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Buenos Aires, 7 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- — Un nuevo episodio de alto impacto institucional sacude a la Unidad de Información Financiera (UIF) y reaviva el debate sobre el uso político de los organismos de control. La periodista Camila Doblajian denunció este sábado 7 en su programa matutino de Radio Rivadavia que fue requerida por la UIF para que comparezca a declarar y revele su fuente informativa, luego de haber publicado en 2025 una investigación sobre un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) vinculado a una empresa que recibió 800.000 dólares sin registrar actividad previa y cuyo único empleado era Santiago Caputo.
Según relató la periodista, en lugar de avanzar sobre los responsables del movimiento financiero bajo sospecha, la UIF decidió accionar contra quien difundió la información, lo que fue interpretado como un intento de intimidación y un serio condicionamiento al ejercicio del periodismo. La citación a Doblajian se produjo luego de que revelara que la empresa Zefico SA había recibido ese aporte millonario pese a no haber tenido movimientos comerciales anteriores.
El caso se agrava por el entramado de vínculos personales y políticos que rodea a la operación. Santiago Caputo, asesor de alto perfil, no solo figuraba como único empleado de la firma al momento del ingreso de los fondos, sino que además fue quien impulsó la designación de Paul Starc como titular de la UIF, hoy ya renunciado. El propio Caputo reconoció públicamente que esa nominación tuvo como trasfondo una disputa personal con la dirigente María Eugenia Talerico, ex pareja de Starc y ex vicepresidenta del organismo.
De acuerdo con la información difundida por Camila Doblajian en La Nación, el 30 de julio se generó un ROS luego de que ingresaran 800.000 dólares a Zefico SA, una sociedad que hasta entonces no registraba actividad económica ni antecedentes financieros. Lejos de profundizar la investigación sobre el origen de los fondos, Paul Starc presentó una denuncia penal para que se investigue la filtración del reporte confidencial y apuntó contra el banco que emitió la alerta.
La empresa Zefico SA pertenece a Pablo Costa, padre de Lucas Costa, amigo de la infancia de Santiago Caputo, a quien conoce del country Martindale. Además, Pablo Costa mantenía una relación de amistad con Claudio Caputo, padre del asesor. Santiago Caputo fue contratado formalmente por la firma en enero de 2024, pese a que la sociedad nunca había tenido empleados ni movimientos comerciales previos.
Según trascendió, los 800.000 dólares habrían sido aportados por Lucas Costa y María Costa, dos de los socios de la empresa, quienes explicaron ante el banco que el dinero había sido “donado” por su padre Pablo Costa. A su vez, este último sostuvo que los fondos provenían de un regalo de su madre, quien habría entregado 500.000 dólares a cada uno de sus hijos. Sin embargo, la mujer no pudo justificar el origen de ese dinero, que apareció de manera repentina en su declaración jurada de un año a otro.
Otro elemento que incrementa las sospechas es que toda la operatoria fue certificada por la escribana Inés Caputo, tía de Santiago Caputo. Además, surgieron indicios de que el asesor no figuraría únicamente como empleado de Zefico SA, sino que tendría participación accionaria en la sociedad, extremo que no fue aclarado oficialmente.
Pese a este cúmulo de irregularidades, la reacción de la UIF fue concentrarse en la filtración de la información y no en el contenido del reporte. Paul Starc solicitó a la Justicia que investigue “los gravísimos hechos ventilados” y determine responsabilidades penales, presentando un informe interno para sostener que ningún funcionario de la UIF accedió al sistema de inteligencia financiera, con el objetivo de trasladar la responsabilidad al banco que emitió la alerta.
La decisión de citar a la periodista que dio a conocer el ROS, en lugar de avanzar sobre los protagonistas de la maniobra financiera, generó fuertes cuestionamientos en ámbitos periodísticos, judiciales y políticos. El episodio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la UIF, su independencia real y el respeto por la libertad de prensa, en un contexto donde los organismos antilavado parecen priorizar el control de la información antes que la investigación de operaciones sospechosas de gran magnitud.
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