Por Daniel Romero
Después de más de cuatro años de invasión, Vladimir Putin enfrenta una paradoja estratégica: Rusia conserva capacidad militar, nuclear y económica para prolongar la guerra, pero no consiguió someter a Ucrania ni quebrar a Occidente. Mientras el Kremlin insiste en que no atacará Europa, sabotajes, drones, operaciones cibernéticas y presiones sobre infraestructuras críticas están llevando el conflicto más allá del territorio ucraniano. Las curiosas elecciones parlamentarias, celebradas prácticamente sin oposición antibélica u otra y que entregaron al oficialismo 355 de las 450 bancas de la Duma, añaden otra pregunta: si Putin no sólo está ordenando el frente interno para continuar la guerra, sino comenzando también a preparar una sucesión controlada que preserve el sistema cuando él ya no pueda conducirlo o muera.
Moscú – 21 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Hay una pregunta que comienza a recorrer nuevamente las capitales europeas: ¿qué hace Vladimir Putin cuando avanzar sobre Ucrania resulta cada vez más costoso, negociar implica renunciar a objetivos que presentó durante años como existenciales y retroceder puede ser interpretado internamente como una derrota? La respuesta que emerge de los movimientos recientes del Kremlin parece ser una vieja fórmula de poder ruso: huir hacia adelante, aumentar la presión y obligar al adversario a calcular permanentemente cuál será el próximo escalón.
Putin asegura exactamente lo contrario. El Kremlin volvió a afirmar este lunes que Rusia “no amenaza a Francia ni a ningún otro país de Europa” y rechazó las acusaciones de intimidación, sabotaje y desestabilización formuladas incluso por dirigentes europeos que durante años mantuvieron posiciones relativamente favorables a Moscú. El propio Putin había transmitido días atrás a Donald Trump que Rusia no tiene planes de atacar a los miembros europeos de la OTAN.
El problema para Moscú es de credibilidad. Putin también sostuvo antes de 2014 que Crimea no constituía un territorio en disputa y que Rusia reconocía las fronteras ucranianas; meses después terminó anexando la península. Durante los meses previos a febrero de 2022, Moscú negó reiteradamente que estuviera preparando una invasión a gran escala mientras concentraba fuerzas alrededor de Ucrania. Esa secuencia explica por qué las actuales garantías rusas son recibidas con considerable cautela en Europa.
Eso no significa que Putin haya decidido lanzar ya una invasión convencional contra un miembro de la OTAN. De hecho, responsables militares europeos consideran improbable un ataque frontal inmediato. Rusia sigue dedicando enormes recursos a Ucrania y una guerra abierta contra la Alianza Atlántica multiplicaría el riesgo militar hasta niveles difícilmente controlables, incluyendo la posibilidad de una escalada nuclear. Pero entre la paz y una invasión existe una amplia zona gris, y es precisamente allí donde Moscú parece estar aumentando su actividad.
Francia advirtió esta semana que las operaciones híbridas rusas contra Europa se intensificaron. Emmanuel Macron ordenó diseñar un plan específico para proteger infraestructura crítica ante ciberataques, sabotajes y drones, después de que Alemania responsabilizara a Moscú por un intento de ataque contra el aeropuerto de Leipzig. La Unión Europea analiza incluso crear un protocolo de respuesta conjunta para incidentes que deliberadamente permanezcan por debajo del umbral que activaría una respuesta militar convencional de la OTAN.
La lógica es particularmente peligrosa porque explota una debilidad occidental: determinar cuándo una provocación deja de ser sabotaje y se convierte en agresión militar. Un dron que viola una frontera puede ser presentado como error; un incendio industrial puede atribuirse a delincuentes; una infraestructura dañada puede quedar durante semanas bajo investigación; un ciberataque puede resultar extremadamente difícil de atribuir de manera inmediata. Cada episodio obliga a Europa a decidir si responder, cómo hacerlo y hasta dónde escalar.
