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A horas de cumplirse un año del crimen más conmocionante del 2020, el juicio contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa (18) está cada vez más cerca.
Familiares, amigos y quienes conocieron al estudiante de derecho que había ido de vacaciones a Villa Gesell esperan con ansiedad que la causa sea elevada a juicio oral. Hasta este sábado, todavía no se sabía si la defensa de los ocho detenidos iba a optar por la opción de ir a un juicio por jurados. Finalmente, se supo que serán juzgados por un tribunal criminal.
La defensa de los acusados considera que no puede garantizarse la imparcialidad del jurado popular debido a la difusión que tuvo el caso, así como algunos elementos del expediente, según informaron a Télam este sábado fuentes de la causa.
El crimen de Fernando ocurrió el 18 de enero del año pasado a la salida del boliche Le Brique, ubicado en Avenida 3 y Buenos Aires, en Villa Gesell. Una patota de rugbiers de Zárate atacó al joven y le pegó hasta matarlo, después de una discusión que habían mantenido dentro del local.
Fernando Báez Sosa tenía 18 años. Lo mataron a la salida del boliche Le Brique. (Facebook)
La causa se encuentra ahora en pleno trámite del pedido de elevación a juicio presentado por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, y debido a la feria judicial está pendiente la respuesta a este requerimiento por parte del abogado de los imputados, Hugo Tomei.
Si bien durante la etapa de instrucción el defensor había deslizado que pediría que los acusados fueran juzgados por un jurado ciudadano, fuentes con acceso al expediente indicaron a Télam que Tomei optará finalmente por un juicio tradicional ante un tribunal oral.
Este cambio de estrategia deberá ser notificado al juez de Garantías de Gesell, David Mancinelli, cuando el abogado responda la notificación del requerimiento de elevación a juicio, para lo que tiene plazo hasta el 1 de febrero, cuando termine la feria judicial.
Según indicaron fuentes de la causa, la defensa entiende que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.
En ese sentido, Tomei planteará que el Poder Judicial es responsable de “condicionar” la renuncia al juicio por jurados, por no poner límites a las manifestaciones de la acusación, y permitir “la proliferación de opiniones” que “fundaron la condena social”.
Ante este escenario, la defensa de los rugbiers considera que “solo una idea irracional” podría confiar en la imparcialidad del jurado popular.
El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado por la fiscal el 17 de noviembre cuando solicitó que sean juzgados los ocho rugbiers que continúan detenidos por el hecho.
Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los dos imputados como coautores del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Zamboni pidió además el sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios.
Los padres de Fernando Báez Sosa en la multitudinaria marcha, al cumplirse un mes del crimen. Foto Juano Tesone
Tras este requerimiento, los abogados que representan a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, acordaron con el planteo de la fiscal, aunque rechazaron el sobreseimiento de Milanesi, al que consideraron prematuro, y presentaron una acusación particular para que sea sometido a juicio junto a los otros ocho.
Burlando y Améndola consideraron que la eventual responsabilidad de Milanesi en la “coautoría funcional” del crimen debe definirse en el juicio oral.
Por otra parte, los abogados entendieron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado “sospechoso número 11”, identificado en el expediente como Tomás Colazzo.
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