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Buenos Aires, 9 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-A medio centenar de días del triple crimen que sacudió a Florencio Varela, la investigación avanza con once detenidos, tres prófugos y la mira puesta en una estructura narco transnacional como trasfondo. Las víctimas, Lara Gutiérrez (15) y las primas Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), fueron captadas con la promesa de 300 dólares para asistir a una fiesta y, según la pesquisa, llevadas a una vivienda de la calle Chañar 702, en Villa Vatteone, donde permanecieron cautivas antes de ser asesinadas y enterradas en un pozo del patio. La brutalidad del caso y la sospecha de un “mensaje” mafioso por una disputa de drogas empujaron el expediente hacia el fuero federal.
El derrotero judicial incluyó allanamientos y capturas en el conurbano bonaerense y detenciones clave en Perú. Entre los señalados aparecen Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, detenido cerca de Lima tras ser ubicado por la actividad de su teléfono; y Matías Agustín Ozorio (28), sindicado como su mano derecha, expulsado del vecino país y trasladado a la Argentina bajo un fuerte operativo de seguridad. En paralelo, cobró protagonismo Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor Jota”, a quien distintos testimonios ubican en un rango superior dentro de la organización; el imputado negó ante la fiscalía conocer a los demás detenidos.
El caso, iniciado como averiguación de paradero cuando las jóvenes no regresaron a sus hogares la madrugada del 20 de septiembre, derivó rápidamente en una escena de horror al hallarse los tres cuerpos y constatarse torturas previas a los homicidios. Declaraciones, cruces de comunicaciones y “aportes reservados” permitieron perfilar roles de distintos partícipes y reconstruir movimientos de vehículos y teléfonos. Entre los primeros detenidos figuran los dueños de la vivienda allanada, señalados por la fiscalía como parte logística para el cautiverio y el ocultamiento de los cadáveres. También se imputó a un “pocero” que habría cavado y tapado el pozo, y a presuntos colaboradores que habrían intentado limpiar rastros.
Con el correr de las semanas, el fiscal a cargo en La Matanza, Adrián Arribas, reclasificó los hechos como privación ilegal de la libertad seguida de homicidio agravado —con agravantes por violencia de género para los imputados varones— y pidió prisiones preventivas, al tiempo que planteó la incompetencia del fuero ordinario por la vinculación con el narcotráfico. La Justicia federal de Morón intervino para resolver la radicación definitiva del expediente, en sintonía con la hipótesis de una represalia narco y con conexiones que exceden la jurisdicción provincial.
La trama suma aristas todavía abiertas: tres sospechosos siguen prófugos con pedido de captura internacional y se intenta identificar a un “hombre canoso” visto la noche de los secuestros. En el expediente circulan versiones sobre robos de cargamentos o de dinero —con cifras disímiles— como disparador de la masacre, extremo que la causa no ha confirmado en términos de volumen pero que sostiene como móvil probable el ajuste mafioso.
Mientras la instrucción se nutre de peritajes, testimonios y oficios internacionales, el reclamo social se mantiene. Las familias de Lara, Morena y Brenda marchan para exigir celeridad y justicia, y organizaciones feministas y vecinales denuncian la vulnerabilidad de jóvenes captadas con engaños bajo la sombra del narco. En paralelo, el Ministerio de Seguridad bonaerense ratificó que los crímenes respondieron a una lógica de “mensaje” disciplinador dentro de una banda con ramificaciones en el AMBA y Perú.
Con el expediente encaminado hacia la órbita federal, el foco de los investigadores es consolidar la cadena de responsabilidades: desde quienes captaron y redujeron a las víctimas hasta los presuntos autores intelectuales que habrían ordenado los crímenes y su puesta en escena. Los próximos pasos —exhortos internacionales, análisis de dispositivos, nuevas ruedas de reconocimiento y definiciones sobre competencias— serán determinantes para fijar la arquitectura del caso y llevarlo a juicio con un cuadro probatorio robusto, a la altura de la violencia sin precedentes que conmocionó a Florencio Varela.