En ese terreno, Putin puede aumentar la presión sin asumir inicialmente los costos de una guerra declarada contra la OTAN. Durante los últimos meses se documentó una sucesión de incidentes atribuidos por gobiernos europeos a Rusia: drones sobre territorio aliado, ataques contra infraestructura, incendios sospechosos y operaciones cibernéticas. Moscú niega cualquier responsabilidad y acusa a Ucrania y a los países europeos de fabricar provocaciones para justificar una mayor militarización.
Pero para comprender hacia dónde puede dirigirse el Kremlin es necesario detenerse en las “peculiares” elecciones parlamentarias celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre. El resultado oficial otorgó a Rusia Unida, el partido que sostiene a Putin, el 57,83% de los votos, significativamente más que el 49,8% conseguido en 2021. Sin embargo, esa mayoría electoral se transformó, gracias al sistema mixto de representación proporcional y distritos uninominales y a la enorme ventaja estructural del oficialismo, en 355 de las 450 bancas de la Duma, casi el 79% de la Cámara y una mayoría constitucional suficiente para aprobar legislación y modificaciones fundamentales sin necesitar a la “vigilada” oposición.
La fotografía resulta todavía más llamativa cuando se observa contra quién compitió Rusia Unida. Yabloko, la única fuerza registrada que mantenía una posición explícitamente contraria a la guerra, fue excluida de la elección nacional por decisión judicial. Buena parte de los opositores reales al Kremlin están presos, exiliados, inhabilitados o muertos, mientras los partidos que consiguieron representación —comunistas, nacionalistas del LDPR, Rusia Justa y Gente Nueva— suelen acompañar al Gobierno en las principales decisiones sobre guerra, seguridad y política exterior. Francia denunció que las elecciones no cumplieron estándares democráticos por las restricciones impuestas a candidatos, medios independientes y sociedad civil, además de condenar la realización de votaciones en territorios ucranianos ocupados.
La paradoja es evidente: Moscú presentó las elecciones como prueba de respaldo popular a Putin y a la guerra, pero al mismo tiempo eliminó de la competencia nacional a la única alternativa capaz de ofrecer explícitamente a los rusos la opción de votar contra ella. La campaña fue además extraordinariamente apagada, con debates televisivos casi vacíos, candidatos que evitaron abordar las consecuencias económicas del conflicto y un aparato estatal concentrado en movilizar a su electorado mientras reducía al mínimo cualquier posibilidad de sorpresa política. Observadores independientes describieron ese modelo como una “democracia administrada”, donde existe el ritual electoral pero el sistema delimita previamente quién puede competir y qué asuntos pueden discutirse.
El resultado contiene además otro elemento menos visible pero potencialmente trascendente: 49 veteranos de la guerra de Ucrania ingresaron en la nueva Duma. No es un detalle decorativo. Putin viene promoviendo desde hace tiempo la incorporación de combatientes, funcionarios de seguridad y figuras identificadas con la llamada “operación militar especial” a puestos políticos y administrativos, una manera de construir una nueva elite cuyo prestigio y futuro dependan directamente del régimen nacido de la guerra. La nueva legislatura puede convertirse así no sólo en una máquina de aprobación legislativa, sino en un laboratorio para la siguiente generación del putinismo.
Es en ese punto donde aparece una hipótesis que circula con creciente insistencia en análisis sobre el Kremlin: Putin podría estar empezando a preparar no simplemente una nueva etapa de gobierno, sino una línea sucesoria capaz de garantizar la supervivencia del sistema más allá de su figura personal. No existe evidencia pública de que haya elegido un heredero ni anunciado una transición, y cualquier nombre debe tratarse con prudencia. Pero el problema objetivo existe. Putin tiene 73 años, su actual mandato termina en 2030 y las reformas constitucionales de 2020 le permitirían volver a competir y permanecer en el Kremlin hasta 2036. La posibilidad jurídica no resuelve, sin embargo, la cuestión biológica ni la incertidumbre que enfrentan las elites ante una eventual salida abrupta.
