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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 6 de octubre de 2025 — Total News Agency-TNA--A diecisiete años del triple crimen de General Rodríguez, el caso que reveló cómo el narcotráfico financió estructuras políticas vinculadas al kirchnerismo vuelve a cobrar relevancia. Las muertes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tres empresarios farmacéuticos ligados al tráfico ilegal de efedrina, expusieron una trama de poder, dinero y corrupción que sigue sin resolución final.
Hoy, mientras el kirchnerismo intenta instalar un discurso moralizador sobre presuntos aportes narcos al ahora ex candidato del oficialismo, José Luis Espert, los vínculos históricos del espacio con el narcotráfico y la muerte vuelven a emerger, acompañados de también olvidado escándalo como el que envuelve al gobernador Axel Kicillof, señalado por su cercanía con la modelo Emmily Rodrigues, muerta en circunstancias dudosas.
Un triple crimen que expuso el financiamiento narco
El 13 de agosto de 2008, los cuerpos torturados de Forza, Ferrón y Bina fueron hallados en un zanjón de General Rodríguez. Los tres habían desaparecido días antes tras asistir a una reunión vinculada a operaciones con efedrina, sustancia clave en la elaboración de metanfetaminas. Las víctimas formaban parte de un circuito de empresas farmacéuticas que importaban el precursor químico desde Asia y lo desviaban hacia organizaciones mexicanas, en particular los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva. Hugo Sigman, empresario farmacéutico vinculado al kirchnerismo, produce efedrina en China.
Las investigaciones revelaron que la red de efedrina funcionaba con protección política durante el gobierno de Cristina Kirchner. El negocio ilegal había contribuido al financiamiento de campañas electorales del kirchnerismo, un hecho que, pese a los años transcurridos, nunca fue desmentido por completo.
Los autores materiales de los asesinatos—los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los Schillaci— fueron condenados, pero la autoría intelectual sigue impune. En prisión, Martín Lanatta vinculó directamente al entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a quien identificó como “La Morsa”, presunto organizador de la red narco y responsable de la ejecución de los tres empresarios.
Lanatta afirmó que los asesinatos fueron ordenados para silenciar a quienes conocían los flujos de dinero entre las droguerías y la política. Los Lanatta, según su propio testimonio, actuaban bajo órdenes y con protección del poder político.
El triple crimen, lejos de ser un caso policial aislado, se transformó en la ventana a un esquema en el que el narcotráfico sirvió como fuente de financiamiento político y herramienta de control territorial.
Los nombres detrás del negocio y los silencios del poder
El circuito de efedrina también expuso la participación de empresarios farmacéuticos cercanos al kirchnerismo. Entre ellos, el poderoso Hugo Sigman, propietario del Grupo Insud, señalado por investigaciones internacionales como proveedor de materias primas desde China —incluida la efedrina— para el mercado argentino.
Sigman, estrechamente vinculado al kirchnerismo y familiar político del excanciller Héctor Timerman, fue además aportante a campañas electorales del Frente para la Victoria. Aunque siempre negó cualquier relación con el tráfico ilegal, su nombre figura en la lista de empresarios que se beneficiaron del auge de la importación de efedrina en los años previos al triple crimen.
Por otro lado, los hermanos Lanatta —hoy condenados— tenían lazos directos con Aníbal Fernández, a quien habían servido durante años en tareas operativas dentro del aparato bonaerense. Los vínculos se habrían mantenido activos incluso después del asesinato de Forza, Ferrón y Bina. De acuerdo con declaraciones en una reunión, del ex chofer de la SIDE, “Titi” Ledesma, Aníbal Fernández habría tenido durante los años noventa conexiones con circuitos de consumo y distribución de drogas en Quilmes donde era intendente, y cuando aún se consolidaba su carrera política en el conurbano bonaerense apoyado por el senador Ángel Abasto.
De General Rodríguez a Retiro: el fantasma del consumo y la muerte
El presente del kirchnerismo también arrastra su propio escándalo de drogas y muertes. En marzo de 2023, la modelo Emmily Rodrigues Santos cayó del décimo piso del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente, en el barrio porteño de Retiro. El caso, inicialmente presentado como un episodio de exceso, abrió un debate sobre el entorno de poder y consumo en el que se movían figuras políticas y empresariales.
Diversas fuentes, consultados por Total News, apuntaron a que el verdadero propietario de la camioneta de alta gama que utilizaba Emmily sería Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense. Según esas versiones, el vehículo habría sido pagado por el mandatario, quien mantenía un vínculo personal con la joven, tal como publicamos en su momento, junto a un esclarecedor audio.
El periodista Diego Laje y la Agencia Nova difundieron informes que sostienen que Kicillof enfrenta problemas de adicción a sustancias, un cuadro que explicaría sus alteraciones públicas y dificultades discursivas. “Está más duro que una estatua en los actos oficiales”, denunció Laje, reclamando que se deje de encubrir la situación del gobernador y se someta a exámenes psicofísicos a todos los funcionarios.
Este episodio, sumado a los antecedentes de funcionarios kirchneristas como Juan Manuel Abal Medina o Julián Álvarez, también señalados por consumo de drogas durante sus gestiones, muestra un patrón preocupante dentro del espacio político que históricamente buscó mostrarse como “moralmente superior”.
Un doble estándar que el kirchnerismo no puede ocultar
Mientras la oposición instaló la idea de que un supuesto empresario ligado al narcotráfico financió la campaña del liberal José Luis Espert, el pasado regresa para recordarle al kirchnerismo que su historia política está marcada por la relación con el dinero sucio del narcotráfico y por muertes nunca esclarecidas. El empresario Machado puede estar vinculado o no al narcotráfico y haber aportado dinero a la campaña de Espert, pero es claro que sus acusadores, no están habilitados moralmente para señalar.
El triple crimen de General Rodríguez fue el espejo de una estructura que mezcló política, negocios y cocaína. La muerte de Emmily Rodrigues y las denuncias sobre el consumo de drogas en la cúpula bonaerense muestran que aquel entramado no ha desaparecido: solo ha cambiado de forma y de escenario. Hoy dia otro Triple Crimen vinculado al narcotráfico se comete en territorio bonaerense gobernado por Kicillof quien también esta en campaña. La Matanza, territorio narco por excelencia es manejado por Fernando Espinoza con orígenes en el Mercado Central, lugar donde llega y sale la cocaína del Norte del país.
La combinación de corrupción, drogas y poder sigue siendo una constante en el universo kirchnerista. El silencio judicial y mediático sobre estos temas no borra la huella de un modelo que se construyó sobre la impunidad y el dinero del narcotráfico.
