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Por Daniel Romero
BUENOS AIRES, 16 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –La tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro ingresó en una fase crítica tras una segunda acción letal de fuerzas estadounidenses contra una embarcación que, según la Casa Blanca, transportaba drogas desde Venezuela. En paralelo, el Pentágono reforzó su presencia en el sur del Caribe con medios navales y aéreos de alta gama, y el liderazgo chavista respondió con despliegues militares internos, llamados a entrenamiento de milicias y una retórica que no descarta la “lucha armada” ante una eventual “agresión imperialista”.
El cuadro, que hasta hace unas semanas se leía como una demostración de fuerzas, derivó en una dinámica de interacción peligrosa: interdicciones marítimas filmadas y difundidas por Washington, acusaciones de “ataques criminales” desde Caracas, interceptaciones navales y sobrevuelos de cazas venezolanos sobre buques estadounidenses. La hipótesis de un incidente de escalada —intencional o por error— dejó de ser un ejercicio teórico y se instaló como riesgo operativo inmediato en aguas internacionales próximas a Venezuela.
Qué cambió en los últimos días
En dos semanas, Washington comunicó dos “golpes cinéticos” contra lanchas presuntamente operadas por redes de narcotráfico con origen en Venezuela —el primero con 11 muertos y el segundo con 3— y difundió videos de las explosiones. La administración de Donald Trump presentó las acciones como parte de una ofensiva hemisférica contra “narcoterroristas”, al tiempo que ordenó un refuerzo del dispositivo de Comando Sur: destructores con sistema Aegis, guardacostas, aeronaves de vigilancia y el despliegue —en fases— de aviones de quinta generación en Puerto Rico. El mensaje del secretario de Defensa fue inequívoco: “esto no es entrenamiento”.
Del lado venezolano, Maduro endureció el discurso, denunció “agresiones” y prácticamente blanqueó el congelamiento de comunicaciones formales con Washington. A ello sumó la movilización de tropas y milicias —con llamados públicos a la instrucción de tiro—, patrullajes marítimos y denuncias por la interceptación de un buque pesquero en aguas cercanas. El chavismo sostiene que Estados Unidos busca “provocar un incidente” para justificar una escalada y un cambio de régimen.
Con qué cuenta el pentágono y cuáles son sus opciones
Vector marítimo y aéreo. El dispositivo declarado y observado combina al menos tres destructores con defensa aérea Aegis, guardacostas, aeronaves de patrulla y vigilancia (P-8A, aviones ISR) y un refuerzo aéreo con F-35 basados temporalmente en Puerto Rico. Informes abiertos mencionan además un submarino operando en el área. La arquitectura facilita una cadena “detección-decisión-golpe” contra blancos pequeños en el mar (go-fasts) y plataformas logísticas asociadas.
Reglas de empeñamiento e interdicción. La Casa Blanca enmarca las acciones bajo misiones de contranarcóticos en aguas internacionales, lo que habilita interdicciones y, en casos “positivamente identificados”, el uso de fuerza letal. La presión política para ampliar objetivos podría derivar en: i) interdicciones extendidas (más allá de barcos, sobre lanchas de reabastecimiento, depósitos flotantes o embarcaciones nodrizas); ii) zonas marítimas de seguridad de facto con advertencias de exclusión, sin llegar formalmente a un bloqueo; iii) ataques stand-off contra infraestructura costera asociada a redes de narcotráfico si Washington alega “incapacidad o falta de voluntad” del Estado anfitrión para neutralizarlas.
Herramientas de negación y señalamiento. El empleo de F-35 introduce capacidades de fusión de sensores, identificación de blancos discretos y guiado de munición de precisión en entornos saturados de señales. A nivel naval, los Aegis aportan defensa de área y control de espacio marítimo; y los guardacostas, la letra fina legal de abordajes, incautaciones y cadena de custodia.
Escalada horizontal y vertical. El paso siguiente —no inevitable, pero plausible si persisten choques— podría incluir: (a) ampliación del paquete aéreo (MQ-9, reabastecedores, ISR adicional); (b) operaciones de fuerzas especiales contra nodos de mando y logística del crimen transnacional en la costa; (c) operaciones cibernéticas para degradar redes financieras y comunicaciones; (d) cooperación reforzada con terceros (Colombia, islas del Caribe) para sellar rutas. Una zona de exclusión aérea sobre el litoral venezolano luce improbable en el corto plazo por costo político y riesgos, pero no debe descartarse como medida de disuasión si se repiten incidentes de cazas hostigando buques.
Limitaciones y costos. Legalmente, juristas cuestionan la extensión del uso de la fuerza contra “carteles” sin un marco congresional específico o una amenaza armada inminente. Políticamente, un choque mayor con un Estado soberano —aun bajo narrativa antidrogas— podría fracturar consensos internos y alinear a actores extrahemisféricos con Caracas.
