México exigió la repatriación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, con la promesa de investigarlo, pero desechó las acusaciones e hizo público el expediente que le entregó la Justicia estadounidense, en un hecho sin precedentes en la cooperación bilateral. Por Claudia Ramírez
El arresto del General Salvador Cienfuegos Zepeda -exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto-, ocurrida el 15 de octubre de 2020 a manos del gobierno de Estados Unidos, causó un terremoto en la política mexicana: se trataba del funcionario de más alto rango acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los cargos en contra del extitular del Ejército mexicano, fueron consecuencia de una larga investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) la cual aseguraba tener un sólido y contundente expediente en contra del General mexicano de 72 años de edad.
La noticia cayó como bomba en México, y aunque en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la detención de Cienfuegos Zepeda argumentando que era “muestra inequívoca de la decadencia del régimen neoliberal” al tiempo que advirtió que los militares relacionados con Cienfuegos serían detenidos y no se protegería a nadie; pronto tuvo que recular, por lo que pidió al canciller, Marcelo Ebrard, exigir las pruebas que había en contra del hoy General en retiro, además de protestar debido a que la investigación en contra del militar, fue ocultada al gobierno mexicano.
En la prensa mexicana se habló entonces de que López Obrador fue presionado por altos miembros del Ejército -en activo y retirados- para que el Cienfuegos Zepeda no fuera juzgado en Estados Unidos y regresara a México.Imagen de archivo (Foto: EFE/José Pazos)
Al mandatario no le habría quedado de otra más que ceder, debido a su alta dependencia al Ejército mexicano, institución que además de encabezar la estrategia contra la inseguridad, también está encargada de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de algunos tramos del Tren Maya, además de que tendrán el control del Banco del Bienestar -en donde se depositarán los programas sociales del gobierno, entre otras importantes tareas.
Las presiones habrían surtido efecto, por lo que el gobierno de López Obrador cabildeó con la administración del aún presidente estadounidense Donald Trump -con quien el mandatario mexicano asegura tener excelente relación-, para que Salvador Cienfuegos fuera traído a México.
En un hecho sin precedentes, el gobierno de la Unión Americana retiró de manera sorpresiva los cinco cargos de narcotráfico que pesaban en contra del General mexicano y lo regresó al país con la condición de que fuera investigado en México. Una vez en territorio nacional, se le informó que se realizarían las indagatorias correspondientes, pero fue puesto en libertad.
Sin importar las críticas y los señalamientos, López Obrador defendió a capa y espada la reputación del General Cienfuegos, mientras que en Estados Unidos había voces importantes como la de varios congresistas que pedían a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación a fondo en el caso de Salvador Cienfuegos.
Pero la respuesta de la FGR realizada el pasado 14 de enero, dejó un pésimo sabor de boca, confirmando lo que muchos especialistas ya preveían: la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero exoneró a Salvador Cienfuegos, asegurando que era inocente de las acusaciones de narcotráfico. De esta manera daba carpetazo a las investigaciones en contra del poderoso General en retiro.
Al día siguiente en su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una férrea defensa de la decisión de la FGR de exonerar a Cienfuegos Zepeda, pero fue más allá y acusó a la DEA de haber fabricado el caso contra el General mexicano.
“Ayer (jueves) resuelve la FGR que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas”, dijo el presidente mexicano.
“La Fiscalía ha actuado porque consideró que los elementos presentados por Estados Unidos, en este caso por la Agencia, que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar para iniciar un juicio en contra del General Cienfuegos”, señaló.
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Sin importarle poner en riesgo la cooperación de seguridad con Estados Unidos, López Obrador le ordenó al canciller Marcelo Ebrard, publicar el expediente completo en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda que fue entregado por el gobierno estadounidense, con la finalidad de que “el pueblo de México”, conociera lo que la DEA calificó como “pruebas contundentes” de los vínculos con narcotraficantes del General.
En el documento de 751 páginas -que incluyen fotografías y supuestos mensajes entre criminales- que el gobierno estadounidense entregó a su homólogo mexicano, se presentan varias conversaciones desde un Blackberry en las que se identifica constantemente a una persona como “Zepeda” o “El Padrino”, apodo con el que se conoce a Salvador Cienfuegos.
Tras la publicación del expediente, las reacciones del país vecino no tardaron en llegar. El Gobierno estadounidense aseguró que México violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua al hacer público el expediente y agregó que la justicia norteamericana se siente “profundamente decepcionada” por la exoneración de la FGR a Cienfuegos.
Así mismo, negó que los cargos contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda fueran fabricados como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El caso contra el general Cienfuegos no fue inventando. La información sobre la que se basó la acusación contra Cienfuegos fue recopilada legalmente en Estados Unidos y de conformidad con una orden judicial apropiada de los Estados Unidos y en pleno respeto a la soberanía de México”, agregó el Departamento de Defensa estadounidense.
