Falsa Justicia

Por Enrique Guillermo Avogadro

“Una verdad a medias es la mentira más cobarde”.
Mark Twain

El mundo se aterrorizó en nuestra madrugada del viernes cuando Israel atacó preventiva y masivamente las instalaciones nucleares de Irán, algo justificado por la violación de los acuerdos internacionales firmados por los ayathollas, que impedían el desarrollo de los programas de enriquecimiento e uranio para la construcción de armamento atómico. De proseguir la escalada, seguramente los Estados Unidos se verán obligados a intervenir militarmente para apoyar a su tradicional aliado; y quizás también participen los países árabes, con Arabia Saudita a la cabeza.

En la región, Bolivia enfrenta una crisis que puede llevar a la guerra civil entre los partidarios de Evo Morales y el Estado, que ha ordenado detenerlo por terrorismo y delitos sexuales; Todo ello encierra un peligro grave para la Argentina, por la presencia de Irán en el país andino. Y Colombia ha reverdecer la violencia política desatada por el narcoterrorismo, de la mano de los disidentes de las FARC, que han producido múltiples atentados mortales en las últimas horas.

En casa, la resolución de la Corte Suprema en la causa “Vialidad” produjo en gran parte de la sociedad una cierta recuperación positiva en la calificación del Poder Judicial, toda vez que permite creer que, al menos a partir de ahora, la corrupción ya no será impune; todos hemos visto arrastrarse causas penales por décadas ya los autores de estos delitos, funcionarios y empresarios, seguir gozando de los dineros robados al país ya sus habitantes que, por esa vía, han perdido educación y salud públicas, prestaciones jubilatorias e infraestructura esencial. Pero algunas decisiones posteriores del Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de la ejecución de las penas impuestas a Cristina Elisabet Fernández y sus cómplices, han generado sorpresa y franco repudio ya que, pese a que todos deberíamos Ser iguales ante la ley, algunos son más iguales que otros.

El Juez Jorge Gorini, que lo preside, otorgó a todos los condenados un plazo inusual y extraordinario de cinco días hábiles para comparar ante ese Tribunal y quedar formalmente detenidos. La ex Presidente y (aunque simule olvidarlo) Vicepresidente de Alberto Fernández, aprovecha esa franquicia para insultar a los magistrados y fiscales que la condenaron y para exigir a sus fanáticos huestes resistir en la calle la actuación de la Justicia, mientras sus adláteres convocan a una soñada insurrección popular.

Sus abogados han pedido, invocando su edad (72 años), la prisión domiciliaria, un privilegio que los jueces pueden – y seguramente lo harán en su caso – otorgar cuando no exista riesgo de fuga ni la posibilidad de alterar las pruebas del proceso. ¿Y si se asilara en las embajadas de México, Cuba o Venezuela? ¿No podrá influir en las pruebas, sobre todo en los testimoniales, en las varias causas que tiene pendientes, como “Cuadernos” y “Hotesur/Los Sauces”?; para ésta última, la reciente condena es el delito precedente, elemento necesario para los procesos por lavado de dinero.

Y allí se explica la razón del título de esta columna. Porque en el caso de Cristina Fernández y sus secuaces, estamos ante una sentencia firme y definitiva, dictada en dos instancias sucesivas por el trabajo heroico de una multitud de jueces y fiscales que actuaron en la causa y que la han encontrado culpable, apoyados en toneladas de pruebas, de defraudación al Estado y de inusitado enriquecimiento personal.

Mientras tanto, miles de argentinos, sin sentencia firme, siguen sometidos a una in-Justicia prevaricadora administrada por reales asesinos togados que han celebrado (y siguen haciendo) verdaderos juicios estalinistas, repletos de testigos falsos y con condenas escritas de antemano, en medio de inusitados shows mediáticos, con los únicos e inmundos objetivos de vengar la derrota militar que las Fuerzas Armadas infligirieron a los “jóvenes idealistas” que aterrorizaron al país desde 1970 hasta 1989, cuando atacaron los cuarteles de La Tablada, y de obtener para ellos y sus familias escandalosas indemnizaciones millonarias. Para ejemplificar esas diferencias, basta recordar el caso de Luis Patti a cual se le impidió asumir como Diputado por estar sólo procesado, se le denegó la prisión domiciliaria pese a estar cuadriplégico y, pese a ello, fue obligado a comparar trasladado en camilla.

Vamos a los datos duros. La ley establece que la prisión preventiva no puede exceder de dos años – prorrogable por uno más debidamente justificado – pero, al día de hoy, se encuentran en esa condición: 22 presos políticos (militares, policías, penitenciarios, civiles y hasta sacerdotes) hace dos años, 41 hace tres años, 111 hace seis años, 147 hace diez años, 174 hace quince años y 25 hace más de dieciséis años. Internacionalmente, esta situación es considerada como imposición de condenas ilegales por anticipado. Y todo eso se agrava porque las edades de estos “muertos vivos” van desde los 60 hasta los 102 años, y 100 de ellos, con más de 70 años, están en las cárceles, que no están ni siquiera preparados para atender a adultos mayores y gerontes enfermos.

¿Alguien, de buena fe, puede creer que estos ancianos, sin recursos económicos ni obra social, podrían fugarse para sustraerse a la acción de la Justicia o, peor aún, poner en riesgo las pruebas por hechos sucedidos hace más de cincuenta años? Sin embargo, así estamos porque ninguno de los poderes del Estado toma cartas en este asunto que clama al Cielo, pese a que ya han muerto más de 900 presos políticos.