Significado de declarar a un cartel como terrorista: alcance jurídico, antecedentes y efectos económicos para Venezuela

Por Dario Rosatti

Buenos Aires, 26 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-El reciente anuncio de que el llamado “Cártel de los Soles” será tratado como organización terrorista abre un frente con implicancias legales, financieras y diplomáticas. En el plano interno argentino, la calificación habilita la inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y activa el congelamiento administrativo de activos, herramienta que la Unidad de Información Financiera (UIF) puede dictar “mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente”, de acuerdo con la Ley 26.734 y su normativa reglamentaria. Sobre los inscriptos en el RePET, la UIF debe ordenar el congelamiento de bienes y los sujetos obligados del sistema deben reportar operaciones sospechosas sin demora.

Más allá del alcance doméstico, la figura se alinea con los estándares del GAFI/FATF y el régimen de sanciones selectivas contra el financiamiento del terrorismo: inmovilización de fondos y otros activos, prohibiciones de provisión de bienes/servicios y cooperación internacional. La arquitectura internacional (Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y marcos conexos) obliga a los Estados a impedir y criminalizar la financiación del terrorismo y a aplicar sanciones financieras específicas, mientras que los listados del régimen 1267 (EIIL/Al-Qaida) conllevan congelamiento de activos, vetos de viaje y embargo de armas. Una designación nacional no equivale a un listado de la ONU, pero suele provocar “de-risking” de bancos corresponsales y mayores barreras de comercio y pagos para los actores vinculados.

En el plano comparado, varios países han ampliado el uso de la etiqueta “terrorista” frente a estructuras criminales: Ecuador declaró “organizaciones terroristas” a 22 bandas durante el estado de excepción de 2024; Paraguay designó la semana pasada al “Cártel de los Soles” como organización terrorista internacional. Los Estados Unidos, por su parte, han preferido —hasta ahora— sancionar carteles bajo el Kingpin Act (OFAC) y reservar la designación de Organización Terrorista Extranjera (FTO) para grupos que cumplen los criterios del Departamento de Estado, lo que activa el delito federal de “apoyo material” (18 U.S.C. §2339B).

El caso Noriega ofrece un precedente útil sobre cómo la combinación de cargos por narcotráfico, sanciones y aislamiento diplomático puede escalar: el general panameño fue acusado por tribunales federales por narcotráfico y crimen organizado, y posteriormente capturado tras la Operación “Just Cause” (1989), cuyo planeamiento oficial explicitó la asistencia de las Fuerzas Armadas a la justicia para aprehender a un acusado bajo indictment. No fue una “designación terrorista” lo que gatilló su caída, pero el uso penal y de poder duro sobre un “narco-Estado” sienta un antecedente político y operativo que hoy retorna al debate.

Para Venezuela y el entorno de Nicolás Maduro, la etiqueta “terrorista” incrementa costos y riesgos en varios frentes:

1. Finanzas y comercio: bancos e intermediarios globales refuerzan filtros KYC/AML, cierran corresponsalías y encarecen líneas de comercio exterior (“de-risking”), afectando pagos, seguros y logística; su efecto es mayor cuando se acumulan sanciones o listados múltiples.
2. Activos y flujos: si terceros países cooperan (vía Grupos Egmont y convenios), pueden congelarse cuentas y vehículos de inversión asociados; aun sin sanciones de la ONU o EE. UU., las contrapartes privadas suelen sobre-cumplir por riesgo reputacional.
3. Diplomacia: complica negociaciones de alivio de sanciones y erosiona la normalización con países que priorizan estándares antilavado, a la vez que refuerza dependencias con aliados dispuestos a asumir riesgo (Rusia, Irán, entre otros). (Inferencia sustentada en prácticas de cumplimiento citadas arriba).

Magnitud económica potencial. La economía de la cocaína atraviesa picos históricos. La ONU reportó producción récord en 2023 y mayor presión de oferta hacia América del Norte y Europa. Colombia, en particular, elevó en 2023 su potencial de cocaína a 2.644 toneladas (+53% interanual), mientras que estimaciones más recientes destacan máximos globales en 2023. Rutas relevantes pasan por territorio venezolano hacia el Caribe, África Occidental y Europa.

Cuantificar cuánto dinero capta un entramado como el “Cártel de los Soles” es incierto, pero puede aproximarse por “tasas” de protección y logística (“piso” por kilo) mencionadas en investigaciones periodísticas y judiciales sobre pagos por kilo “despegado” y participación de redes militares. A modo ilustrativo: si entre 10% y 20% del flujo andino (escenario conservador de 265 a 530 toneladas/año) transitara por Venezuela, y los peajes criminales oscilaran entre US$500 y US$2.000 por kilo, la renta bruta anual para intermediarios locales se ubicaría entre US$130 millones y US$1.060 millones. Estas cifras no incluyen márgenes por almacenamiento, transporte marítimo/aéreo o coimas internas, ni reflejan volatilidad por incautaciones.

En el frente probatorio, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2020 a Maduro y colaboradores por conspiración de narcoterrorismo, atribuyendo liderazgo del “Cártel de los Soles” y vínculos operativos con las FARC para enviar toneladas de cocaína. La andanada judicial estadounidense no equivale a una designación FTO del cartel, pero sí creó un marco penal extraterritorial que, combinado con sanciones financieras, elevó el riesgo para cualquier contraparte.

Qué cambia con la etiqueta “terrorista”.

• Base legal: en Argentina, la inscripción en el RePET sustenta congelamientos inmediatos, reportes de sospecha y cooperación internacional, y habilita que la UIF requiera medidas en terceros países a través de canales Egmont/ONU. La duración del congelamiento se ata a la permanencia en listas o al control judicial.
• Coordinación internacional: si otros Estados replican la calificación o activan sus propios regímenes (terrorismo o Kingpin), se amplía el perímetro de prohibiciones y bloqueos, encareciendo aún más las transacciones de actores públicos y privados relacionados.
• Riesgo país diplomático: la etiqueta alimenta la narrativa de “narco-Estado” y restringe márgenes en foros multilaterales y bilaterales, sobre todo donde seguridad y crimen trasnacional son prioridad. Casos recientes (Ecuador) muestran cómo la equiparación jurídica entre cartel y terrorista habilita el uso de fuerza militar interna y coordinaciones más agresivas.

Lecciones del precedente Noriega. Cuando el costo reputacional y financiero supera el beneficio de tolerar a un régimen asociado al narcotráfico, la coalición internacional puede pasar del expediente penal y sancionatorio a la coerción. En 1989, EE. UU. ejecutó “Just Cause” para capturar a un acusado por narcotráfico con residencia en el poder. Sin extrapolar mecánicamente, el caso ilustra cómo las etiquetas legales, si consolidan consenso externo, pueden terminar en acciones de mayor intensidad.

Conclusión. En términos jurídicos, declarar terrorista a un cartel no es simbólico: bloquea activos, tipifica apoyos, obliga a reportar y de-riesguea la relación con el sistema financiero. En economía, encarece y restringe la infraestructura de pagos, seguros y comercio para personas y empresas asociadas, y achica el margen de maniobra del gobierno señalado. Para Maduro y Venezuela, el impacto inmediato es reputacional y financiero; si más jurisdicciones se pliegan —como ya ocurrió con Paraguay—, el cerco puede traducirse en pérdidas de cientos de millones de dólares en rentas criminales y en mayor aislamiento diplomático. El vector decisivo será si la etiqueta se multilateraliza o queda en designaciones unilaterales con alcance territorial acotado.