“Un gran jurado federal de Estados Unidos analizó el material y otras pruebas y concluyó que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados con evidencia”, enfatizó.
¿Quién es Salvador Cienfuegos?Imagen de archivo. (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)
Salvador Cienfuegos Zepeda fue el General de División y titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el último presidente de México abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El general Cienfuegos fue secretario federal desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, estuvo todo el régimen peñanietista. Para obtener ese cargo tuvo que pasar por distintos rangos militares más. De acuerdo con la base de datos consultables de la Sedena, el ex secretario nació el 14 de junio de 1948, ingresó al Ejército a los 15 años, el 23 de enero de 1964.
Salvador Cienfuegos Zepeda fue el General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el último presidente de México abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para obtener ese cargo tuvo que pasar por distintos rangos militares más. De acuerdo con la base de datos consultables de la Sedena, el ex secretario nació el 14 de junio de 1948, ingresó al Ejército a los 15 años, el 23 de enero de 1964.
Estuvo activo 54 años y entre sus puestos y actividades operativas fue Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, Comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas, Comandante de la I Región Militar, en la Ciudad de México, Comandante de la IX Región Militar, en el estado de Guerrero, Comandante de la V Región Militar, en el estado de Jalisco, Comandante de la 15/a. Zona Militar, en el estado de Jalisco y Comandante del 14/o. Batallón de Infantería, en el estado de Jalisco.Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo
En cuanto a su participación en el Estado Mayor fue Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y Jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Entre los cursos que realizó dentro de la milicia se encuentran: Estudios para oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar, Licenciatura en administración Militar, en la Escuela Superior de Guerra y Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa nacionales en el Colegio de defensa Nacional.
Además, el ahora General en retiro se desempeñó como Director del Heroico Colegio Militar, Director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y Jefe de la Sección Pedagógica en el Heroico Colegio Militar .
Dentro de su carrera militar obtuvo las condecoraciones: Institucional, Extraordinaria, Especial, De 1/a., 2/a., 3/a., 4/a. y 5/a. Clase, Perseverancia por la patria, Mérito facultativo de 1/a. Clase, Mérito facultativo de 2/a. Clase, Mérito docente, Servicios distinguidos y Legión de honor.
Sin embargo, su historial no es perfecto.
Los señalamientos de narcotráficoFoto: EFE/Paolo Aguilar/Archivo
De aspecto físico duro, el General Salvador Cienfuegos Zepeda encabezó al Ejército mexicano de 2012 a 2018, es decir, durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto; pero su administración al frente de las fuerzas armadas fue sumamente cuestionada.
Bajo su gestión militar ocurrieron los trágicos hechos de la masacre de 22 personas en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México (30 de junio de 2014) a manos de soldados mexicanos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (26 y 27 de septiembre de 2914 en Iguala, Guerrero).
En ambos casos, Cienfuegos Zepeda se opuso a la investigación de sus soldados. Y aunque en el caso Tlatlaya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los militares ejecutaron a 15 de las 22 víctimas -entre ellas tres adolescentes-, sólo ocho militares fueron detenidos, pero quedaron en libertad en mayo de 2016 y en octubre de 2019 un juez ordenó reaprehender a siete de ellos.
En tanto que en la desaparición de los estudiantes, familiares de los jóvenes acusaron a los militares de haber participado directamente en la desaparición de los estudiantes e incluso de rendir falsas declaraciones.
Pero el -en ese entonces- secretario de la Defensa Nacional se opuso de manera rotunda a que “sus soldados” fueran investigados, aún después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó interrogar a los integrantes del Ejército por la desaparición de los normalistas.
“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente, hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, defendió el general en una entrevista ocurrida en 2015.
Pero desde antes de que Salvador Cienfuegos fuera el Secretario de la Defensa Nacional, comenzaron a surgir los primeros señalamientos de los presuntos vínculos del General con líderes del narcotráfico.Sergio Enrique Villarreal Barragán (a) “El Grande”, considerado como el principal operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, aseguró que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, brindó protección al cártel H-2, una escisión de los Beltrán Leyva en Nayarit. FOTO: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO.COM
Las primeras revelaciones las hizo la periodista Anabel Hernández en su libro de “México en llamas” en donde aseguró que había una guerra intestina dentro de la Sedena, donde diversos generales se disputaban el cargo en esa Secretaría para el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos Salvador Cienfuegos Zepeda, a pesar de que desde el 2005 ya había sido señalado por Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande” -quien pertenecía al Cártel de los Beltrán Leyva-, de brindarles protección.
La periodista resaltó que “El Grande”, aseguró que el Cártel de Sinaloa y después los Beltrán Leyva, tenían todo el apoyo y la complicidad para traficar drogas, de parte de Salvador Cienfuegos, quien en ese entonces estaba como responsable de la 9a Zona Militar, entre los años 2005 y 2007.
