El subsecretario de Políticas Universitarias protagonizó un duro enfrentamiento con el diputado opositor y defendió el presupuesto oficial de $7,7 billones frente a los $11 billones reclamados por los rectores. El Gobierno exigió transparencia, cuestionó los índices de graduación y denunció deficiencias en las rendiciones de cuentas.
Buenos Aires – 21 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, protagonizó un fuerte cruce con el diputado Esteban Paulón durante el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, en una jornada en la que el Gobierno de Javier Milei cuestionó la administración de los recursos universitarios y reclamó mayores controles sobre el destino de los fondos públicos.
La discusión alcanzó su punto más tenso cuando Paulón intentó exhibir un cuadro para respaldar las exigencias presupuestarias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Álvarez lo interrumpió con una respuesta tajante: “No. Si está hecho por vos, seguro está mal”, según la crónica del intercambio. Previamente, el legislador había relativizado las observaciones oficiales sobre rendiciones universitarias pendientes con una referencia al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Al lado de Andis, un vuelto”.
La controversia económica es considerable. El CIN reclama aproximadamente 11 billones de pesos para 2027, frente a los 7,7 billones contemplados en el proyecto oficial, una diferencia del 42,9%. Álvarez sostuvo que la propuesta de los rectores responde fundamentalmente a demandas salariales y no incorpora nuevas carreras ni proyectos de infraestructura. También afirmó que los salarios universitarios superan los de otros trabajadores del Estado nacional y negó que existan partidas desfinanciadas.
“¿De qué desguace estamos hablando? Terminemos con la mentira”, expresó el funcionario, quien aseguró que el Gobierno no registra atrasos en las transferencias salariales ni en los fondos operativos, incluidos los destinados a hospitales universitarios. Sus afirmaciones contrastan con los reclamos gremiales por pérdida del poder adquisitivo y recomposición de haberes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, reforzó la posición oficial al presentar indicadores de desempeño académico. Según las cifras expuestas, de cada 100 estudiantes que ingresan a universidades públicas, apenas 18,7 completan sus estudios, frente a aproximadamente 40 en las privadas. También estimó el costo fiscal por graduado universitario público en unos 80 millones de pesos y recordó que 23 de las 62 universidades nacionales fueron creadas durante las últimas dos décadas.
“Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”, sostuvo Torrendell, quien calificó de corporativa la actitud de sectores de la conducción universitaria y reclamó información verificable sobre matrícula, resultados académicos y utilización de recursos.
Álvarez también cuestionó las rendiciones de cuentas pendientes desde 2015 y advirtió que la autonomía universitaria no implica quedar exento de controles. Además, denunció que algunos dirigentes políticos alientan ocupaciones y actos de violencia en establecimientos públicos. “Dejen de fomentar la violencia, dejen de romper todo”, reclamó ante los legisladores.
En paralelo, el Gobierno obtuvo una resolución judicial favorable en la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió recursos estatales contra decisiones del juez Martín Cormick, permitiendo revisar la continuidad de medidas cautelares vinculadas con actualizaciones salariales y becas. También quedó suspendida provisionalmente la aplicación de multas diarias de 100.000 pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras se tramitan las impugnaciones. Las resoluciones no constituyen todavía una decisión definitiva sobre el fondo del conflicto.
Desde la oposición, Maximiliano Ferraro cuestionó la ejecución presupuestaria, mientras Pablo Juliano exigió identificar concretamente las irregularidades denunciadas. Germán Martínez, de Unión por la Patria, reclamó la participación de representantes del CIN y de los sindicatos universitarios. La tensión terminó trasladándose al recinto cuando Carlos Castagneto y el libertario Andrés Leone protagonizaron un enfrentamiento que obligó a suspender momentáneamente la reunión.
El debate dejó expuesta una disputa que excede los monto
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