Cristina redibujó la distribución del poder

En su última carta describió una suerte de parlamentarismo vicepresidencial con epicentro en el Senado, con un gobierno que le resulta ajeno y una Justicia retratada como amenaza; el dilema de la Corte y de las PASO. Por Jorge Liotti

Los aniversarios ejercen una mágica inspiración epistolar en Cristina Kirchner. Para el 27 de octubre, cuando se cumplió una década de la muerte de su esposo, elaboró una pieza en la que expuso los términos de su relación con Alberto Fernández y su opinión sobre el Gobierno. El 10 de diciembre, a un año de la toma de mando, desarrolló su visión sobre el ordenamiento del poder hoy en la Argentina. La estructura y el tono de esta carta es un reflejo pleno de cómo ella entiende la dinámica política.

El texto comienza con una extensa descripción de la enorme tarea desarrollada por el Senado, que para ella hoy constituye el epicentro del poder. Ella es el Senado; ella es el poder; ergo, el poder reside en el Senado. Inauguró así una extraña versión de parlamentarismo vicepresidencialista, un modelo que la ciencia política aún no contempla en sus estudios. Desde la Cámara alta se dinamiza la acción y se corrige al resto de los actores. Desde allí se ordena revisar un presupuesto porque faltan planillas (devolución de gentilezas a Sergio Massa), se modifica la fórmula jubilatoria (un correctivo para Martín Guzmán), se les toma examen a los ministros (los funcionarios que no funcionan) o se intenta condicionar al FMI (los malditos tecnócratas que nos prestan plata). Un día aparecerán granaderos en la entrada de Hipólito Yrigoyen 1849 (exBalcarce 50).

Cristina avanza después en su prosa con un pálido reconocimiento al “esfuerzo” del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis económica heredada del macrismo y la impredecible pandemia. No sorprende tanto su economía de elogios (no es su fuerte) como la frontalidad con la que se refiere al Gobierno como un cuerpo ajeno. La “otredad” con la que se refiere a la administración nacional reafirma la percepción de que ella no se siente parte de esa estructura, una idea que ya había anticipado en su primera carta a los cristinistas. Aunque la Constitución Nacional le atribuya pertenencia, ella desiste. No ocupar una oficina propia en la Casa Rosada es la representación más gráfica de esa resignación. Apenas cuenta con un consulado en el despacho de Wado de Pedro, su representante diplomático ante el Ejecutivo.

Y finalmente, el enemigo. La Justicia como símbolo de amenaza y provocación, con todos sus déficits operativos y su desprestigio bien ganado a fuerza de arbitrariedades y oscuridades. Con la Corte Suprema como emblema de un poder indómito que da señales de resistencia y desafía el régimen. Largos párrafos de indignación volcánica para cada uno de sus integrantes. Aún cuestionados y divididos los cortesanos son los que alteran la armonía que imagina la vicepresidenta. Los únicos que tienen en sus manos un bien que ella no puede controlar.

La Corte venía dando señales de que no estaba dispuesta a aceptar los recursos presentados por exfuncionarios kirchneristas por presuntas arbitrariedades en los procesos. Había rechazado recursos de Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta, pero el detonante fue el caso de Amado Boudou. En el entorno de Cristina explican: “Esperaba gestos más neutrales de la Corte, no frenaron nada. Entonces la lectura inevitable es que están disputando poder”.

Lo que más la desencajó fue que los cortesanos despacharan a su exvicepresidente con el ahora famoso artículo 280 del Código Civil y Comercial, que les permite fallar sin dar explicaciones. “Su caso era de gravedad institucional, debieron haberse tomado el trabajo de al menos argumentar su fallo”, sostienen en la Casa Rosada con un libreto que no sienten propio. En la Corte disienten: “Hay una diferencia con los casos de Bruglia y Bertuzzi que planteó Fernández como comparación, para hablar de discrecionalidad pasmosa. El de los jueces era un problema sistémico, porque estaba en juego el destino de todos los traslados. Y en el caso de Boudou no había un problema sistémico, no había gravedad institucional. La defensa esgrimió arbitrariedades y la Corte lo analizó casi dos años y no encontró arbitrariedades ni violaciones al debido proceso. Por eso resolvió con un 280″.

