Agresión sexual en un colegio de Las Rozas conmociona a la comunidad educativa
Madrid, 26 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La investigación abierta por la Policía Judicial de Las Rozas sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas contra un niño de seis años dentro del colegio público San José ha desatado una profunda alarma social y cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia y protección dentro del centro educativo. El caso, revelado a mediados de noviembre, expone un patrón de violencia que habría comenzado al inicio del curso escolar y que, según fuentes policiales, involucra a dos alumnos de 11 años y a un tercero que habría grabado episodios de maltrato con un teléfono móvil.
El hecho salió a la luz cuando los padres del niño detectaron moratones, pellizcos y golpes en distintas partes del cuerpo. Tras ser consultado, el menor relató con miedo una serie de vejaciones que solo pueden enmarcarse como agresiones de índole sexual. La señalación directa a dos estudiantes de quinto curso desencadenó una inmediata denuncia ante las autoridades, así como una querella presentada contra la dirección del colegio por presunta negligencia en la supervisión de los espacios donde se habrían producido los abusos.
Fuentes cercanas al establecimiento reconocen que el colegio San José ya había registrado episodios previos de violencia física —no sexual— contra alumnos más pequeños, lo que ha motivado la revisión de otros posibles casos y el contacto con familias que anteriormente habrían reportado lesiones en sus hijos. Aunque no existe aún confirmación oficial sobre más víctimas, la Guardia Civil investiga si estos hechos pudieron repetirse con otros menores desde septiembre.
Uno de los elementos que agravan la situación es la participación del tercer estudiante, quien, sin intervenir físicamente, habría registrado con un teléfono móvil parte de las agresiones. Por su naturaleza, los investigadores consideran improbable que ese material haya sido difundido públicamente, pero no descartan su permanencia en dispositivos particulares. Especialistas consultados por las autoridades advierten desde hace años sobre el acceso creciente de niños y preadolescentes a la pornografía, señalando a los progenitores como responsables directos del manejo de los dispositivos y del control de contenidos en edades tan tempranas.
Debido a su edad, los menores denunciados —todos inferiores a los 14 años— son inimputables penalmente en España. No pueden ser detenidos ni sometidos a juicio, aunque sus padres sí han sido informados y podrían quedar bajo seguimiento especializado si lo ordenan las autoridades competentes. La víctima, en tanto, ha dejado de asistir al colegio como medida preventiva y de resguardo emocional mientras avanzan las actuaciones.
La Guardia Civil se encuentra elaborando el informe completo del caso, que incluye declaraciones de la víctima, de los presuntos implicados, de docentes, directivos y de familias del centro. La investigación abarca tanto los hechos concretos como las eventuales responsabilidades administrativas o institucionales derivadas de la falta de supervisión dentro del establecimiento educativo.
El colegio San José emitió el 18 de noviembre una comunicación interna dirigida a las familias en la que pidió “tranquilidad” y aseguró estar cumpliendo estrictamente los protocolos oficiales para casos de agresiones sexuales entre menores. Paralelamente, la Consejería de Educación confirmó que se está verificando el cumplimiento “a rajatabla” de todas las actuaciones previstas. El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que el centro está aportando toda la información requerida e hizo un llamado a actuar con prudencia para no interferir en el proceso judicial y policial en marcha.
El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los patios escolares, la tenencia de dispositivos móviles en edades tan bajas, la detección temprana de señales de violencia entre menores y la respuesta institucional frente a agresores inimputables. Mientras la comunidad de Las Rozas espera avances oficiales, la situación ha puesto de relieve la necesidad de revisar protocolos y reforzar mecanismos de protección para evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a ocurrir.