En entrevista con Carmen Aristegui para su espacio radiofónico ocurrida el 17 de octubre de 2020, Anabel Hernández aseguró que después de que a Salvador Cienfuegos lo mandan a la 1a Zona MIlitar (2007-209), que confluye una zona del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y el Estado de México “es ahí en donde el Cártel de Sinaloa, particularmente los Beltrán Leyva, reciben la protección de este general”, aseguró.
Anabel Hernández enfatizó que tanto Salvador Cienfuegos como Genaro García Luna -exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y quien se encuentra preso en EEUU acusado de nexos con el narcotráfico- , tenían negros antecedentes antes de llegar a sus puestos.
“Sobre el tema de Salvador Cienfuegos… estaban los narcotraficantes, estaban las declaraciones ahí en la PGR escondidas, ocultas, en ese momento no querían hacerse públicas, pero están ahí esos señalamientos (…) había un montón de información dentro del Ejército, dentro de la PGR, a que apuntaba a que Salvador Cienfuegos no era una persona propicia para ocupar un cargo de la magnitud de ser secretario de la Defensa Nacional y aún así, Enrique Peña Nieto lo puso en esa posición”, puntualizó.
A pesar de las acusaciones directas y explícitas en contra de Salvador Cienfuegos, las autoridades mexicanas enterraron los expedientes, por lo que el General terminó sin sobresaltos su administración al frente de la Sedena en diciembre de 2018.
Luego se fue a vivir plácidamente su retiro, hasta que el 15 de octubre de 2020 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California (EEUU), acusado por una corte de Brooklyn (Nueva York) de cinco cargos relacionados con el narcotráfico: conspirar para traficar cocaína, marihuana y metanfetaminas al país estadounidense, y otro por conspirar para lavar dinero del narcotráfico.(Foto: Especial)
La “Operación Padrino” encabezada por la DEA durante varios años, cimentaba una acusación contra Cienfuegos por supuestamente trabajar para el crimen organizado. En más de 700 documentos se estipulaba que el General protegía y colaboraba con el cártel H-2, una escisión de los Beltrán Leyva en Nayarit.
Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2″, era considerado el jefe de Los Beltrán Leyva, luego de suplir en la organización a Alfredo Beltrán, “El Mochomito”, quien en su momento sucedió a Héctor Beltrán Leyva, alias “El H” o “El H1”, detenido el 1 de octubre de 2014, en San Miguel de Allende, Guanajuato. El 9 de febrero de 2017, el H2 fue abatido, junto con otros 13 integrantes de su organización. Quien tomó su lugar fue “El H9”, quien supuestamente era sobrino de “El Chico”.
La DEA aseguraba tener “miles de pruebas contundentes” de la relación y protección de Cienfuegos Zepeda al cártel H-2 cuando menos de diciembre de 2015 a febrero de 2018. La agencia antidrogas estadounidense aseguró que el General acepto sobornos con la finalidad de que no se realizaran operaciones militares contra ese grupo criminal, además que inició operativos contra cárteles rivales, y los ayudó a expandirse a Mazatlán y el resto de Sinaloa.
Además, la Fiscalía estadounidense dijo tener comunicaciones interceptadas en las que el general hablaba con un integrante del Cártel H-2.
Todo indicaba que estaba por iniciarse el juicio más polémico contra uno de los exmilitares mexicanos más poderosos e importantes, pero la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador lo impidió al argumentar que toda la investigación en contra del General Cienfuegos fue ocultada al gobierno mexicano.
El 18 de noviembre, fecha en la que se realizaría la próxima audiencia del general, la jueza Carol Amon decretó regresar al implicado a México, además de retirar los cargos contra Cienfuegos, comprometiéndose a compartir la información con México, con el fin de apoyar las futuras investigaciones. De esta manera, la administración de López Obrador se asestaba un gran triunfo diplomático.
A principios de diciembre el gobierno mexicano impulsó un cambio a la Ley de Seguridad Nacional, limitando los trabajos de los agentes antidroga extranjeros en el país. Todo, en medio de las críticas de Washington y las dudas sobre las consecuencias a largo plazo, lo que fue tensando la relación bilateral.
Luego, la administración lopezobradorista anunció que los detalles de la acusación al general Cienfuegos estarían reservados durante cinco años, argumentando “no poner en riesgo” la investigación ni las relaciones con el vecino país del norte.
Pero el pasado 14 de enero, la FGR decidió exonerar al General Salvador Cienfuegos, decisión férreamente respaldada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a la DEA de fabricar los delitos en contra del militar mexicano, abriendo una nueva fricción de proporciones aún desconocidas entre la administración del político tabasqueño y el gobierno del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden.
Fuente Infobae