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Buenos Aires, 17 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA –El Gobierno nacional presentó una denuncia penal formal contra el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por declaraciones públicas en las que instó a “provocar la crisis de este gobierno”, en el marco del debate por la reforma laboral. La acusación se radicó en sede federal y apunta al presunto delito de amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.
La denuncia fue presentada ante la justicia federal por el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante su dirección nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, encabezada por Fernando Oscar Soto, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich. El escrito sostiene que las expresiones de Aguiar constituyen “una amenaza pública e idónea de atentar contra el Gobierno nacional, con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.
En su intervención televisiva, Aguiar declaró textualmente: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”. Esta frase, reproducida en medios y redes sociales con amplia difusión, fue valorada por el Ministerio como una incitación explícita a perturbar el normal funcionamiento institucional. La denuncia señala que su difusión en plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok refuerza su carácter público y, según el Gobierno, su gravedad.
El escrito judicial que tramita bajo los artículos 226 y 226 bis del Código Penal se basa en que la conducta denunciada encuadra como amenaza simple de atentar contra la forma de gobierno y el orden constitucional. Dichos artículos sancionan la acción de “amenazar de atentar” contra el Gobierno, sus poderes o la forma de gobierno democrática. La denuncia solicita la apertura de un sumario penal y que se dé curso a la investigación correspondiente.
El contexto de la denuncia es marcado por la tensión entre el Gobierno y el sindicalismo en torno al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso nacional. Desde la cartera denunciante se señaló que, si bien la protesta sindical es legítima, jamás puede desbordar hacia la amenaza del orden institucional o la injerencia directa en los poderes del Estado. “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, escribió la ministra Bullrich en sus redes sociales
Aguiar, por su parte, respondió a la denuncia afirmando que la verdadera vulneración del orden constitucional proviene del Gobierno. En declaraciones a una agencia nacional, sostuvo que “el que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es el Gobierno” y cuestionó lo que consideró “una persecución a las voces disidentes”.
La presentación del Ministerio de Seguridad señala que el dirigente sindical, al ejercer representación de los trabajadores estatales, cuenta con un alcance comunicativo amplio que lo coloca en situación de responsabilidad especial frente a sus declaraciones públicas. Según el escrito, inducir una crisis gubernamental puede generar un riesgo institucional superior a una mera movilización de protesta.
Los analistas coinciden en que este caso pone en evidencia un dilema entre el ejercicio legítimo de derechos sindicales y de expresión, y los límites que imponen los poderes públicos cuando se percibe una amenaza al orden institucional. En esta línea, la denuncia abre una ruta judicial que podría sentar precedentes sobre el alcance de la acción sindical en contextos de alta confrontación política.
La causa continuará ahora en manos del juzgado federal al que fue radicada, y el Ministerio solicita que se realice la investigación penal correspondiente, con la citación de Aguiar y otros involucrados, si corresponde, para determinar si su conducta efectivamente encuadra en los tipos penales alegados. El desenlace tendrá tanto repercusiones jurídicas como políticas, en un marco de tensión entre el Ejecutivo, los sindicatos y el bloque legislativo.