Con qué cuenta maduro y cuáles son sus opciones
Medios convencionales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana conserva cazas F-16A/B heredados y Sukhoi Su-30MK2 de origen ruso; el estado operativo de la flota es motivo de debate por años de sanciones y falta de repuestos. En defensa antiaérea, Venezuela adquirió sistemas de largo alcance S-300 (variante VM) y dispone de baterías de menor alcance (Buk, Pechora modernizados), con cobertura irregular y dependiente de mantenimiento y entrenamiento. En el mar, la Armada opera patrulleros y guardacostas con capacidad limitada para disputar control a grupos navales mayores, pero suficiente para incidentes de proximidad y señal política.
Estrategia de “resistencia” y negación. Caracas puede intensificar intercepciones cercanas a buques estadounidenses, vuelos de “sombreo” con F-16/Su-30, y operaciones marítimas de hostigamiento con embarcaciones rápidas y unidades de guardacostas para marcar presencia. En tierra, la apuesta pasa por movilizar milicias y unidades de infantería de marina en puntos sensibles del litoral, reforzar la defensa costera y elevar el costo de cualquier operación limitada. En el plano cibernético/informacional, el chavismo amplifica una narrativa de soberanía, denuncia “asesinatos extrajudiciales” y busca fracturar el apoyo internacional a Washington.
Escalada selectiva y riesgos. Maduro podría ordenar capturas o retenciones breves de tripulaciones en aguas disputadas o sobre aeronaves no tripuladas, apostando a intercambio y disuasión. El riesgo de miscalculation es alto: un disparo de advertencia mal interpretado, un choque de cascos o una traza radar mal clasificada sobre cazas en patrulla puede precipitar una cadena de respuestas.
Cómo reaccionan Rusia y China y qué significa
Rusia. Moscú condenó el refuerzo militar de Washington cerca de Venezuela y lo enmarcó como amenaza a la estabilidad regional. En la práctica, su apoyo más probable es político-informacional (Consejo de Seguridad, cobertura mediática) y técnico (mantenimiento y know-how para sistemas rusos en Venezuela), con baja probabilidad de despliegues sustantivos en el Caribe por sobreextensión operativa y prioridades en otros teatros.
China. Pekín protestó por la “interferencia” y llamó a respetar la soberanía venezolana, en línea con su doctrina de no injerencia. Es previsible que mantenga respaldo diplomático y profundice lazos económicos-energéticos (proyectos petroleros, financiamiento), cuidando de no cruzar umbrales militares que impliquen confrontación directa con Estados Unidos. En suma: solidaridad de bajo costo, más retórica que músculo, pero con impacto en la legitimidad narrativa de Caracas y en su oxígeno financiero.
Similitudes y diferencias con Panamá 1989 (Noriega)
El precedente. En “Just Cause” (1989), Estados Unidos combinó presencia previa (13.600 efectivos) con un refuerzo de 12.000 más para una campaña de días que culminó con la captura de Manuel Noriega. Washington invocó la protección de ciudadanos, la defensa del Canal y la restauración del orden democrático. El teatro de operaciones era compacto, sin defensas antiaéreas de largo alcance y con un objetivo de mando acotado.
Qué cambió hoy. Venezuela es territorialmente mayor, con defensa antiaérea más densa y un ecosistema urbano y costero que complica operaciones relámpago. No hay una base legal comparable a los tratados del Canal de Panamá, y el casus belli de 2025 se apoya en la lucha contra redes de narcotráfico, no en un conflicto bilateral abierto. La interdicción selectiva y la presión multidominio (marítimo-aéreo-cibernético) sustituyen, por ahora, a la ocupación. Una operación para “cazar a Maduro” a la manera de Noriega implicaría costos militares y políticos exponencialmente mayores y un riesgo serio de regionalización. Maduro carece de legitimidad poltica dado que tras las elecciones perdidadas hay un nuevo Presidente y este podria apoyar un ataque masivo.
Escenarios de corto plazo
- Interdicción sostenida con disuasión reforzada. Estados Unidos mantiene golpes puntuales sobre vectores marítimos, amplía arrestos y decomisos, y suma evidencia financiera y de inteligencia para aislar a operadores y proteger la legitimidad de su narrativa. Caracas redobla denuncias y movilización interna, pero evita un choque frontal.
- Incidente de escalada. Un hostigamiento aéreo sobre un destructor, un abordaje fallido o un disparo de “warning” mal interpretado deriva en intercambio de fuego. Washington responde con ataques de precisión sobre infraestructuras costeras y plataformas logísticas; Caracas ejecuta acciones de represalia simbólicas (retención de tripulaciones, sobrevuelo a baja cota, ciberataques menores). Riesgo de espiral.
