Buenos Aires, 23 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional removió al secretario de Transporte, Luis Pierrini, luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta maniobra de corrupción vinculada al sistema de subsidios al transporte automotor, que habría generado un perjuicio estimado en 30.000 millones de pesos para el Estado mediante la manipulación de datos de la tarjeta SUBE. La decisión fue adoptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el aval político de Karina Milei.
Aunque Pierrini intentó justificar su salida por “motivos personales”, en ámbitos oficiales se confirmó que el desplazamiento estuvo directamente relacionado con la investigación sobre la empresa de colectivos La Nueva Metropol, controlada por la familia Zbikoski, acusada de defraudar al Estado mediante un corrimiento artificial de validaciones en el sistema SUBE. Según la denuncia, esa operatoria habría permitido inflar recorridos cortos como si fueran trayectos largos, elevando de manera indebida el monto de los subsidios percibidos, sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos.
De acuerdo con estimaciones preliminares, la maniobra habría generado un perjuicio cercano a 3.000 millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini al frente de la Secretaría de Transporte. Pese a advertencias técnicas formales presentadas en diciembre de 2025 por cámaras empresarias del sector, no se habrían adoptado medidas correctivas ni auditorías efectivas, lo que agravó la situación del ahora exfuncionario.
La denuncia penal fue presentada por la Asociación Arco (Arco Social), que apuntó no solo contra la empresa involucrada sino también contra las autoridades estatales responsables de la supervisión y ejecución de los subsidios. Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de la entidad, sostuvo que existió una “responsabilidad por omisión funcional” de los organismos de control, en particular del Ministerio de Economía, al no actuar frente a las alertas recibidas.
Pierrini había llegado al Gobierno de Javier Milei de la mano del ex titular de ARCA Juan Pazo, con quien compartía antecedentes en el sector asegurador. Antes de asumir como secretario de Transporte, Pierrini se desempeñaba como presidente de Triunfo Seguros, una firma de fuerte presencia en la región de Cuyo.
Tras su salida, el Ejecutivo designó como reemplazante al arquitecto Fernando Herrmann, proveniente de la actividad privada y sin experiencia previa en el área de transporte. Su nombramiento se produce en un contexto de creciente tensión dentro del sector, donde el Gobierno evalúa avanzar con un control más estricto, especialmente en el área aerocomercial.
En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que Caputo buscará extender su influencia sobre el sistema aéreo, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de respuestas ante la crisis operativa de Flybondi, que en lo que va de enero canceló cerca de 200 vuelos. La pasividad oficial frente a la situación de la compañía, controlada por el empresario Leonardo Scatturice, comenzó a generar malestar tanto en usuarios como en sectores políticos.
La investigación que derivó en la salida de Pierrini fue revelada públicamente por el diario La Nación, que detalló cómo la empresa denunciada habría alterado los boletos de los pasajeros para simular recorridos más extensos y, de ese modo, cobrar subsidios mayores. Desde La Nueva Metropol rechazaron las acusaciones y atribuyeron la denuncia a una supuesta interna empresarial, señalando al Grupo Dota —principal operador del AMBA— como impulsor de la ofensiva judicial.
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, el desplazamiento del secretario de Transporte marca uno de los primeros costos políticos relevantes del Gobierno en materia de gestión y control de subsidios, y expone las tensiones internas en áreas sensibles del esquema económico y de servicios públicos.
Fuentes consultadas: La Nación; Arco Social; fuentes oficiales del Ministerio de Economía; cámaras empresarias del transporte.
