Madrid, 26 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –La estrategia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de intentar mantener la agenda política alejada de los tribunales se desmoronó en menos de 24 horas. A la apertura de juicio oral contra su hermano, David Sánchez, se sumó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de informar a Begoña Gómez que su caso por presunta malversación podría ser evaluado por un jurado popular.
Malestar en Moncloa
En la sede del Ejecutivo se vivió un marcado contraste en las reacciones: ministros y dirigentes cercanos al presidente respondieron con dureza, mientras que Sánchez, desde la sede de la ONU en Nueva York, se mostró más contenido, limitándose a defender la inocencia de su esposa y de su hermano.
En Moncloa acusan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una “falta de proactividad” frente a lo que consideran “extralimitaciones” de ciertos jueces. El Ejecutivo denuncia un “silencio cómplice” del órgano y recuerda que la investigación contra Gómez se inició con recortes de prensa, algo que –según sostienen– el Supremo ya había prohibido.
Presión sobre el Poder Judicial
Fuentes gubernamentales admiten que hubo intentos de trasladar formalmente su malestar al CGPJ, incluso con quejas interpuestas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contra el juez Peinado. Se lo acusa de “irregularidades” durante una declaración en Moncloa y de incurrir en “dejación de deberes” en otras causas. Sin embargo, esas gestiones no prosperaron y desde el Gobierno reconocen que su estrategia interna resultó infructuosa.
En consecuencia, la ofensiva pasó al plano público. Sánchez acusó a “algunos jueces” de “hacer política”, mientras que ministros como Óscar Puente denunciaron que el Poder Judicial “consiente” actuaciones que buscan “arrasar con todo”.
La respuesta judicial
Lejos de alinearse con las críticas, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, defendió la independencia judicial. Durante la apertura del Año Judicial, recordó que no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos, advirtiendo que presiones o interferencias ponen en riesgo al Estado de Derecho.
El CGPJ, además, autorizó a Peinado una prórroga en sus funciones hasta los 72 años, lo que prolonga su actividad hasta septiembre de 2026.
Un conflicto de poderes inédito
El enfrentamiento entre Ejecutivo y Poder Judicial alcanzó niveles sin precedentes. Tras acusaciones de prevaricación que fueron desestimadas, el Gobierno confía ahora en que instancias superiores reviertan las resoluciones de Peinado. “El sistema español es garantista y confiamos en que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio”, expresó Bolaños en el Congreso.
El caso Gómez y el procesamiento del hermano de Sánchez mantienen en vilo al Ejecutivo, que enfrenta un escenario de tensión institucional sin antecedentes recientes en la democracia española.
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