflicto y recibió apoyo de Estados Unidos. “Le pueden decir a los reinsertados y a las víctimas: ‘Fíjense, ahí firmaron un acuerdo de paz y no lo cumplen’”.
Desde 2001, USAID ha gastado más en Colombia que en cualquier otro país sudamericano, unos 3900 millones de dólares.
Mientras los departamentos de Defensa y de Estado canalizaban el gasto militar en la década de 2000 hacia un plan muy debatido para erradicar el cultivo de coca, USAID vertía dinero en proyectos de desarrollo económico relacionados.
Después de que Colombia firmara el acuerdo de paz con el mayor y más antiguo grupo guerrillero del país, Estados Unidos también destinó fondos a proyectos que ayudaran a las autoridades colombianas a cumplir el acuerdo y, al mismo tiempo, ofrecieran a los agricultores alternativas al cultivo de la hoja de coca, base de la cocaína. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevaban seis décadas luchando contra el gobierno.
Para agravar los desafíos de Colombia durante el segundo gobierno de Trump, se ha retirado el apoyo del Departamento de Estado, que ayudaba a pagar esfuerzos como las grandes operaciones antinarcóticos y el tedioso proceso de remoción de minas terrestres.
Los resultados han sido reveses sobre el terreno para el ejército y la policía que podrían beneficiar a los grupos criminales. “Es difícil exagerar el gran cambio de paradigma que esto supone para los colombianos, porque están muy interconectados con los estadounidenses”, dijo Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, que vigila e intenta prevenir los conflictos armados. “Es un movimiento tectónico que Estados Unidos no siempre esté ahí”.
En pequeñas ciudades y zonas rurales de Colombia donde los grupos armados siguen activos, los proyectos de USAID han sido vitales para ayudar a mantener la estabilidad, según las entrevistas con 14 empleados o contratistas actuales o anteriores de la agencia radicados en Colombia. La mayoría se negó a ser identificados por no estar autorizados a hablar y por temor a poner en peligro la posibilidad de futuros trabajos.
“Hay partes del país en donde están los malos y está USAID”, dijo un antiguo contratista, que trabajaba con una organización sin fines de lucro que suspendió su labor de intentar evitar que los jóvenes se unieran a grupos armados después de que se interrumpiera su financiación estadounidense.
USAID también había ayudado a Colombia a prestar servicios a los más de 2,8 millones de migrantes procedentes de Venezuela que han llegado en la última década, convirtiendo a Colombia en el mayor receptor mundial de personas que huyen de la crisis política y económica de Venezuela.
Aun así, el apoyo estadounidense no es del todo bien recibido en Colombia. Muchos políticos conservadores están de acuerdo con las afirmaciones del gobierno de Trump de que es un uso ineficiente de los fondos, mientras que algunos políticos de izquierda dicen que el dinero estadounidense es un instrumento para controlar a la sociedad colombiana.
El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó que la ayuda estadounidense se destinara a reforzar las agencias de inmigración y aduanas del país, afirmando que ese tipo de gasto atentaba contra la soberanía del país.
“Trump tiene razón”, dijo Petro en una transmisión televisiva. “Llévese su plata”.
El conflicto armado de Colombia se remonta a varias generaciones. Arraigado en la frustración por la desigualdad y la distribución de la tierra, se transformó en una compleja batalla entre guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, cárteles de la droga y el gobierno, alimentada por el dinero de la droga y otros negocios ilícitos.
Aunque las FARC depusieron las armas, siguen existiendo ramificaciones, y los grupos armados existentes y nuevos han ganado fuerza, según los analistas.
En la actualidad, el país se enfrenta a ocho conflictos armados distintos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que calificó la situación humanitaria del país de alcanzar su punto más crítico desde la firma del acuerdo de paz.
Ariel Ávila, senador por el partido Alianza Verde que trabajó en proyectos relacionados con la paz antes de ocupar un cargo, dijo que la retirada de USAID eliminó recursos para una red de organizaciones sin fines de lucro que dependían del apoyo estadounidense para los esfuerzos de consolidación de la democracia, algunas de las cuales han cerrado.
