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Buenos Aires, 6 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El diputado nacional Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, presentó una acción de amparo ante la Justicia para impugnar el DNU 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia Nacional y habilitó a agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado a efectuar detenciones. El legislador sostuvo que la norma “no cumple los requisitos constitucionales” y debe ser declarada de “nulidad absoluta”.
La presentación judicial fue realizada junto a los diputados Mónica Frade y Esteban Paulón, y quedó radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal. El objetivo central del amparo es que se suspendan de manera inmediata los efectos del decreto firmado por el Ejecutivo y publicado el 31 de diciembre último, en un horario que Ferraro calificó como deliberadamente oportunista.
“El decreto fue publicado mientras los argentinos nos preparábamos para recibir el 2026”, ironizó el diputado, al cuestionar el momento elegido para oficializar una norma que, según advirtió, introduce cambios estructurales en el sistema de inteligencia sin debate parlamentario previo. En ese sentido, subrayó que el DNU modifica más de treinta artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, una materia que, a su criterio, debe ser tratada exclusivamente por el Congreso.
Ferraro explicó que el planteo judicial solicita la suspensión del decreto, de todos sus efectos y de los actos administrativos que puedan dictarse en virtud de su aplicación, hasta tanto la Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. Para el legislador, el Poder Ejecutivo recurrió a un decreto de necesidad y urgencia sin que exista una situación excepcional que lo justifique.
En declaraciones radiales, Ferraro remarcó que “no hay ni necesidad ni urgencia” que habilite el uso de esta herramienta y que el DNU viola de manera directa el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que limita el uso de decretos en determinadas materias. En ese marco, advirtió que la norma invade competencias reservadas al Poder Legislativo.
Uno de los puntos más cuestionados del decreto es la facultad que otorga a los agentes de inteligencia para realizar detenciones. Según Ferraro, esa atribución implica una intromisión en materia penal expresamente vedada por la Constitución y configura una modificación encubierta del Código Procesal Penal, en particular de su artículo 184, que regula las detenciones y atribuciones de las fuerzas de seguridad.
“El decreto avanza sobre derechos y garantías básicas, altera el equilibrio institucional y concentra facultades sensibles en organismos que no tienen funciones policiales ni judiciales”, sostuvo el diputado, quien alertó sobre los riesgos de habilitar detenciones sin control judicial adecuado dentro del sistema de inteligencia.
Desde la Coalición Cívica consideran que el DNU 941/2025 no solo vulnera la Constitución, sino que también sienta un precedente peligroso en términos de división de poderes y control democrático de los organismos de inteligencia. En ese marco, anticiparon que seguirán impulsando acciones políticas y judiciales para frenar la aplicación de la norma y forzar su tratamiento en el Congreso.
La controversia por el decreto se suma a una creciente tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición, que cuestionan el uso reiterado de decretos de necesidad y urgencia para introducir reformas de alto impacto institucional sin debate legislativo previo.
