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Un grupo de expertos de diversas asociaciones médicas de prestigio presentó este martes 12 de enero una denuncia contra el juez federal subrogante Javier Pico Terrero por “desempeño apresurado y negligente” después de que avalara el suministro de dióxido de cloro a un paciente de Covid, de 92 años, que finalmente murió.
El juez es acusado por haber resuelto la “implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante consistentes en tratamiento no solamente no aprobados por la autoridad de aplicación, sino manifiestamente riesgosos para la salud y vida de los pacientes”.
El magistrado “con tan solo una receta formulada por un médico que se presenta como especialista en neurocirugía” resolvió “obligar a la institución donde se encuentra internado el paciente, a arbitrar los medios conducentes para la implementación del tratamiento indicado, consistente en una sustancia altamente tóxica para la salud”.
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“Lo grave de la cuestión, es que el tratamiento indicado, en particular la administración de Dióxido de Cloro, no solo no se encuentra autorizado o registrado su uso por la ANMAT, sino que por el contrario desde agosto del año 2020 se encuentra expresamente desaconsejado su uso por la multiplicidad de eventos adversos”, advirtieron en la denuncia.
Los especialistas recordaron en su escrito que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que “la ingesta que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.
Acusaron además al médico que realizó la indicación lo hizo con “palmaria negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas que regular el ejercicio profesional”, por lo que fue denunciado a las autoridades sanitarias, “a fin de la promoción de las eventuales denuncias administrativas y judiciales que pudiesen corresponder”.
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El paciente de 92 años que estaba en grave estado y fue medicado con dióxido de cloro falleció el 11 de enero en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.
La familia del paciente, por recomendación de un médico externo al sanatorio, solicitó al Otamendi que le suministren dióxido de cloro, pero el centro asistencial se negó al
remarcar que es algo que está prohibido. Esa determinación obligó a que se presentara un recurso de amparo que fue aceptado por el juez Pico Terrero, quien admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli S.A., en un fallo sin precedentes en el país.
En la misma se determinó que se “administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa” a un paciente en grave
estado de salud que “no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno”. El fallo judicial generó rechazo del cuerpo médico de la clínica y de profesionales de la salud porque la sustancia no está avalada como tratamiento o prevención contra esta enfermedad, o ninguna otra.
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La denuncia fue presentada por los profesionales Omar Sued (presidente de la Sociedad Argentina de Infectología), Fabio Nachman (presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología), Leandro Cahn (director ejecutivo de Fundación Huesped), Maria Dolores Arceo (presidenta de la Asociacion Metropolitana de Medicina Familiar), Susana Isabel García (presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental), Rosa Reina (presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva), Amelia del Sueldo Padilla (de la Asociación Argentina de Sexologia y educación sexual) y María de la Paz Millán (presidenta de la Asociación Proyecto Surcos para la Promoción de la Salud).
“En nuestro carácter de representantes de distintas asociaciones científicas comprometidas con la salud pública y colectiva, es que solicitamos por las razones de hecho y de derecho señaladas se proceda a juzgar la actuación del Juez Javier Pico Terrero, y en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones previstas para el caso denunciado”, pidieron los denunciantes.
