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Buenos Aires-11 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno nacional confirmó ayer que aceptó 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral que busca aprobarse en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias y que el presidente Javier Milei pretende mencionar en su discurso ante la Asamblea Legislativa el próximo 1° de marzo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza y responsable de conducir las negociaciones parlamentarias, presentó ante la prensa la versión definitiva de la iniciativa que será debatida en el Senado, respaldada por una amplia coalición de 44 legisladores de distintos bloques afines al oficialismo.
La estrategia oficial para asegurar su aprobación en la Cámara alta se centró en bajar tensiones con sectores clave que habían expresado fuerte oposición o inquietud ante el proyecto original. Las negociaciones abarcaron desde gobernadores provinciales hasta la CGT y cámaras empresariales, provocando cambios sensibles en capítulos de carácter fiscal, sindical y de regulación laboral.
En el frente fiscal, el artículo que proponía una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas fue eliminado del texto. Los mandatarios provinciales, incluso aquellos alineados con el oficialismo, habían advertido sobre el impacto negativo que tal reducción tendría sobre los fondos de coparticipación, estimándose una baja de recaudación de alrededor de 1,9 billones de pesos, lo que podría afectar el superávit fiscal de las jurisdicciones. Este artículo será replanteado en el marco de una reforma fiscal integral, posponiendo su tratamiento y alivianando el rechazo de las provincias.
En materia sindical, la central obrera consiguió conservar dos de sus principales estructuras de financiamiento ante las pretensiones originales del proyecto. El aporte solidario para los gremios seguirá siendo obligatorio por un plazo de dos años, con un tope del 2 %, aunque algunos sindicatos hoy perciben hasta un 4 %. El intento de reducir las cargas patronales destinadas a las obras sociales fue desechado: estas permanecerán en 6 % y no serán reducidas al 5 % como se proponía inicialmente, lo cual habría afectado aún más un sistema ya considerado desfinanciado por los propios gremios. Además, las empresas continuarán siendo agentes de retención de las cuotas sindicales.
Sin embargo, no todos los reclamos de la central sindical prosperaron. La limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y la exigencia de que las asambleas en los lugares de trabajo requieran autorización de la patronal se mantienen vigentes en el texto que ahora será sometido a votación, a pesar de la resistencia de la CGT. La derogación de estatutos y regímenes especiales en algunos sectores operará a partir de 180 días desde la sanción de la ley.
Las negociaciones con las cámaras empresariales también produjeron ajustes puntuales. Se mantendrá la obligatoriedad de aportes a las asociaciones empresarias, fijándose un tope del 0,5 %, y se ratificó la decisión de que el pago de los salarios de los trabajadores deberá efectuarse exclusivamente a través de entidades bancarias, descartándose el uso de billeteras virtuales previsto en el proyecto inicial. Asimismo, se creó un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a financiar indemnizaciones por despido sin causa, con una distribución de recursos del 2,5 % para las pymes y del 1 % para las grandes empresas.
En el ámbito judicial laboral, los juicios por despidos quedarán limitados a considerar únicamente los salarios de los trabajadores, excluyendo elementos como aguinaldos y vacaciones. El pago de estas contingencias podrá fraccionarse: en seis cuotas para las grandes empresas y en doce para las pymes, buscando aliviar costos sobre los empleadores y reducir litigios prolongados.
Otros puntos del acuerdo parlamentario amplían la definición de servicios esenciales y trascendentales, modifican reglas sobre la ultraactividad de los convenios colectivos y reorganizan prioridades de negociación entre convenios de menor y mayor alcance, con la prevalencia de los acuerdos por empresa o territorio sobre los convenios por rama de actividad, como parte de la estrategia para flexibilizar normas vigentes.
El oficialismo confía en contar con los votos necesarios para obtener la media sanción en el Senado antes de que concluyan las sesiones extraordinarias, en medio de una fuerte presión sindical y una movilización convocada en rechazo a la reforma. El clima político y social permanece tenso, con amplios reclamos de distintos sectores por el impacto que la norma podría tener sobre derechos laborales históricos.
