Buenos Aires-25 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La CGT se reunirá este miércoles por la tarde en una cumbre de alto voltaje político-sindical y, según anticipan fuentes del mundo gremial, podría definir nuevas medidas de fuerza contra la reforma laboral que el Senado tratará el viernes. Con el recuerdo fresco del paro general del 19 de febrero —el cuarto en la era de Javier Milei— la central obrera vuelve a plantarse con una premisa que en los pasillos sindicales ya se escucha sin rodeos: frenar la ley, aunque para eso haya que volver a detener la actividad del país y elevar el costo político para quienes la voten.
El encuentro fue convocado para las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, y reunirá a la llamada “mesa chica” de la central. La convocatoria lleva la firma del triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, en un contexto de creciente presión interna: las bases reclaman más acción, y los gremios de postura dura empujan para que la respuesta no se limite a comunicados. El anfitrión será Andrés Rodríguez, histórico dirigente de estatales, a quien en la CGT suelen ubicar como articulador entre sectores que prefieren una estrategia escalonada y los que piden ir a fondo.
La discusión llega atravesada por un dato que preocupa al propio sindicalismo tradicional: el crecimiento del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento que se muestra menos dispuesto a la negociación y más inclinado a la confrontación directa. En las últimas horas, el FreSU anunció una movilización al Congreso para el viernes desde las 12, en paralelo al debate del Senado, y sumó un paro nacional de ATE. Ese frente reúne a organizaciones como UOM, Aceiteros, sindicatos Aeronáuticos y sectores de las dos fracciones de la CTA, entre otras. Para la conducción cegetista, el movimiento es un mensaje claro: si la CGT se corre del centro de la escena, otros ocuparán ese lugar con métodos más drásticos.
En la calle y en la política, el clima es de cuenta regresiva. En el Gobierno descuentan que la reforma avanzará, y trabajan para blindar el recinto y el perímetro del Congreso ante la posibilidad de protestas masivas. Del lado sindical, la lectura es la inversa: si el oficialismo apuesta a convertir la modernización laboral en una bandera de su programa económico, el sindicalismo quiere convertir la resistencia en un costo tangible, especialmente para los legisladores que acompañen. En particular, dentro de la CGT señalan que, si la norma se aprueba, buscarán “hacer pagar el costo político” a los senadores que voten a favor, con foco en los que provienen del peronismo y que podrían quedar expuestos ante su propio electorado.
La discusión de medidas no se limita al paro clásico. En la mesa aparecen alternativas combinadas: nuevas huelgas de 24 horas, paros de mayor duración, movilizaciones, actos frente al Congreso y, además, una ofensiva judicial. En la central obrera evalúan “accionar en tribunales” contra capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales, con especial énfasis en disposiciones que —según su visión— restringen o condicionan el derecho a huelga. La amenaza no es menor: si la ley sale, la pelea puede trasladarse de la calle a los estrados, abriendo un conflicto de largo aliento que impacte en la implementación de la norma y en su seguridad jurídica.
El trasfondo es un choque de modelos. Para el Gobierno de Milei, la reforma busca flexibilizar reglas laborales, reducir costos y “modernizar” el sistema para atraer inversión y formalizar empleo. Para el sindicalismo, el proyecto recorta protecciones históricas, limita herramientas de presión y cambia la relación de fuerzas en favor de las empresas. Entre ambas miradas se cuela un factor decisivo: la percepción social. El paro del 19 de febrero mostró capacidad real de daño —transporte afectado, vuelos cancelados, actividad frenada en sectores clave— y reforzó la idea de que la CGT todavía conserva una palanca de poder central: cuando decide frenar, la vida cotidiana se resiente de inmediato.
Con ese antecedente, el mensaje que empieza a bajar desde el sindicalismo es que el conflicto no se agotará en un solo día. “Plan de lucha” es la expresión que vuelve a circular, con un objetivo concreto: condicionar el trámite legislativo y, si eso no ocurre, condicionar el escenario político posterior. La mesa de este miércoles será, en ese sentido, una prueba de liderazgo: la conducción deberá decidir si acompasa la presión del FreSU o si intenta administrar el conflicto para evitar una escalada que, al mismo tiempo, le pueda costar apoyo social.
La señal que esperan los mercados y la política es simple: si la CGT sale de UPCN con una decisión de endurecer y profundizar medidas, el país entrará nuevamente en una zona de tensión donde la reforma laboral no se discute solo en el Senado, sino también en la calle, en los lugares de trabajo y, eventualmente, en los tribunales. Y cuando el sindicalismo se plantea como objetivo “frenar” una ley frenando la actividad, el impacto deja de ser sectorial: se vuelve nacional.
Fuentes consultadas: Noticias Argentinas; Reuters; Associated Press (AP); La Nación; TN; ATE (comunicados); El País.
