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Buenos Aires, 17 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) comunicó este miércoles el despido de más de 60 funcionarios y la supresión de áreas técnicas en el marco de un proceso de reestructuración institucional. Según el organismo presidido por Santiago Castro Videla, las medidas responden a criterios de austeridad y eficacia, con recortes significativos en gastos jerárquicos, comitivas y viajes oficiales.
No obstante, desde la Casa Rosada se ha vinculado la depuración a filtraciones de información sensible –posiblemente vendida– relacionada con estrategias de defensa del Estado argentino en el litigio por la expropiación de YPF ante la justicia de los Estados Unidos. Fuentes oficiales afirman que las filtraciones habrían beneficiado a fondos demandantes como Burford Capital.
La PTN informó que, desde febrero de 2025, redujo su personal en más del 20 %, pasó de seis a cuatro Direcciones Nacionales y dissolvió su Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Además, anunció que tareas antes tercerizadas serán absorbidas internamente, en línea con esfuerzos por racionalizar el gasto público.
La investigación interna, encabezada por Castro Videla, podría derivar en denuncias penales contra los involucrados, por el presunto delito de “venta de información confidencial” con perjuicio al Estado.
Analistas señalan que este episodio se enmarca en el tenso contexto del litigio por la expropiación de YPF en Nueva York, donde, recientemente, un tribunal estadounidense ordenó suspender la entrega del 51 % de las acciones estatales a fondos buitre, en tanto Argentina apela la medida. Las revelaciones internas, entonces, no solo afectan la estructura de la PTN, sino también podrían comprometer la defensa legal del país en un juicio de alto riesgo financiero.
En ese contexto, la administración avanzó en una reconfiguración institucional que, sin duda, busca blindar la estrategia estatal. Sin embargo, los despidos masivos y las sospechas de filtraciones marcan un capítulo delicado en la historia contemporánea de la Procuración y su rol en litigios internacionales.
En el contexto del caso YPF y las presuntas filtraciones desde la Procuración del Tesoro, el delito que podría configurarse es más cercano al delito de revelación de secretos, violación de deberes de funcionario público o incluso traición a la patria, si se comprueba que hubo una entrega intencional de información sensible a una parte extranjera en perjuicio del Estado argentino.
¿Cabe la figura de espionaje?
Técnicamente, no sería espionaje en el sentido clásico del Código Penal argentino. El espionaje suele estar relacionado con actividades de inteligencia clandestina —por ejemplo, militares o de seguridad nacional—, y es una figura del derecho penal que se aplica en casos de información reservada relacionada con la defensa nacional.
Sin embargo, si se tratara de colaboración deliberada con intereses extranjeros en contra de los intereses estratégicos del Estado argentino, podría argumentarse una figura agravada, aunque eso requeriría prueba firme y un análisis muy riguroso.
En un plano penal, los posibles delitos serían:
- Violación de secretos (art. 157 del Código Penal).
- Abuso de autoridad y violación de deberes (art. 248).
- Posible fraude contra la administración pública (art. 174 inc. 5).
- Asociación ilícita, si hubiera un grupo organizado.
¿Podría modificar la sentencia del juicio por YPF?
En principio, no. Las filtraciones, si se confirman, no anularían la sentencia ni modificarían directamente el fallo en Estados Unidos, salvo que:
- Se demuestre que la parte demandante (Burford Capital) obtuvo pruebas de forma ilegal o fraudulenta, lo que permitiría solicitar una revisión por “litigation misconduct” o abuso de proceso.
- Se compruebe que hubo una violación del debido proceso o interferencia indebida en la administración de justicia que haya afectado sustancialmente el derecho de defensa del Estado argentino. En ese caso, el gobierno argentino podría presentar una moción ante el tribunal de Nueva York para impugnar o revisar aspectos de la causa.
- Existan pruebas materiales nuevas (por ejemplo, correos electrónicos o transferencias de dinero que prueben la filtración y su uso en el juicio), lo que podría dar lugar a pedidos de revisión extraordinaria (Rule 60(b) motion en la justicia federal estadounidense).
No obstante, lograr eso es altamente complejo, porque la sentencia de primera instancia ya ha sido dictada, y las apelaciones se centran en cuestiones jurídicas y procesales, no en hechos nuevos surgidos fuera del expediente.
Conclusión
- En Argentina, sí podría haber consecuencias penales graves por estas filtraciones, aunque no necesariamente bajo la figura de “espionaje”.
- En EE. UU., modificar la sentencia dependería de si esas filtraciones se usaron como prueba en juicio y si ello violó reglas procesales.
- En ambos países, habría impacto político y diplomático importante si se confirma que funcionarios argentinos ayudaron deliberadamente a los demandantes en contra de su propio Estado.