El código Boudou

A ella no le preocupó tanto la situación de Boudou, con quien mantiene un distanciamiento social desde mucho antes del Covid-19. El problema es que proyectó un escenario inadmisible: que la Corte también la despache con un ordinario 280 en los recursos que presentó por la causa de la obra pública y que por ahora están congelados. Más aún, le hizo llegar a Alberto Fernández un mensaje intimidatorio: “A vos te va a pasar lo mismo si no cambiás la Justicia”. Antes del acto del jueves en la ESMA hubo una conversación entre ellos de la que participaron varios funcionarios. Una fuente muy cercana al Presidente que estuvo ese día ahí sugirió que previamente también hubo un almuerzo reservado entre Alberto y Cristina. Otro importante funcionario aclaró que solo compartieron una breve reunión a solas, la primera en al menos dos meses. Un ritual mínimo envuelto en mucho misterio.

La ráfaga de la vicepresidenta contra la Corte, después arrobada por Fernández (pese a que en la intimidad admitió incomodidad con el tono), evidenció también impotencia. A diferencia de lo que ocurría en el antiguo testamento (ella evoca la renovación que impulsó Néstor en 2004), no existe correlación entre discurso y acción, un grave problema para la construcción del relato. No hay número en el Congreso para un juicio político, y tampoco parece haber demasiado sustento jurídico en las imputaciones que les hizo a los jueces, excepto que acusen de delito fotográfico a Ricardo Lorenzetti o de ilegitimidad a Juan Carlos Maqueda por haber sido designado por un presidente interino. “Buscamos que el Poder Judicial se revise en su funcionamiento porque es el único que no se somete a la voluntad popular. Tiene que ver con un planteo político, no con un plan de acción”, argumentó un importante funcionario del Gobierno, en un esfuerzo por dotar de sentido a la embestida. En el kirchnerismo duro son menos sutiles y piensan alternativas.

En la Corte se analizó la carta de la vicepresidenta en el zoom que hacen los jueves, algo inusual. Algunos de los ministros expresaron su “alerta” ante la situación y le atribuyeron a la misiva un carácter peligrosamente intimidatorio. Otros, quizás más curtidos, la calificaron de “previsible”. “En algún momento ella iba a hacer un balance de cómo le fue. Es entendible que busque un culpable”, explican en el tribunal. Más allá de las lecturas, hubo un efecto palpable ese mismo día. A pesar de todas las diferencias entre los cinco miembros, por primera vez circuló un etéreo espíritu de cuerpo ante la amenaza externa, un vago sentido de unidad que refleja más pragmatismo que sentimentalismo. Incluso Carlos Rosencrantz, que venía evaluando su futuro como presidente del cuerpo por el desgaste de las internas, entendió que no eran tiempos para claudicaciones.

Los notables

La comisión de asesores judiciales que ese mismo jueves le entregó al Presidente las 1000 páginas del informe que elaboraron debatió largo sobre el funcionamiento de la Corte Suprema. Curiosamente, el aumento del número de miembros no fue el eje de la discusión, y así quedó reflejado en las conclusiones. “Todos interpretamos que no había sido parte del mandato presidencial”, justificó uno de ellos. Es cierto que Alberto Fernández manifestó que para él la integración de cinco es adecuada. Solo cuatro de los expertos mencionaron el tema, y León Arslanian fue el más vehemente al escribir que para él debería pasarse a una integración de 10 jueces, divididos en salas.

Sí se debatió mucho sobre la creación de un tribunal intermedio que haga de filtro de la Corte para todas las presentaciones por “arbitrariedades” en el proceso, una idea con varios antecedentes jurídicos. El objetivo técnico sería que el máximo tribunal quedaría como una instancia de evaluación constitucional (demandas provinciales, institucionalidad de las leyes) y no se desgaste con recursos menores. Pero la consecuencia política podría ser que todos los recursos extraordinarios de las causas penales, como los derivados de los casos de corrupción, serían interceptados por el nuevo órgano, que de ese modo asumiría un notable poder y diluiría el margen de acción de la Corte.

