Una afiliada que contaba con cobertura desde 1976 denunció que fue dada de baja mediante un formulario cuya firma desconoce. Solicitó una pericia caligráfica y presentó un amparo para recuperar sus prestaciones médicas. El caso se suma a la crisis de la obra social militar, actualmente en proceso de liquidación.
Buenos Aires – 22 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. Una mujer identificada como BAR, afiliada desde 1976 al sistema de cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas, denunció haber sido desafiliada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante un documento que contiene una firma que asegura no haber realizado. El caso plantea interrogantes sobre los controles administrativos del organismo, en plena crisis financiera y reorganización bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
La baja fue registrada el 23 de julio de 2025, mediante un formulario confeccionado en Gualeguaychú que consignaba como motivo el divorcio de la afiliada, ocurrido en noviembre de 2011. Sin embargo, la mujer había conservado su cobertura durante más de trece años después de la separación, en virtud de un compromiso asumido por su exmarido.
Según su denuncia, descubrió que había perdido la afiliación cuando intentó retirar medicamentos. Posteriormente, al acceder a la documentación incorporada por IOSFA a un expediente judicial, encontró un formulario con una supuesta firma suya junto a la leyenda “Conformidad de desafiliación”.
“Nunca firmé dicho documento, nunca solicité mi baja de IOSFA ni presté consentimiento alguno”, afirmó en una presentación enviada el 22 de octubre al canal de denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La denunciante solicitó que se obtenga el documento original, se practique una pericia caligráfica y se determine quién confeccionó, recibió, registró y utilizó el formulario. Por el momento, la información difundida acredita el envío de la denuncia, pero no permite establecer si ya existe una causa penal formalmente radicada ni identificar responsables de la presunta falsificación.
Con el patrocinio del abogado Juan Manuel Parodi, la mujer también presentó una acción de amparo para recuperar la cobertura como adherente, conservar su antigüedad y continuar con sus tratamientos y controles médicos habituales.
En un memorándum del 19 de marzo de 2026, firmado por la subgerenta de Afiliaciones, Alejandra Viviana Formigo, IOSFA sostuvo que el titular había solicitado la desafiliación por encontrarse divorciado y que el cumplimiento del compromiso personal entre los excónyuges debía reclamarse al exmarido. La entidad también mencionó la posibilidad de una nueva incorporación como adherente y acompañó una constancia de afiliación de la mujer al PAMI.
La respuesta administrativa, sin embargo, dejó pendiente una cuestión fundamental: cómo se obtuvo y verificó la firma que la afiliada desconoce.
El episodio ocurre mientras IOSFA atraviesa un proceso de disolución y liquidación dispuesto por el Decreto 88/2026, que creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). La norma establece un período de transición y contempla mecanismos para preservar la continuidad de tratamientos que no puedan interrumpirse.
A las dificultades económicas, las deudas con prestadores y los problemas de atención se sumó recientemente la orden del administrador Gonzalo Secchi de iniciar el cierre administrativo de 31 farmacias propias de IOSFA, debido a que la nueva OSFA no había solicitado formalmente su transferencia. La disposición no permite afirmar que todos esos establecimientos hayan dejado de atender.
La reorganización es conducida bajo la responsabilidad política del ministro de Defensa, Carlos Presti, en un escenario donde la continuidad de las prestaciones constituye una de las principales preocupaciones de los afiliados.
El caso de BAR agrega un problema diferente a las dificultades financieras: la seguridad documental y la responsabilidad administrativa en las decisiones de desafiliación. La investigación deberá determinar si el formulario fue confeccionado regularmente, quién verificó el consentimiento de la mujer y por qué se interrumpió una cobertura mantenida durante casi cinco décadas.
Fuentes consultadas: Realpolitik, documentación del reclamo y denuncia difundida por la afiliada, Boletín Oficial de la República Argentina, Decreto 88/2026 y La Arena.
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