Argentina
España
USA
Israel
La Plata, 4 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA –El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que su equipo legal evalúa presentar una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por presuntas tareas de espionaje ilegal dirigidas a líderes opositores, gremialistas, organizaciones sociales y hasta jubilados. La acusación, que calificó como una “violación flagrante” a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), surge tras la publicación de un informe del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, que revela actividades de inteligencia sobre figuras políticas de diversos sectores, incluyendo al gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner, el exministro Sergio Massa y referentes de Juntos por el Cambio como Facundo Manes y Néstor Grindetti.
Bianco señaló que las acciones de la SIDE contravienen el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, funciones policiales o de investigación criminal, así como recopilar datos de personas por sus opiniones políticas, afiliación partidaria o actividades lícitas. Según el informe de Alconada Mon, los reportes confidenciales elaborados por la SIDE, bajo la dirección de Sergio Neiffert y con la supervisión de Santiago Caputo y Diego Kravetz, incluyen seguimientos a reuniones de figuras clave del peronismo y otras fuerzas políticas, así como a actores sociales considerados “vulnerables” o capaces de influir en la opinión pública. Algunos especialistas mencionan a los informes cómo explotación de medios públicos.
El ministro destacó que estas prácticas representan un ataque a las libertades democráticas, evocando las peores tradiciones de vigilancia política en Argentina. La oposición, liderada por sectores como la Unión Cívica Radical (UCR), ha reaccionado exigiendo explicaciones. El senador Martín Lousteau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, convocó a Neiffert para que detalle los objetivos del Plan Nacional de Inteligencia, un documento de 170 páginas presentado en octubre de 2024, que incluye entre sus prioridades la vigilancia de “actores estratégicos” que podrían afectar la credibilidad del sistema financiero o generar desconfianza en las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
Fuentes cercanas a la investigación indican que el plan también contempla monitorear “narrativas” en redes sociales y la deep web, identificar ciberoperadores extranjeros y vigilar grupos considerados “anarquistas” o separatistas, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Sin embargo, un exagente de la SIDE reconoció ante el diario Clarín que incluir a “actores estratégicos” en el plan fue un “grave error político”, al abrir la puerta a interpretaciones que sugieren espionaje político interno, una práctica prohibida desde la recuperación democrática en 1983.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también presentó una denuncia penal contra Neiffert y Kravetz por abuso de autoridad, argumentando que el Plan Nacional de Inteligencia habilita la vigilancia secreta de opositores, líderes sociales, economistas, periodistas y artistas, violando los límites establecidos por la ley. La organización pidió que se investigue si ya se han ejecutado acciones basadas en este plan y se determinen responsabilidades penales.
En paralelo, Bianco abordó la situación financiera de la provincia, denunciando que el gobierno nacional adeuda a Buenos Aires 12,1 billones de pesos. Esta deuda incluye fondos directos, saldos por obras públicas abandonadas y retrasos en programas nacionales. El ministro anunció que este martes, la Fiscalía de Estado presentará un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir 1,6 billones de pesos correspondientes a fondos previsionales, solicitando una audiencia de partes similar a las otorgadas a las provincias de Córdoba y Santa Fe.
La polémica por el espionaje ha reavivado el debate sobre el rol de la SIDE, una agencia con un historial controvertido que incluye episodios de vigilancia ilegal durante la dictadura militar (1976-1983) y en gobiernos democráticos posteriores. El gobierno de Milei ha negado que el Plan Nacional de Inteligencia busque perseguir opositores, afirmando que su objetivo es proteger los intereses estratégicos de Argentina, como la disputa por las Malvinas, el combate al crimen organizado y la ciberseguridad. Sin embargo, las denuncias de Bianco y las críticas de la oposición mantienen el escándalo en el centro de la agenda política, con llamados a una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y el respeto a los principios democráticos.
