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Buenos Aires-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El artículo 44 de la reforma laboral aprobada por el Senado se convirtió en el punto más explosivo del debate en Diputados porque redefine, con una redacción amplia y discutida, cuánto cobra un trabajador cuando sufre una enfermedad o un accidente “inculpable”, es decir, ajeno al trabajo. Tal como está redactado, el texto sustituye el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y abre la puerta a que las licencias médicas dejen de pagarse al 100%: fija un esquema de remuneración parcial que oscila entre el 50% y el 75% del salario básico, con plazos que dependen de si el trabajador tiene o no personas a cargo.
El corazón del cambio indica que, si la imposibilidad de trabajar se vincula a una “actividad voluntaria y consciente” del trabajador que implicara algún riesgo para su salud, la remuneración durante la licencia será del 50% del salario básico. Ese pago parcial se aplicaría durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a cargo, o por seis meses si las tuviera. En cambio, si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de esa conducta voluntaria y riesgosa, el trabajador percibiría el 75% del salario por el mismo período de tiempo.
La controversia se disparó por dos motivos. El primero es de orden social: el recorte salarial durante una enfermedad o accidente común impacta de lleno en el ingreso de los hogares y traslada el costo de la contingencia al trabajador en el momento de mayor vulnerabilidad. El segundo es técnico, pero con derivaciones políticas: la reforma no detalla con precisión qué universo de situaciones caerá en el 50% y cuál en el 75%, y deja esa clasificación atada a interpretaciones sobre si hubo “actividad voluntaria y consciente” con riesgo para la salud.
En ese punto, el debate ya no se limita a enfermedades graves. El oficialismo admitió que el texto no distingue patologías “severas, degenerativas o irrecuperables”, un vacío que quedó bajo la lupa por el temor a que casos complejos —tratamientos oncológicos, dolencias prolongadas, cuadros que requieren cirugías o rehabilitación extensa— queden atrapados en una regla de remuneración parcial. Sin embargo, la discusión que crece en pasillos legislativos y gremiales va más allá: nada dice el artículo sobre el universo más frecuente y cotidiano de enfermedades comunes que explican la mayor parte de las ausencias laborales, como gripes, fiebres, infecciones respiratorias, gastroenteritis, fuertes dolores estomacales, cólicos intensos, migrañas, cuadros de deshidratación o una descompensación súbita. Tampoco aborda con claridad la situación de un trabajador que debe ausentarse por la enfermedad grave de un hijo o un familiar a cargo, más allá de extender plazos según cargas familiares, sin especificar cómo se compatibiliza ese escenario con la lógica de remuneración parcial.
Esa zona gris alimenta el principal temor de los bloques dialoguistas: que el “arreglo” propuesto por el Gobierno se limite a blindar la cobertura plena de un subconjunto de enfermedades graves —bajo condiciones estrictas de comprobación—, pero deje sin respuesta el grueso de los casos comunes, donde el conflicto real se da por la prueba, el control médico y la interpretación de la causa. En otras palabras, incluso si se corrige el capítulo para patologías severas, la mayoría de los trabajadores seguiría expuesta a un régimen que reduce el ingreso por dolencias habituales, con márgenes amplios para disputa.
La reforma, además, refuerza el poder de control del empleador sobre el proceso de certificación médica. El nuevo esquema exige que los certificados incluyan diagnóstico, tratamiento y días de reposo, emitidos por profesionales habilitados y firmados digitalmente mediante plataformas autorizadas. El trabajador, a su vez, queda obligado a someterse al control del médico designado por el empleador. Y si existe una discrepancia “insalvable” entre el diagnóstico inicial y el control médico patronal, el texto habilita recurrir a una junta médica en institución oficial donde esté prevista esa opción o requerir dictámenes de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria, con costos que —en ciertos supuestos— deberá asumir el empleador. Este apartado, presentado como una forma de reducir abusos, es visto por críticos como un mecanismo que puede multiplicar conflictos en licencias de corta duración, precisamente las más frecuentes.
El oficialismo busca desactivar la resistencia parlamentaria prometiendo una modificación en Diputados para acotar el impacto en enfermedades graves. Pero la discusión que se abre es más incómoda: cómo se evita que el nuevo régimen termine funcionando como un recorte generalizado para afecciones comunes, y cómo se impedirá que la letra ambigua convierta cada ausencia por gripe, neumonía, malestar agudo o cólico severo en un expediente de discusión entre certificados, controles y juntas médicas. Con el Congreso bajo presión por el calendario legislativo y la calle encendida por el rechazo sindical, el artículo 44 se transformó en el test decisivo de la reforma: si el texto se corrige sólo para casos extremos, la controversia seguirá intacta para millones de situaciones ordinarias que forman parte de la vida laboral real.