- Puente político precario. Actores regionales (Brasil, México, CARICOM) promueven canales para reglas de conducta (hotlines, distancias de seguridad, protocolos de interdicción), mientras Estados Unidos preserva su campaña marítima con umbrales de compromiso más claros. Es el escenario más estable, pero requiere voluntad política en ambas capitales.
impacto regional y ventanas de oportunidad
La franja Caribe-Atlántico cercano (ABC, Antillas, Trinidad y Tobago) y el arco colombiano se convierten en placas de presión. Bogota, bajo críticas por su política antinarcóticos, deberá calibrar su cooperación con Comando Sur sin entregarle a Caracas un argumento de “cerco”. Para Guyana, que ya atravesó tensiones por el Esequibo, cualquier ampliación de conflictividad marítima es una amenaza directa a su corredor energético.
Para Washington, la cooperación multinacional bajo JIATF-South (interagencias) es el marco natural para sostener legitimidad y eficiencia, evitando la imagen de acción unilateral. Para Caracas, preservar apoyos diplomáticos y capitalizar relaciones con China en lo financiero-energético puede amortiguar sanciones y sostener caja estatal, pero no modifica la asimetría militar.
el ángulo legal y de opinión pública
La base jurídica de ataques letales contra “carteles” en alta mar, fuera de hostilidades armadas reconocidas o de un mandato del Congreso, seguirá bajo escrutinio (derecho internacional, Carta de la ONU, War Powers). Washington intentará anclar su postura en autodefensa frente a amenazas transnacionales y en obligaciones de interdicción; sus críticos reclamarán autorizaciones específicas y prueba robusta de nexo entre blancos y redes terroristas o de narcotráfico con capacidad de “ataque armado”.
En el plano comunicacional, ambos gobiernos libran una batalla de relatos: evidencias audiovisuales y peritajes de cadena de custodia de un lado; acusaciones de “asesinato” y “fabricación de pruebas” del otro. La opinión pública regional —sensible a intervenciones unilaterales— puede incidir en la ventana política de desescalada.
qué mirar en los próximos días
- ROE y umbrales. Si el Pentágono publica o filtra reglas de empeñamiento más estrictas para incidentes aire-mar.
- Pruebas y atribución. Nivel de detalle sobre carga, tripulaciones y redes vinculadas a las lanchas atacadas.
- Actividad aérea. Ritmo de salidas de F-35 y MQ-9 desde Puerto Rico y cambios en patrones de vigilancia ISR.
- Señales en Moscú y Pekín. Pasaje de la retórica a medidas de apoyo técnico/financiero verificables.
- Canales regionales. Intentos de Brasil, México o CARICOM por establecer protocolos de distensión.
La coyuntura sugiere que ambos actores creen ganar algo con la tensión: Washington, disuasión hemisférica contra redes criminales; Caracas, control interno y narrativa soberanista. El desafío —para la región— es evitar que ese juego de suma cero desemboque en un incidente que nadie pueda controlar.
Fuentes consultadas:
Reuters – segundo ataque contra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico; llegada de F-35 a Puerto Rico; denuncia venezolana por intercepción de barco atunero; críticas de Maduro y corte de comunicaciones; designación de países que “fallaron” en lucha antidrogas. (Reuters)
Associated Press / Military Times – confirmación del segundo ataque, contexto político y legal. (AP News)
Financial Times – detalles del segundo golpe y panorama de despliegue (buques y submarino). (Financial Times)
USNI News – concentración de fuerzas navales en el Caribe y continuidad de misiones de Guardia Costera. (USNI News)
Air & Space Forces / Military.com / The Aviationist – incremento del poder aéreo (F-35, MQ-9) y cronología del despliegue en Puerto Rico. (Air & Space Forces Magazine)
Al Jazeera – guía “lo que sabemos” sobre el segundo ataque y declaraciones de Hegseth; nota sobre el carácter no “entrenamiento” del despliegue. (Al Jazeera)
ABC News (Australia) – contabilización de medios desplegados y balance de la operación. (ABC)
Anadolu Agency / AOL – reacción oficial de China contra el despliegue estadounidense. (Anadolu Ajansı)
Newsweek – postura de Rusia ante el refuerzo naval de EE. UU.; debate sobre si China “acudirá en auxilio” de Maduro. (Newsweek)
Euronews / Yahoo Noticias – movilización masiva y “operación de resistencia” anunciadas por Maduro; llamados a entrenamiento de tiro. (euronews)
Caracas Chronicles / Business Insider – incidentes con F-16 venezolanos sobre buques de EE. UU. y cronología de escalada. (Caracas Chronicles)
Atlantic Council – contexto de la campaña, designaciones y análisis legal/político de la ofensiva antidrogas; despliegue de destructores. (Atlantic Council)
Just Security / The Cipher Brief / TIME – debate jurídico sobre el uso de la fuerza contra carteles; dudas sobre el marco legal y los límites de la campaña. (Just Security)
GAO / Joint Chiefs of Staff – antecedentes de “Just Cause”, objetivos, magnitud y tiempos de campaña en Panamá (1989); comparación histórica. (Oficina de Responsabilidad del Gobierno)
