Miami, 4 de Febrero de 2025- Total News Agency- TNA-. El proceso judicial que se sigue en la contra el presidente venezolano se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense, no solo por la gravedad de los cargos —narcoterrorismo, lavado de dinero y evasión de sanciones— sino también por las derivaciones políticas que el caso proyecta sobre América Latina.
El tribunal está a cargo del juez , un magistrado de larga trayectoria en causas complejas del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una jurisdicción especialmente activa en investigaciones vinculadas a crimen organizado, corrupción transnacional y delitos financieros. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo, fecha que aparece como un punto de inflexión procesal, aunque hasta ahora no se han hecho públicos detalles clave sobre pruebas, listas de testigos o eventuales citaciones.
El rol de la fiscalía y el trasfondo político
La acusación está impulsada por la fiscalía federal del SDNY, encabezada por , con antecedentes en investigaciones de alto perfil. En el plano político, el caso se desarrolla bajo la administración estadounidense que tiene como secretario de Estado a , uno de los dirigentes más críticos de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y un férreo cuestionador de la política de seguridad del expresidente mexicano .
Rubio ha acusado en reiteradas oportunidades a López Obrador de haber adoptado una estrategia permisiva frente a los cárteles del narcotráfico y de mantener afinidad política con regímenes autoritarios de la región. Hay muchas versiones que vinculan al expresidente mexicano y a su entorno familiar con los cargos que se investigan en el expediente contra Maduro que están siendo investigadas.
Por qué aparecen nombres de otros países
El juicio contra Maduro no se limita a hechos ocurridos en Venezuela. Parte central de la acusación se apoya en esquemas internacionales de financiamiento, comercio y evasión de sanciones, lo que amplía el foco hacia empresarios, intermediarios y operaciones en terceros países. En ese marco se inscriben las investigaciones sobre el programa CLAP, creado por el chavismo para la distribución de alimentos subsidiados y que, según múltiples reportes periodísticos y judiciales, dio lugar a redes de importación y triangulación comercial en distintos puntos del mundo.
Empresas y operadores de México, Panamá y Turquía han sido mencionados en investigaciones previas, lo que explica por qué el nombre de ese país aparece recurrentemente asociado al caso. También los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, tuvieron vínculos económicos oscuros con Chavez y Maduro y es posible que surjan en el debate.
El antecedente del “petróleo por alimentos”
Otra línea relevante del expediente es el esquema de comercialización de petróleo venezolano para sortear sanciones estadounidenses, conocido informalmente como “petróleo por alimentos”. En ese circuito fueron investigados empresarios como , sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020, y figuras centrales del chavismo como y .
Estas causas aportan contexto sobre el entramado económico corrupto que rodea al gobierno venezolano y muestraria vínculos criminales con otros líderes políticos de la región.
Defensa y estrategia legal
La defensa de Maduro está encabezada por los abogados estadounidenses y . Pollack es conocido por su rol en el acuerdo judicial del fundador de WikiLeaks, , y su estrategia apunta a cuestionar la solidez de la acusación y a exponer posibles motivaciones políticas detrás del caso.
En ese marco, tanto la fiscalía como la defensa pueden intentar incorporar testimonios o referencias a actores internacionales para reforzar sus argumentos, aunque —hasta ahora— no hay confirmación pública de citaciones formales a dirigentes extranjeros ni a exjefes de Estado latinoamericanos, podrían suceder.
Un expediente abierto y en evolución
El juicio contra Nicolás Maduro avanza en un terreno donde lo judicial y lo geopolítico se superponen. La audiencia del 17 de marzo es un hito relevante, pero no implica necesariamente revelaciones inmediatas ni definiciones de fondo. Sin duda la fiscalia apuntara a brindar pruebas determinantes qué estarían en su poder.
Por eso, el caso exige un seguimiento fino: distinguir entre lo que está probado en el expediente, lo que es estrategia procesal y lo que pertenece al terreno de la especulación política será clave para entender su verdadero alcance regional.
