El Gobierno ha comenzado este miércoles las negociaciones con los sindicatos para la subida del sueldo de los trabajadores públicos, presionado por las movilizaciones iniciadas la semana pasada. El Ministerio de Función Pública se ha reunido con los principales sindicatos de funcionarios para iniciar las conversaciones con dos objetivos prioritarios. Que el acuerdo se alcance de forma rápida y que se establezca para los próximos tres años (2026-2028). “En cuanto sea posible”, han precisado fuentes del ministerio.
Aunque el ministerio no ha entrado en detalles de cuantías, sí que ha planteado una fórmula similar a la de los años anteriores: una subida fija anual y un variable en función del desempeño de la economía y de la inflación, para que no pierdan poder adquisitivo.
El punto de partida entre el Gobierno y los trabajadores está muy alejado, porque los salarios están congelados en este año 2025 pese a que la inflación media está en el 2,6%. El ministerio quiere consumar la congelación de 2025 y pactar las subidas a partir de 2026 con una parte diferenciada del año 2025. Por el contrario, los sindicatos de funcionarios reclaman que la subida de 2025 se aplique con carácter retroactivo.
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Este carácter retroactivo es importante, ya que si se incorporara en la subida del año 2026, los trabajadores públicos perderían toda esa parte del salario correspondiente a 2025. Por este motivo, los sindicatos piden diferenciar la subida de cada uno de los años y que se aplique íntegramente a cada ejercicio.
“La agilidad y la rapidez va a depender de todas las partes, tanto de lo que ponga el Gobierno encima de la mesa, como de las aportaciones que hagamos las organizaciones sindicales”, ha señalado a la salida de la reunión Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.
“Nuestra preocupación es que la propuesta económica, al menos, corrija el IPC de este año y que contemple fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas entre administraciones, como para ir recuperando poder adquisitivo”, ha explicado Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF. Este sindicato ha reiterado en la mesa que desde el año 2010 los trabajadores públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20%.
El ministerio se ha comprometido a celebrar reuniones semanales para agilizar las negociaciones. La primera será el próximo martes y, a partir de ese momento, todos los miércoles. Además de las cuestiones salariales, se abordarán otros asuntos como las convocatorias de empleo público o la aceleración del proceso de estabilización.
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Se retracta así de su posición inicial de mantener la congelación salarial hasta que no se aprobaran unos nuevos presupuestos generales del Estado. El Gobierno trató de pasar así la presión a la oposición para que les aprobara sus cuentas, pero esta probabilidad se va desvaneciendo cada día que pasa por la soledad parlamentaria del Ejecutivo.
Los sindicatos iniciaron un calendario de movilizaciones la semana pasada con la amenaza de una gran huelga a final de año. Forzado por la situación, el ministerio ha decidido cambiar de opinión e iniciar las negociaciones salariales al margen de los presupuestos.
Fuente El Confidencial

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