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Buenos Aires, 18 noviembre 2025-Total News Agency-TNA-.El jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes por unanimidad la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien presidía el Tribunal Oral Federal 4 durante el controvertido juicio por la muerte del ídolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. La decisión, adoptada tras una audiencia maratónica en el Consejo de la Magistratura, califica como graves las irregularidades cometidas por la magistrada al participar en el rodaje de un documental sobre el proceso, lo que generó acusaciones de parcialidad y violación ética que derivaron en la nulidad del debate en mayo pasado.
Makintach, de 47 años y con una trayectoria de 20 en la Justicia federal, enfrentaba el jury desde el 6 de noviembre, acusado de “mal desempeño” por su rol protagónico en la miniserie “Justicia Divina”, producida por una cadena de streaming durante las audiencias del caso Maradona. El documental, que retrataba a la jueza como una “heroína judicial” en medio de la causa por homicidio culposo contra siete profesionales de la salud, incluía escenas filmadas en el tribunal sin autorización expresa del Consejo de la Magistratura ni de las partes querellantes. “Esto no es justicia, es un show mediático que socava la imparcialidad”, declaró el fiscal de la causa, Rodolfo Moure, al presentar pruebas que mostraban a Makintach posando para cámaras y comentando detalles sensibles del expediente.
El escándalo estalló el 27 de mayo, cuando un fragmento del documental se viralizó en redes, revelando tomas encubiertas en la sala de audiencias. La defensa de los imputados –entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov– exigió la recusación inmediata, argumentando que la participación de Makintach comprometía la neutralidad del tribunal. Horas después, la jueza se apartó voluntariamente, lo que forzó la declaración de nulidad del juicio por el Tribunal de Casación Penal, retrasando indefinidamente la búsqueda de responsabilidades en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio en una casa de recuperación en el country San Andrés de Tigre.
La investigación posterior, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, escaló en septiembre con la imputación de Makintach por cohecho pasivo, abuso de autoridad y peculado. Según la fiscalía, la jueza recibió pagos no declarados –estimados en 150.000 dólares– de la productora audiovisual a cambio de acceso privilegiado al expediente y entrevistas exclusivas. “No solo filmó en un espacio sagrado como el tribunal, sino que monetizó la tragedia de una familia y un país”, sostuvo el fiscal Moure en su alegato final este martes. Documentos intervenidos en allanamientos a la productora y al domicilio de Makintach corroboran transferencias bancarias y correos electrónicos que detallan “acuerdos de confidencialidad” para explotar el “factor Maradona”.
Durante su última declaración en el jury, transmitida en vivo por el canal del Poder Judicial, Makintach defendió su accionar como un “acto de transparencia” para humanizar la Justicia. “Quería mostrar el lado humano de un caso que conmovió al mundo, no lucrarse”, argumentó, visiblemente conmovida, al tiempo que renunciaba preventivamente a su cargo. Sin embargo, el jurado –integrado por tres jueces, tres fiscales y tres abogados– desestimó sus argumentos por unanimidad, considerando que su conducta “desprestigia la institución judicial y viola el Código de Ética Magistratura”. La destitución implica la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dejando a Makintach sin jubilación completa y expuesta a un eventual juicio penal.
El fallo reaviva el debate sobre la politización de la Justicia en Argentina. La familia Maradona, a través de Dalma y Gianinna, emitió un comunicado exigiendo “un nuevo juicio expedito y sin interferencias mediáticas”. Leopoldo Luque, uno de los procesados, celebró la resolución como “un paso hacia la verdad”, aunque advirtió que la dilación ya prescribió pruebas clave. Expertos como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionan si el escándalo no fue “un cortocircuito intencional” para archivar la causa, en un contexto de reformas judiciales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
El caso Maradona, iniciado en 2021 con la exhumación del cuerpo para peritajes, expuso fallas en el sistema de salud privado y el seguimiento médico del “Diez” post-cirugía cerebral. Originalmente, el TOF 4 –presidido por Makintach junto a los jueces Adolfo Gabin y Verónica Di Tomasso– debía dictar sentencia en junio de 2025, pero el incidente lo paralizó. Ahora, la Cámara Federal de Casación deberá designar un nuevo tribunal, posiblemente extrayendo jueces de otras jurisdicciones para evitar sesgos.
Esta destitución, la segunda de una jueza federal en 2025 tras el caso de Mariel Borruto en Comodoro Py, subraya la crisis de credibilidad en el Poder Judicial argentino. Con un Consejo de la Magistratura intervenido por decreto desde diciembre de 2024, opositores como Cristina Fernández de Kirchner denuncian una “cacería selectiva” contra magistrados “molestos”. Para el oficialismo, representa un triunfo en la “limpieza” prometida por Milei. Mientras, el legado de Maradona –campeón del mundo en 1986 y símbolo de la pasión argentina– sigue envuelto en sombras, tres años después de su partida.
