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Adrián “Palermo” Baeta fue detenido este miércoles por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en lo que se define como un paso clave en la investigación que tiene como principal acusado a Claudio Scapolan, fiscal de San Isidro acusado de liderar una banda de policías y funcionarios judiciales corruptos. Scapolan está libre, con un pedido de jury y licencia hasta febrero.
Beta cayó durante la madrugada de este miércoles una casa ubicada en Rincón de Milberg, partido de Tigre.
La información fue confirmada a Clarín por fuentes de la investigación, cuyos números avalan la calificación de “escándalo”: 54 imputados, entre ellos 3 funcionarios judiciales, cuatro narcotraficantes, tres abogados y 44 policías bonaerenses (tres con el rango de comisarios). De esos de 54 imputados, 47 ya fueron procesados, 14 de ellos con prisión preventiva (por lo que permanecen detenidos), uno logró su “falta de mérito” y, tras la detención de Baeta, apenas 5 quedan prófugos.
La causa -cuyo nombre formal es “expediente 36447/2016 NN sobre infracción a ley 23.737” (Ley de drogas) estalló el 24 de julio pasado cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos. Estos habían sido pedidos por el fiscal federal Fernando Domínguez bajo la hipótesis de la existencia de una banda dedicada a armar causas, cobrar coimas y robarle a narcotraficantes desde la cocaína que comercializaban hasta la bicicleta del nene.
Como jefe de esa “asociación ilícita” fue imputado formalmente Claudio Scapolan, uno de los fiscales más poderosos, sobre todo en los tiempos en los que la Fiscalía General de San Isidro estaba en manos de Julio Novo (hoy esperando juicio acusado de proteger narcotraficantes).
Scapolan fue citado a prestar declaración indagatoria luego de que fuera allanada su oficina en los Tribunales de San Isidro. Ese mismo día se detuvo a dos de sus secretarios. A él lo protegieron sus fueros.
Adrián Baeta y Diego Guastini.
Al momento del operativo, el fiscal estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro pero los hechos que se le imputan ocurrieron cuando era la cabeza de la Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas, UFI disuelta desde diciembre de 2016. Ese mismo año comenzó la investigación a cargo del fiscal Fernando Domínguez.
Tras el primer llamado a indagatoria, comenzaron los movimientos para postergarla. A través de recusaciones propias y ajenas su abogado, Félix Linfante, logró patear la pelota para adelante. Pero la Cámara Federal de San Martín confirmo tanto a la jueza como al fiscal. Clarín se contactó a Linfante para conocer los argumentos de la defensa, pero el abogado prefirió por el momento no hacer declaraciones.
Tan efectivo fue el plan del abogado que transcurrieron cinco meses desde los allanamientos, la investigación completó tres sucesivas etapas de detenciones y superó el medio centenar de procesados sin que Scapolan se sentara a dar explicaciones. En una resolución firmada por Sandra Arroyo Salgado el 26 de noviembre se lo citó para el martes 16 de diciembres.
Sin embargo hay un detalle no menor. Si bien pasaron cinco meses en los que pudo prepararse, también pasaron cinco meses en los que el fiscal Domínguez fue juntando más y más prueba de cargo.
Un ejemplo de esto es el cuestionado operativo “Leones Blancos” comandado por Scapolan en 2013, que es parte de la acusación. En ese procedimiento la Policia Bonaerense secuestró media tonelada de cocaína pero el armado del expediente fue tan burdo que saltó por los aires en el juicio oral.
Así se fue descubriendo que el operativo había sido entregado por el financista narco Diego Guastini (asesinado por sicarios en 2019) y no por un “llamado anónimo”; que los policías dejaron escapar a los verdaderos dueños de la droga, el clan Loza; y hasta que se robaron al menos media tonelada de cocaína, droga que en parte se terminó comercializando en la Costa Atlántica.
Muchos de esos detalles los contó un arrepentido que señaló al policía Adrián Baeta como quien se robó la droga con el visto bueno de Scapolan y la llevó a Santa Clara del Mar, donde la dejó en manos de su amigo José “El Polaco” Tourn para que la vendiera.
Al momento de los allanamientos del mes de julio, Tourn no fue detenido. Pero con el paso de los meses y el resultado del análisis de las antenas de teléfonos se decidió pedir su captura a fines de octubre. Entonces surgieron escuchas telefónicas reveladoras que le habían tomado a Tourn en otra causa, por narcotráfico, iniciada en Capital Federal.
En ellas “El Polaco” habla con un amigo que está preso y le cuenta que piensa “mejicanear” un cargamento grande de cocaína que iba a llegar a Mar del Plata en diciembre de 2018. En el medio del relato hace referencia a “Leones Blancos” e incluso a la fortuna personal de su amigo el policía Adrián Baeta, con quien se criaron juntos en Quilmes.
El frente de la plata
Hoy por hoy Claudio Scapolan tiene dos frentes. El primero en la Justicia Federal, donde fue llamado a indagatoria, y en paralelo en la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín comenzaron las audiencias de la primera tanda de detenidos que apelaron su procesamiento.
Entre estos procesados están los dos secretarios del fiscal a los que no solo se indagó casi de inmediato sino que continúan presos aunque el rol que se les imputa es un escalón menor al de su jefe.
El segundo frente de Scapolan esta en ciudad de La Plata donde afronta un pedido de desafuero. En realidad son dos pedidos independientes que ahora están juntos: uno había sido presentado en 2016 por la diputada Elisa Carrió en medio de una puja política por la investigación del robo que sufrió en su casa Sergio Massa en 2013, investigación en la que Scapolan tuvo un papel al menos cuestionable.
El pedido de Carrió tomó impulso este año cuando Arroyo Salgado y Domínguez fueron por Scapolan. Este último pedido de desafuero derivó en una acusación contra el fiscal presentada por la Procuración el 7 de octubre ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionario de la legislatura bonaerense.
Será un tribunal de enjuiciamiento integrado por cinco legisladores, cinco abogados y el presidente de la Corte Bonaerense el que deberá decidir si el planteo de desafuero es pertinente y, si lo es, comenzar con el jury, previo apartamiento del fiscal.
Por lo pronto todo el proceso de juicio político parece estar muy verde. Tanto que a Scapolan ya se le concedió una prórroga de la licencia extraordinaria (con un recorte del 40% de su sueldo) que él mismo había pedido en julio cuando la Policia Federal entró a su despacho.
Le dieron otros 120 días. Su fecha para volver a su puesto: 26 de febrero del 2021. Pero las cosas no se le presentan tan sencillas.
GL
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