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Madrid, 10 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió este lunes que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) deberá reabrir la investigación sobre la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el millonario rescate a Air Europa, tras detectar indicios de un posible conflicto de intereses por la vinculación de la aerolínea con su esposa, Begoña Gómez.
En un fallo que anula la decisión anterior de archivar el expediente, el tribunal señaló que la OCI no llevó adelante una investigación real ni sustantiva, limitándose a un informe firmado por un alto funcionario de La Moncloa. La resolución judicial obliga ahora al organismo a recabar pruebas y motivar adecuadamente su próxima decisión.
La denuncia fue presentada por el Partido Popular en marzo de 2024, argumentando que Sánchez debió haberse abstenido de intervenir en el rescate de Air Europa, empresa del grupo Globalia que había patrocinado actividades académicas vinculadas a Gómez por unos 40.000 euros. También se citan viajes gestionados por la misma empresa, y un vínculo comercial más amplio.
El caso se remonta a 2020, cuando el Gobierno autorizó un paquete de ayuda estatal de al menos 475 millones de euros para sostener a la aerolínea durante la pandemia. Según el PP, esa intervención pública pudo beneficiar indirectamente a Begoña Gómez, lo que activaría las restricciones por conflicto de intereses que impone la ley a los altos cargos del Ejecutivo.
Los fiscales señalaron además que el rescate se otorgó sin un análisis independiente que despeje la posible colisión de intereses personales y públicos, algo que ahora deberá valorar nuevamente la OCI.
Desde el Gobierno sostienen que la actuación fue legal y que el rescate fue avalado por la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas. No obstante, partidos como el PP y Vox consideran la reapertura de la investigación un paso clave para “garantizar la transparencia” y “proteger las instituciones frente al uso patrimonial del poder”.
La resolución del TSJM no implica, por ahora, responsabilidades penales ni administrativas, pero sí exige un nuevo pronunciamiento técnico que deberá estar sustentado en pruebas y no en consideraciones políticas o subjetivas.
TNA
