La llegada del verano trae consigo una buena noticia para millones de trabajadores en España: la paga extra de verano. Este ingreso adicional, regulado por el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, representa uno de los momentos más esperados del calendario laboral. Aunque cada empresa puede tener su propio calendario, lo habitual es que esta gratificación se abone entre junio y principios de julio, junto con la nómina o en fechas cercanas.
El pago depende del convenio colectivo o del acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. Es decir, la legislación establece el derecho, pero no impone una fecha concreta, lo que provoca que algunos empleados cobren a finales de junio y otros a comienzos de julio. Antes de que acabe julio debe haberse abonado, salvo que esté prorrateado.
No todos los trabajadores perciben esta gratificación de forma separada. Algunas compañías optan por prorratear las pagas extraordinarias. En ese caso, los empleados reciben una nómina mensual más alta durante todo el año, pero sin cobrar un ingreso adicional en verano ni Navidad.
Para quienes reciben la paga extra de verano completa, esta se calcula habitualmente sobre 180 días trabajados. Si el trabajador no ha estado en la empresa todo ese tiempo, el importe será proporcional. La cuantía mínima no puede ser inferior al SMI, que en 2025 está fijado en 1.184 euros en 14 pagas.
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También los pensionistas y funcionarios tienen derecho a esta paga. En el caso de los pensionistas, la Seguridad Social suele ordenar el ingreso entre el 1 y el 4 de julio, aunque los bancos lo adelantan. En los funcionarios, la paga suele duplicar la nómina de junio.
Estar de baja no impide cobrar esta paga, siempre que se cumplan ciertos requisitos: haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años, estar dado de alta en la Seguridad Social y que la baja sea por enfermedad o accidente. La empresa y la Seguridad Social se reparten el abono según el tiempo de la baja.
La paga extra de verano tiene también un valor simbólico. Su origen se remonta a la década de los 40, cuando el régimen franquista la instauró por motivos propagandísticos. Hoy sigue siendo clave para muchas familias, especialmente en un contexto de inflación persistente.
Fuente El Confidencial