El Gobierno ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que busca delimitar qué es una práctica formativa y dar más derechos a las personas que realizan este tipo de actividades en empresas y administraciones públicas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la mesa de diálogo social del estatuto duró quince meses, aunque solo consiguió el apoyo de UGT y de CCOO y, por tanto, el texto del anteproyecto es el respaldado solo por los sindicatos. El apoyo para la norma en el Congreso es escaso, parte de la comunidad universitaria (los rectores) lo rechazan frontalmente y tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo no se vislumbran los votos suficientes. “Veremos qué hace nuestro país, pero, obviamente, el Gobierno de España lo tiene claro”, ha señalado Díaz dudando de la aprobación.
Según ha destacado Díaz, la iniciativa da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la reforma laboral aprobada hace casi cuatro años. “Esta es la reforma laboral para las nuevas generaciones de nuestro país”, ha defendido, añadiendo que España cuenta actualmente con 1,65 millones de personas en prácticas no laborales, de las que el 56% son mujeres.
Díaz ha explicado que la norma pone fin a las situaciones de abuso que se han producido en los últimos años y que han convertido en muchos casos las prácticas formativas en relaciones laborales “encubiertas”. Si el Estatuto del Becario terminara aprobándose en el Congreso, establecerá que las prácticas deben tener una finalidad estrictamente formativa y que en ningún caso podrán sustituir a trabajadores. Díaz ha puesto un ejemplo de un periodista becario, cuyos artículos no podrían publicarse si la ley terminara aplicándose.
Derechos para los becarios, obligaciones para la empresa
En concreto, la norma pretende que las personas en formación cuenten con derechos reconocidos, como la compensación de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento, y se prohíbe expresamente pagar por formarse, una práctica que, según la vicepresidenta, sigue ocurriendo en algunas grandes empresas. Estos requisitos se añaden a la obligación de dar de alta a los becarios en la Seguridad Social que entró en vigor en 2024.
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El texto también incorpora la obligación de que cada persona en prácticas cuente con un plan de formación detallado y un tutor responsable, que no podrá supervisar a más de cinco alumnos a la vez. Además, se limita la formación a distancia a un máximo del 50% y se prohíben las prácticas en horario nocturno o por turnos. Las empresas deberán garantizar la plena integración de los becarios en los espacios laborales, de modo que tengan acceso a las mismas instalaciones, salas de descanso o comedores que el resto de la plantilla.
Por otra parte, la nueva norma reforzaría el papel de la Inspección de Trabajo y endurecería las sanciones para las empresas que vulneren los derechos de las personas en formación, con multas que podrán alcanzar los 225.000 euros. “La formación tiene que servir para aprender, no para sustituir puestos de trabajo”, subrayó Díaz, quien destacó que el texto marca “un cambio de cultura” en la forma de entender la formación práctica en España. El anteproyecto será ahora sometido a audiencia pública antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley.
Fuente El Confidencial
