Por Darío Rosatti
Buenos Aires-21 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El pedido de juicio político contra el juez laboral Raúl Horacio Ojeda abrió un nuevo frente sobre uno de los magistrados que más incomodaron al Gobierno en las últimas semanas. No es un nombre menor en el tablero judicial actual: se trata del juez que hizo lugar a una cautelar presentada por la CGT y dejó suspendidos 82 artículos de la Ley 27.802 de modernización laboral, un fallo que golpeó de lleno sobre una de las apuestas más sensibles del programa de Javier Milei. La denuncia ahora lo coloca bajo sospecha por mal desempeño, falsedad ideológica y prevaricato, en un escenario que combina expediente disciplinario, fuerte carga política y un debate cada vez más áspero sobre el rol del fuero laboral.
La presentación fue realizada el 17 de marzo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por el abogado Ricardo Clemente Beati, quien pidió que se investigue al magistrado y, de verificarse los hechos denunciados, se promueva su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. El escrito sostiene que en la causa “Marchioli, Maximiliano c/ Manghinos S.A. y otros s/ despido”, con sentencia del 4 de febrero de 2026, Ojeda habría incorporado a su fallo transcripciones inexistentes atribuidas a testigos para extender responsabilidades sobre Pablo y Federico Lo Re. La denuncia agrega otro antecedente, en la causa “Flores Suarez, Carlos Eduardo y otro c/ Eliot Key S.A. y otros”, donde también se le reprocha haber dejado a los mismos codemandados en situación de indefensión antes de condenarlos.
El núcleo de la acusación es muy delicado porque no habla de una simple diferencia de criterio jurídico ni de un error menor de redacción. El denunciante afirma que el juez puso en boca de los testigos frases que no figuran en las actas y que esa maniobra, si se confirma, alteró la base fáctica de la sentencia. Por eso invoca no solo mal desempeño, sino también presunta falsedad ideológica y prevaricato. En el propio escrito se remarca, además, que una de las sentencias cuestionadas ya fue apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que incluso se pidió remitir actuaciones a la justicia penal para que analice la posible comisión de delitos.
El caso adquiere todavía más voltaje político porque Ojeda no es un juez desconocido ni ajeno a la historia reciente del kirchnerismo laboral. Tal como publicó esta agencia y como también reflejaron otros antecedentes periodísticos, fue asesor del entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y en 2012 fue designado al frente del Juzgado Nacional del Trabajo N° 72. Su designación en la magistratura contó, según distintas versiones, con el respaldo de su exsuegra con vinculos en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.En la actualidad aparece al frente del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, desde donde firmó la cautelar que frenó buena parte de la reforma laboral libertaria. Esa trayectoria explica por qué, en el oficialismo, muchos leen su actuación no como un hecho aislado, sino como la expresión de un sector del fuero laboral históricamente alineado con el viejo esquema sindical y kirchnerista.
Justamente ese fallo fue el que lo puso otra vez en el centro de la escena. A fines de marzo, Ojeda aceptó una medida cautelar innovativa promovida por la CGT y suspendió 82 artículos de la Ley 27.802, argumentando que existían indicios serios de regresividad, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables. Para el Gobierno, esa resolución significó un golpe directo contra una norma diseñada para flexibilizar contrataciones, reducir litigiosidad y quitar poder de presión a estructuras sindicales que, desde hace años, se benefician del statu quo. Para sus defensores, en cambio, el juez actuó como un freno institucional frente a una reforma que consideraban lesiva de derechos laborales.
En ese contexto, el pedido de remoción no puede leerse solo como una denuncia técnica. También es un episodio más de una pelea más amplia entre el proyecto de modernización laboral del mileísmo y un fuero que, a ojos del oficialismo, sigue siendo refugio de viejas lealtades políticas y de una matriz judicial hostil a cualquier cambio profundo. Que la denuncia se active justo después del freno judicial a la ley no hace más que reforzar esa percepción. Y si bien corresponderá a los órganos competentes determinar si hubo o no irregularidades graves en sus sentencias, lo cierto es que Ojeda quedó ahora bajo una presión doble: por el contenido de sus fallos y por el pasado político que vuelve a perseguirlo cada vez que su firma impacta de lleno sobre una prioridad estratégica del Gobierno.
