Un documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sostiene que agentes marroquíes habrían organizado la llegada de decenas de miles de migrantes para colapsar la frontera española. El informe contradice la versión pública de Pedro Sánchez, que dos días antes había descartado la responsabilidad de Rabat y acusado a redes vinculadas con Rusia, Israel y la extrema derecha de amplificar la crisis.
Madrid – 2 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno español abrió este miércoles una delicada investigación interna después de que trascendiera que una unidad especializada de la Policía Nacional habría atribuido a fuerzas de seguridad marroquíes la organización de la entrada masiva de migrantes a Ceuta de los días 30 y 31 de julio, una conclusión que coloca bajo presión al presidente Pedro Sánchez, quien apenas dos días antes había descartado públicamente cualquier responsabilidad de Marruecos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamó explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, después de conocerse la existencia de un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) según el cual agentes marroquíes habrían conducido y organizado grupos de migrantes hacia puntos previamente seleccionados de la frontera. La documentación sostiene que la operación habría perseguido un objetivo “distinto al migratorio” y habría buscado saturar los controles españoles. El documento fue remitido a la Audiencia Nacional, donde la magistrada María Tardón dio traslado a la Fiscalía para determinar si corresponde abrir una investigación judicial.
La revelación produjo un choque frontal con la explicación ofrecida el lunes por Sánchez. El jefe del Gobierno aseguró entonces que ninguno de los servicios de inteligencia con los que España coopera habitualmente había detectado participación de las autoridades marroquíes y destacó la colaboración de Rabat durante la emergencia. Paralelamente acusó a redes vinculadas con Rusia, Israel y sectores de la extrema derecha internacional de haber difundido y amplificado desinformación en redes sociales alrededor de la crisis de Ceuta, citando análisis europeos sobre campañas digitales destinadas a polarizar a la sociedad española. Tanto Moscú como Jerusalén rechazaron las acusaciones; el canciller israelí Gideon Sa’ar respondió con particular dureza y Rusia exigió a Madrid que presentara pruebas.
El problema que ahora enfrenta el Ejecutivo no reside solamente en determinar si el informe policial es correcto, sino en establecer cuándo tuvieron conocimiento de él las autoridades. Grande-Marlaska pidió saber desde qué momento la Policía disponía de esos elementos y advirtió que una información con posibles consecuencias para la seguridad nacional, la política exterior y la defensa debería haber sido elevada inmediatamente al Consejo de Seguridad Nacional y a los organismos competentes. Si se confirmara que el documento permaneció dentro de la estructura policial sin llegar al Gobierno, Madrid enfrentaría además un serio interrogante sobre sus circuitos internos de inteligencia.
La dimensión del episodio explica la sensibilidad política. Alrededor de 72.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta durante aquellas jornadas, nadando, bordeando espigones o atravesando sectores fronterizos desbordados por la multitud. La mayor parte regresó posteriormente a territorio marroquí, pero unas 5.000 personas continúan en la ciudad autónoma, entre ellas aproximadamente 1.200 menores. El Gobierno español sostiene que la mayoría de quienes permanezcan sin reunir condiciones para obtener protección internacional serán retornados después del correspondiente análisis individual de su situación.
La hipótesis de una operación organizada desde Marruecos adquiere además una poderosa dimensión geopolítica. Rabat mantiene sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, mientras la relación hispano-marroquí continúa atravesada por la cuestión del Sáhara Occidental, antigua colonia española cuyo territorio se encuentra mayoritariamente controlado por Marruecos pero cuya independencia reclama el Frente Polisario, respaldado por Argelia. La visita de Sánchez a Argelia durante julio había sido observada con atención en Rabat, dada la histórica rivalidad entre ambos países del Magreb.
La crisis ya excedió ampliamente las fronteras españolas. Italia restableció el 1 de agosto controles para viajeros procedentes de España argumentando razones de seguridad vinculadas con Ceuta y acaba de prorrogarlos durante otros quince días. Madrid respondió extendiendo sus propias verificaciones sobre pasajeros procedentes de Italia por vía aérea y marítima, una confrontación diplomática que introdujo una nueva fisura en Schengen, uno de los pilares de la libre circulación europea.
España también pidió formalmente a la Comisión Europea asistencia de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para acelerar la identificación de migrantes, evaluar solicitudes de protección, organizar retornos y combatir redes de tráfico de personas. Entre las solicitudes figura el refuerzo de agentes fronterizos, asistencia de intérpretes y mayor utilización del sistema europeo de vigilancia satelital EUROSUR.
Mientras tanto, el costo económico de la crisis continúa creciendo. El Gobierno aprobó un paquete que movilizará 309 millones de euros, equivalente a cerca del 16 por ciento del producto de Ceuta, de los cuales 118 millones serán destinados a acogida y atención de migrantes, más de 90 millones a seguridad y 80 millones a empresas y trabajadores afectados. La capacidad de alojamiento será ampliada hasta unas 6.000 plazas en una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados y alrededor de 84.000 habitantes.
La controversia política promete aumentar después de conocerse el documento policial. El Partido Popular y Vox llevan semanas cuestionando la gestión del Gobierno y reclamando una política mucho más severa de retornos, mientras en Ceuta se multiplicaron las protestas vecinales por el deterioro de las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento de los servicios públicos. Ahora la discusión incorpora un interrogante considerablemente más grave: si aquella avalancha humana fue espontánea y posteriormente explotada mediante campañas de desinformación, como sostuvo Sánchez, o si detrás del movimiento existió además una operación deliberada de las fuerzas de seguridad del país situado al otro lado de la frontera.
Fuentes consultadas: Ministerio del Interior de España; Reuters; Financial Times; El País; Cadena SER; Servicio Europeo de Acción Exterior; Gobierno de Italia; documentación sobre la Audiencia Nacional y organismos europeos de fronteras y asilo.
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