Con variantes, la mayoría de la comisión de asesores coincidió en este punto con un argumento matemático: de las 23.000 causas por año que llegan a la Corte, el máximo tribunal resuelve unas 6000, de las cuales entre un 80 % y un 90 % lo determina con el artículo 280 y el resto falla con fundamentos y argumentaciones. En la Corte hacen otro cálculo: dicen que en 2019 trataron 29.000 causas, de las cuales 19.000 son apelaciones del Estado, unas 14.000 por sentencias jubilatorias y las otras 5000 por casos de trabajadores en negro. “Si quieren aliviar a la Corte, que el Ejecutivo cumpla en sus prestaciones”, es el mensaje que transmiten.

Más allá de las cuentas, la comisión de asesores derramó una mirada muy crítica sobre la Corte, a la que ni siquiera invitó a debatir (tampoco los jueces pensaban ir a la cita con sus verdugos). Alberto Fernández, al recibir el informe, les dijo que le había parecido “interesante” la propuesta para crear un filtro procesal. Fue el único punto que resaltó especialmente del voluminoso reporte, lo que fue interpretado como un indicio por algunos de los juristas. El Presidente quedó en analizar el tema con su ministra Marcela Losardo. Nada inminente, solo una renovada receta judicial, mientras espera que no se chamusquen en el horno de Diputados la reforma judicial y los cambios en la Procuración.

Uno de los integrantes de la comisión resaltó además otro dato muy significativo: en ningún lugar de las 1000 páginas del informe se habla de lawfare, la matriz conceptual desde la cual Cristina piensa “los poderes fácticos”. “No se hizo referencia a que el mal funcionamiento de la Justicia responde a ese principio, sino a deficiencias estructurales”, acota el jurista que, como otros colegas, buscaron denodadamente despegarse de la sombra de Cristina. A Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta que terminó por darle el nombre de ficción a la comisión, fue al que más le pesó el estigma. Varias veces hablaron del error que implicó haberlo incluido en el grupo. Al lado de Alberto Fernández comparten la crítica.

Gobernadores vs La Campora

El almuerzo entre el Presidente y una veintena de gobernadores en Olivos hace diez días demostró el agotamiento de todos con la pandemia y el interés por volver a hablar de temas electorales, con los que se sienten más cómodos. Allí hubo varios planteos para suspender las PASO, que Alberto Fernández compartió, siempre y cuando hubiera consenso. Sergio Massa, otro entusiasmado con la idea, dijo que se encargaría de sumar apoyos en el Congreso. Los gobernadores, de presentar un proyecto. A Máximo Kirchner le disgustó la entente y jugó con Cecilia Moreau para decir que no era una prioridad. Un gesto minúsculo frenó la jugada que ahora quedó en un callejón incierto. El propio autor de la iniciativa, el diputado tucumano Pablo Yedlin, reconoce en reserva que el futuro de la propuesta es oscuro. La Cámpora definitivamente no quiere dejar de lado las primarias porque aspira a disputar poder territorial, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en el interior. Por esa razón además milita en contra de que se habilite la reelección de los intendentes bonaerenses.

El episodio demostró la enorme debilidad de los gobernadores, directamente ausentes en el organigrama del poder que dibujó Cristina. Jaqueados por la pandemia, solo visitan Buenos Aires para acordar distribución de fondos. El canciller De Pedro les dispensa un trato diplomático y ellos no husmean detrás de las cortinas del poder. Juan Schiaretti, el chúcaro mediterráneo, terminó apoyando el recorte de fondos a la Ciudad. Omar Perotti, un Reutemann del siglo XXI, tuvo un año fatal entre Vicentin y los escándalos con el juego y el narco. El médico Juan Manzur se curó en salud y guarda reposo político en Tucumán. Jorge Capitanich, durante meses sacudido por los contagiados chaqueños, recién parece reaccionar y convocó el viernes a una reunión de gobernadores del Norte. En parte por eso también el Senado es el trono de Cristina: el espacio de representación de las provincias quedó maniatado ante la sola posibilidad de que desde el interior pudiera surgir un desafío peronista alternativo que ponga en riesgo el diseño del poder kirchnerista.

Las reglas de juego las impone ella, aunque muchas veces le cueste reconocer que la realidad no es la misma que cuando gobernaba. No es presidenta, no tiene el 54 % de los votos, el país está económica y socialmente mucho peor y la Justicia es menos dócil. Por eso en el horizonte cercano solo se vislumbran tensión y fricciones.

Fuente La Nacion