La Constitución rusa convierte además al primer ministro Mijaíl Mishustin en una figura inevitable dentro de cualquier discusión sucesoria: si el presidente quedara incapacitado, renunciara o muriera, el jefe de Gobierno asumiría temporalmente las funciones presidenciales hasta la celebración de elecciones. Precisamente por eso, los movimientos alrededor de Mishustin, los rumores periódicos sobre una eventual salida del Gobierno y la competencia entre distintos grupos del Kremlin adquieren un significado que excede cualquier remodelación administrativa, incluso TNA pudo saber que el Canciller Lavorv figura como posible sucesor temporrio, dado su edad.. Analistas rusos advierten que el sistema político no posee actualmente un mecanismo claro para resolver una transferencia de poder inesperada sin desencadenar una lucha entre facciones.
Alrededor de esa incógnita aparecen nombres como Mishustin, el secretario del Consejo de Estado y exguardaespaldas presidencial Alexei Dyumin, dirigentes del aparato de seguridad, gobernadores jóvenes y figuras provenientes de la guerra. Pero quizás sea un error occidental buscar simplemente “el sucesor de Putin” como si Rusia estuviera preparando unas primarias presidenciales. Una sucesión controlada podría adoptar otra forma: primero construir una elite totalmente dependiente del régimen, después garantizar una Duma sin capacidad de resistencia, asegurar los servicios de seguridad y finalmente seleccionar a una figura capaz de preservar los intereses de quienes acumularon poder y patrimonio durante más de dos décadas de putinismo.
Desde esa perspectiva, las elecciones de septiembre adquieren otra dimensión. Una Duma con 355 diputados oficialistas, acompañada por partidos sistémicos que rara vez desafían al Kremlin en asuntos centrales y reforzada por decenas de veteranos de Ucrania, ofrece una plataforma institucional extraordinariamente disciplinada tanto para prolongar la guerra como para acompañar eventualmente una transición ordenada desde arriba. No demuestra que la sucesión haya comenzado, pero sí construye condiciones favorables para que, cuando llegue, el cambio de nombre no implique necesariamente un cambio de sistema.
La agresividad exterior debe analizarse además junto con las crecientes dificultades internas rusas. El Gobierno admitió este lunes que el déficit presupuestario de 2026 alcanzará aproximadamente 3% del PBI, prácticamente el doble del objetivo original de 1,6%. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, reconoció mayores necesidades de gasto derivadas de la guerra, entre ellas defensa aérea y medidas para enfrentar la escasez de combustibles provocada por ataques ucranianos contra refinerías.
La situación energética ofrece otro indicador. Rusia revisó a la baja su producción petrolera proyectada para 2026 hasta el nivel más bajo en 17 años, afectada por sanciones, restricciones comerciales y una campaña ucraniana que golpeó repetidamente refinerías y terminales. En los primeros ocho meses del año, según la Agencia Internacional de Energía, una refinería rusa fue alcanzada exitosamente en promedio cada tres días.
El gigantesco ataque ucraniano de este fin de semana mostró hasta qué punto la retaguardia rusa dejó de ser segura. Drones alcanzaron la refinería de Moscú y obligaron a suspender el procesamiento de crudo en instalaciones responsables de buena parte de su capacidad, mientras las autoridades rusas aseguraron haber interceptado centenares de aparatos dirigidos contra la capital. La guerra que Putin pretendía mantener alejada de la vida cotidiana rusa comienza a hacerse visible a cientos de kilómetros del frente.
La combinación de guerra exterior y cierre político interior resulta por eso significativa. Las elecciones no fueron sólo una renovación parlamentaria; permitieron al Kremlin obtener un nuevo mandato institucional en medio de una sociedad a la que prácticamente no se ofreció una alternativa electoral contra la guerra. El resultado oficial puede utilizarse ahora para argumentar que la población respalda la continuidad del conflicto, mientras la enorme mayoría legislativa reduce cualquier obstáculo para nuevos presupuestos militares, impuestos, movilizaciones o reformas institucionales.
