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Ciudad de Buenos Aires, enero de 2026 – Total News Agency-TNA-Los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei mantienen conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos enviar a inmigrantes deportados de terceros países al territorio argentino, desde donde luego podrían gestionar su retorno a sus naciones de origen. La información fue revelada por The New York Times, que citó a dos personas con conocimiento directo de las negociaciones.
Según el diario estadounidense, el entendimiento —que aún no estaría cerrado— habilitaría a la administración Trump a trasladar a ciudadanos extranjeros que fueron detenidos poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. Una vez en Argentina, estas personas tendrían la posibilidad de tomar vuelos desde Buenos Aires para regresar a sus países, en un esquema que recuerda a los acuerdos de “tercer país” impulsados por Washington en otras regiones. ¿Quien se enacargara de que los arribados sigan camino a sus países? Asunto este de difícil cumplimiento, por no decir imposible. ¿Crearemos in ICE?
De acuerdo con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que encabeza Kristi Noem, la iniciativa forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para endurecer las políticas migratorias y acelerar las deportaciones, reduciendo la presión sobre el sistema interno estadounidense. Argentina tiene deficit laboral
Documentos oficiales citados por el periódico neoyorquino indican que el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de este año una propuesta formal para avanzar en el acuerdo. En ese marco, el canciller Pablo Quirno se habría comprometido ante autoridades estadounidenses a firmar el documento, siempre que se resuelvan los aspectos operativos y políticos pendientes.
Consultadas por medios locales, fuentes de la Cancillería argentina evitaron confirmar o desmentir la información y se limitaron a señalar que “no realizan comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”. Una respuesta de tono similar brindó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que afirmó que no comenta detalles de sus comunicaciones con otros gobiernos.
Desde Washington, voceros oficiales remarcaron que la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad máxima, y recordaron las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien reiteró el compromiso de “poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. No obstante, admitieron que los detalles prácticos del acuerdo continúan en discusión.
Los registros internos del gobierno argentino citados por The New York Times muestran que la administración Milei expresó preocupación por una eventual reacción pública negativa, así como por la contradicción que implicaría el acuerdo frente a sus propios esfuerzos por limitar la inmigración hacia la Argentina. También se mencionan obstáculos relevantes, como la carga financiera que supondría el traslado y la estadía temporal de los migrantes en un contexto de fuerte ajuste presupuestario, además de la falta de infraestructura para alojarlos y transportarlos.
Las negociaciones se producen en un contexto de estrecho alineamiento político entre Milei y Trump. Recientemente, Argentina se incorporó a la llamada Junta de la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense y presentada por sus promotores como una suerte de foro internacional alternativo. Sin embargo, el eventual acuerdo migratorio contrastaría con la línea del Ministerio de Seguridad, que viene reforzando controles para frenar la inmigración ilegal.
De concretarse, Argentina se sumaría a un grupo de países aliados de la administración Trump que ya aceptaron esquemas similares. En Paraguay, el presidente Santiago Peña firmó en agosto un Acuerdo de Tercer País Seguro, que permite a solicitantes de asilo en Estados Unidos iniciar sus trámites en territorio paraguayo. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa suscribió un convenio similar en julio de 2025.
Un antecedente más polémico se registró en marzo, cuando la administración Trump expulsó a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos con procesos migratorios judicializados, que terminaron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Documentos judiciales posteriores revelaron que Estados Unidos acordó pagar 4,76 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele para recibir a los detenidos, con la condición de que los fondos no se destinaran a brindarles asistencia legal.
En su segundo mandato, Trump profundizó su línea dura contra la inmigración, con redadas masivas a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En ese contexto, organizaciones civiles denunciaron que al menos dos ciudadanos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, murieron durante operativos migratorios, lo que desató protestas y llamados a una huelga general en distintas ciudades del país bajo el lema “no trabajar, no ir a la escuela, no comprar”.
Mientras continúan las negociaciones discretas entre Buenos Aires y Washington, el posible acuerdo abre un debate sensible sobre soberanía, política migratoria y costos económicos, y plantea interrogantes sobre el rol que Argentina estaría dispuesta a asumir en la estrategia regional de deportaciones impulsada por la Casa Blanca.
Fuentes consultadas:
The New York Times; Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos; Departamento de Estado de Estados Unidos; Cancillería argentina; documentos oficiales citados por medios internacionales; antecedentes de acuerdos migratorios regionales.
