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Ciudad de Buenos Aires, 1 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA-El arribo de María Celeste Ponce a la Cámara de Diputados de la Nación se convirtió en uno de los ejemplos más ilustrativos de una tendencia que atraviesa a la política argentina contemporánea: la transformación de la representación institucional en un ejercicio de visibilidad personal, donde la exposición en redes sociales sustituye al trabajo legislativo efectivo. Electa por la provincia de Córdoba en la boleta de La Libertad Avanza, con mandato vigente hasta 2027, la diputada libertaria exhibe una intensa presencia digital que contrasta de manera marcada con su casi inexistente producción parlamentaria.
De acuerdo con los registros oficiales del Congreso, en más de dos años de mandato Ponce apenas figura como firmante en dos proyectos, ambos de declaración y sin impacto normativo. Ninguno de ellos aborda problemáticas concretas de la Argentina. Las iniciativas están centradas exclusivamente en la política interna de Brasil, con expresiones de repudio vinculadas a la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro y críticas al accionar del juez Alexandre de Moraes, incluyendo referencias favorables a sanciones económicas impulsadas por Donald Trump contra el país vecino.
El dato adquiere mayor relevancia al observar lo que no existe en su agenda legislativa: no hay proyectos sobre educación, salud, economía, producción, empleo, jubilaciones, tarifas, universidades, seguridad, federalismo ni iniciativas específicas para la provincia que la eligió. Tampoco se registran propuestas vinculadas a la inflación, la pobreza estructural, la crisis del sistema científico, los incendios forestales en la Patagonia o el deterioro de los ingresos. En términos estrictamente institucionales, su desempeño parlamentario resulta marginal.
Los dos proyectos presentados refuerzan una lógica que se repite en su construcción política: la importación de conflictos ideológicos externos, alineados con la nueva derecha internacional, antes que el abordaje de los desafíos nacionales. El tono y el contenido de esas declaraciones se asemejan más a los de una militante digital que a los de una legisladora con responsabilidades institucionales.
En paralelo, la visibilidad pública de Ponce se apoya casi exclusivamente en su actividad en plataformas como X e Instagram, donde combina mensajes religiosos, provocaciones culturales, discursos morales y una narrativa centrada en su identidad personal. Su figura se volvió recurrente por episodios virales: discusiones con usuarios por cuestiones estéticas, publicaciones en bikini, discursos contra celebraciones como Halloween, referencias constantes a su fe evangélica, imágenes de su bautismo en el río Jordán y apariciones sugestivas en fechas patrias.
Nada de ello resulta objetable en el plano privado. El problema surge cuando esa exposición reemplaza de hecho a la función para la que fue electa. La identidad digital ocupa el lugar del rol institucional, y la banca se convierte en una plataforma de visibilidad antes que en una herramienta de representación y producción normativa.
Incluso cuando Ponce quedó envuelta en una denuncia judicial vinculada a presuntas irregularidades con asesores, la respuesta pública se estructuró en clave de victimización política. Ese episodio tampoco derivó en un incremento posterior de su actividad parlamentaria, reforzando la percepción de una diputación centrada en la escena pública más que en el trabajo legislativo.
El caso de la diputada cordobesa no aparece como un hecho aislado. Se inscribe en un modelo político que alcanzó plena visibilidad con la irrupción de Javier Milei, caracterizado por dirigentes con alto perfil en redes sociales, fuerte carga ideológica, escasa trayectoria en gestión pública y bajísima producción institucional. La política entendida como performance, como relato y como confrontación cultural, antes que como diseño y ejecución de políticas públicas.
No se trata únicamente de inexperiencia. Se trata de una concepción distinta del poder, donde el cargo funciona como amplificador de identidad personal y no como espacio de construcción colectiva. En ese esquema, la diputada no es una anomalía, sino una expresión coherente de una lógica más amplia que desplaza la representación democrática en favor del algoritmo.
La pregunta de fondo excede a María Celeste Ponce como figura individual. Interpela al sistema político en su conjunto. Una banca nacional no es un canal de streaming, ni una cuenta de redes sociales, ni un púlpito religioso. Es un ámbito institucional destinado a legislar, controlar al Poder Ejecutivo y representar intereses sociales diversos. Cuando ese rol se vacía de contenido y se llena de selfies, discursos importados y polémicas estéticas, el problema deja de ser personal y se vuelve estructural.
En ese sentido, el caso expone una señal de época: la consolidación de una política reducida a espectáculo, con bajo compromiso institucional y mínima producción legislativa. Una dinámica que erosiona la calidad de la representación democrática y redefine el vínculo entre electores y elegidos en la Argentina actual.
Fuentes consultadas: RealPolitik; Cámara de Diputados de la Nación; registros oficiales de actividad parlamentaria; medios nacionales; análisis político y legislativo.