Por eso, hablar de “rendición” puede resultar engañoso. Putin no parece encontrarse ante una elección inmediata entre capitular o atacar Europa. Tiene una tercera opción, posiblemente más funcional a su estilo de conducción: prolongar indefinidamente la guerra, conservar territorios ocupados, desgastar a Ucrania, dividir a los aliados occidentales y aumentar gradualmente el costo de sostener a Kyiv, mientras simultáneamente ordena el sistema ruso para que pueda sobrevivir incluso cuando él deje de ocupar físicamente el Kremlin.
Esa estrategia también depende de Washington. Trump mantiene abiertos canales directos con el Kremlin y ofreció a Putin importantes beneficios económicos si pone fin a la guerra, incluyendo una eventual normalización comercial. Rusia escucha esas propuestas, pero hasta ahora no aceptó abandonar sus principales exigencias territoriales. Al mismo tiempo, las dudas que Trump generó respecto del compromiso estadounidense con la OTAN alimentaron en Europa el temor de que Moscú interprete cualquier división transatlántica como una oportunidad.
Europa comenzó a reaccionar. Los gobiernos incrementaron presupuestos militares, fortalecieron defensas aéreas, ampliaron capacidades de drones y discuten estructuras de seguridad que podrían funcionar incluso con una presencia estadounidense menos previsible. La propia presión rusa está produciendo, paradójicamente, el efecto contrario al buscado: países que durante décadas redujeron sus ejércitos ahora aceleran el rearme.
Putin enfrenta así una paradoja. Una invasión abierta contra un miembro de la OTAN podría consolidar definitivamente la unidad occidental y abrir un conflicto que Rusia difícilmente podría controlar; pero detener la guerra sin resultados que pueda presentar como victoria pondría bajo interrogación cuatro años de muertos, sanciones, aislamiento y gasto militar. A ello se suma ahora una cuestión más profunda: cualquier salida del propio Putin debe garantizar a la elite rusa que el sistema sobrevivirá y que una transición no abrirá una revisión de responsabilidades, fortunas o decisiones tomadas durante la guerra.
Entre ambos extremos aparece la zona donde Moscú parece sentirse más cómodo: amenazar sin declarar, atacar sin reconocer, negociar sin ceder y mantener a Europa preguntándose cuál será el próximo movimiento, mientras internamente Putin construye instituciones cada vez menos competitivas y más dependientes de su figura.
Esa puede ser la verdadera “huida hacia adelante”. No necesariamente una columna de tanques avanzando mañana hacia Polonia o los países bálticos, sino una estrategia destinada a extender la guerra política, económica, tecnológica y psicológica más allá de Ucrania, reforzar internamente a una nueva elite nacida del conflicto y ganar tiempo para resolver una pregunta que el Kremlin no puede postergar indefinidamente: quién administrará el putinismo cuando Putin ya no pueda hacerlo.
La pregunta decisiva, entonces, no es únicamente si Putin atacará Europa mañana ni si Rusia está próxima a rendirse. Es cuánto riesgo está dispuesto a acumular el Kremlin para evitar reconocer que la invasión iniciada en febrero de 2022 no produjo el desenlace rápido que esperaba y hasta qué punto la guerra se convirtió también en una herramienta para reorganizar la propia Rusia. Las recientes elecciones muestran un Parlamento todavía más dócil, una oposición real prácticamente eliminada y una nueva camada de veteranos incorporándose al Estado; suficientes elementos para preguntarse si Putin está preparando solamente la próxima fase del conflicto o también el día después de su propio liderazgo.
Fuentes consultadas: Archivo aportado a Total News Agency – TNA; Financial Times; The Guardian; Carnegie Endowment for International Peace; Consejo Europeo; autoridades gubernamentales de Rusia, Francia y la Unión Europea; datos de la Comisión Electoral Central de Rusia; antecedentes constitucionales sobre la sucesión presidencial rusa; datos oficiales sobre presupuesto, energía y composición de la nueva Duma Estatal.
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