“USAID no es solo construcción de paz”, dijo Ávila. “Fue un agente democratizador en esta sociedad”.
Para ayudar al país a cimentar una paz duradera ha sido fundamental la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal dedicado a juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno, que dejó al menos 450.000 muertos.
La ayuda estadounidense —a través de USAID y el Departamento de Estado— representa alrededor del 10 por ciento del apoyo exterior del tribunal, según explicaron sus responsables.
El gobierno estadounidense proporcionó apoyo técnico y logístico en tres de los casos a gran escala del tribunal —cada uno de los cuales representaba a miles de víctimas— sobre delitos sexuales, crímenes contra personas negras e indígenas y el asesinato sistemático de políticos de izquierda. También proporcionó herramientas de investigación, como kits de pruebas de ADN, para identificar los cadáveres hallados en fosas comunes.
La pérdida de la ayuda estadounidense ralentizará el trabajo del tribunal, dijeron sus responsables, lo que es preocupante porque tiene un plazo de 15 años para alcanzar veredictos y sentencias en casos que afectan a decenas de miles de víctimas y acusados que viven en zonas rurales y de difícil acceso, dijo el juez Alejandro Ramelli, presidente del tribunal.
“Seguimos con nuestro empeño de que las víctimas tengan respuesta a miles de preguntas que han tenido durante años y no han tenido respuesta,” dijo Ramelli. “Esa cooperación internacional es esencial para descubrir la verdad”.
La financiación de USAID también ayudó al gobierno colombiano a cartografiar millones de hectáreas en territorios afectados por el conflicto, lo que fue clave para el acuerdo de paz. La desigualdad en la tenencia de la tierra había sido uno de los principales motivos de queja desde que estallaron los combates, por lo que el gobierno prometió conceder la propiedad formal a los campesinos pobres que trabajaban en las tierras rurales.
Los funcionarios del gobierno están cartografiando amplias franjas de territorio de las que existen pocos o ningún registro oficial. La Agencia Nacional de Tierras de Colombia, que supervisa el proceso, dijo que el gobierno de Estados Unidos ayudó a llevar a cabo estudios de tierras, desarrollar protocolos de seguridad para el trabajo en zonas de conflicto e identificar las tierras utilizadas para cultivos ilegales.
Las autoridades han cartografiado más de 1,2 millones de hectáreas gracias a un programa financiado por USAID. Apenas en la localidad de Cáceres, en la montañosa región de Antioquia, pudieron expedir títulos a 230 familias que aceptaron dejar de cultivar hojas de coca a cambio de la propiedad formal de la tierra.
Sin la ayuda, gran parte de esa cartografía está en suspenso porque la Agencia Nacional de Tierras no dispone del presupuesto necesario para completar el trabajo por sí sola, dijo la agencia. “La importancia de USAID es evidente”, declaró la agencia en un comunicado.
El apoyo de USAID también ha sido clave en regiones que experimentan nuevos conflictos.
En la región nororiental del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, el país vive su peor periodo de violencia en una generación. Desde enero, 106 personas han muerto y más de 64.000 han sido desplazadas de sus hogares, según un recuento del gobierno local.
Theylor Villegas, de 27 años, está entre los desplazados. En 2019, ayudó a fundar Corporación Pride, un grupo de defensa de LGBT en la región del Catatumbo, y el año pasado su organización ganó un contrato financiado por USAID para rastrear la violencia que afecta a mujeres, jóvenes y grupos minoritarios.
En enero, dos acontecimientos importantes dieron un vuelco a la vida de Villegas: se produjo un tiroteo generalizado entre las facciones de la disuelta guerrilla de las FARC, y el gobierno de Trump ordenó la congelación global de la ayuda exterior. Villegas se vio obligado a huir de la región y perdió tanto su contrato como el apoyo psicológico y jurídico patrocinado por Estados Unidos que recibía por su trabajo.
Ahora, el futuro de Villegas es incierto, y el trabajo de su organización de seguimiento y apoyo a las víctimas en una de las regiones más violentas de Colombia está en suspenso.
Fuente The News York Times
