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La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, enviará el borrador en los próximos días al Presidente; apunta a eliminar el secretismo y los puentes oscuros con la política y la Justicia. Por Hugo Alconada Mon
El borrador para una nueva ley nacional de inteligencia ya está listo. Potencia la faceta analítica del organismo, reduce los umbrales del secretismo, deja atrás la faceta de los agentes como “colaboradores” del Poder Judicial y busca eliminar las ocasiones propicias para el espionaje ilegal, adelantaron la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y otras fuentes oficiales consultadas por La Nación.
El borrador pasará ahora a manos del presidente Alberto Fernández para que lo analice junto a sus asesores, termine de darle forma y, llegado el caso, defina si lo presenta como proyecto ante el Congreso de la Nación durante la apertura de sesiones legislativas, en marzo.
De prosperar, la nueva ley de inteligencia nacional abrevará en las sugerencias aportadas por los integrantes del consejo consultivo que se formó a principios de 2020, como así también tomó como referencia los organigramas y metodologías de trabajo de organismos de inteligencia de otros países, como Canadá, Francia, España, Alemania, Nueva Zelanda y Australia, entre otros.
Una de las propuestas que elevó el consejo fue crear una nueva figura que sirva de nexo entre la AFI y los poderes Ejecutivo y Legislativo: un referente técnico político que esté por fuera o por encima de la AFI, que pasaría a ser dirigida, entonces, por un funcionario de carrera.
“La premisa es focalizar a la AFI en la producción de inteligencia estratégica”, indicó Caamaño, aprovechando que la ex-SIDE ya no puede ser convocada por jueces y fiscales para colaborar en investigaciones de narcotráfico o secuestros extorsivos, por ejemplo, tareas que se delegaron en las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, Leopoldo Moreau (Frente de Todos), confirmó que el Gobierno “está trabajando en algunos borradores” para reformar el sistema de inteligencia, lo que consideró indispensable ante lo que calificó como el “plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política” del macrismo, sin aludir a la etapa de Jaime Stiuso en la ex-SIDE hasta fines del gobierno de Cristina Kirchner.
Para Moreau, la reforma de la ley de inteligencia nacional debe ser parte, en realidad, de un paquete más amplio de proyectos que incluya “una reforma judicial de arriba hacia abajo” y que comience por la Corte Suprema. “El proyecto de reforma [judicial] que está en Diputados es importante, pero no suficiente”, argumentó.
Sin entrar en una controversia con Moreau, sin embargo, Caamaño precisó que la comisión bicameral que preside ese diputado no fue consultada para la redacción del borrador del proyecto de ley, como sí lo fueron funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Defensa, y otras agencias que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.
Caamaño sí protagonizó un cortocircuito con la comisión bicameral a principios de noviembre cuando brindó su informe de gestión en una sesión reservada, que desde la propia comisión filtraron a los medios. “Se expusieron detalles de operaciones que podrían verse afectadas por la publicidad”, lamentó la interventora.
“Terminar con los carpetazos”
La redacción del primer borrador de la nueva ley de inteligencia quedó en manos de los integrantes del consejo consultivo de la AFI. Es decir, del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder; la directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), María Sidonie Porterie; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.
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El consejo también incluyó al vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian; al excanciller y extitular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) Rafael Bielsa, y al profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral Máximo Sozzo.
Los siete consejeros debatieron si era necesario reformar dos leyes: la de inteligencia nacional, número 25.520, promulgada en 2001, y que creó la AFI, y la 27.126, del año 2015, en varias áreas. Entre ellas, cuáles deben ser hoy las funciones de la Agencia; cómo deben funcionar sus controles internos; cuál debe ser su vinculación con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los ministerios de Defensa y de Seguridad; cómo debe manejar -y procesar- la información de inteligencia, y cuáles son los límites entre la necesidad de clasificar ciertos datos como secreto de Estado y el derecho ciudadano a acceder a la información de los organismos públicos.
“En esencia buscamos establecer un férreo control democrático sobre la Agencia, que tenga un perfil más profesionalizado, abocada a tareas de análisis internacional que permitan anticipar los problemas que puede afrontar la Argentina de modo que, por ejemplo, sus analistas emitan una alerta para evitar que la Fragata Libertad pueda quedar retenida en algún puerto, como ocurrió en Ghana, en 2012”, explicó una fuente del consejo. “También nos propusimos reducir los márgenes de discrecionalidad de la AFI, eliminar los abusos de la vieja SIDE, como sus ‘carpetazos’, y promover un organismo más responsable ante el Congreso”.
En ese marco se ubica la propuesta del consejo para crear la nueva figura que sirva de nexo entre la AFI y la Casa Rosada y el Congreso. “Un referente técnico-político que se comunique a diario con el Presidente y mantenga diálogo permanente con el Congreso, pero que esté por fuera o por encima de la AFI, cuyo director o ‘Señor 5’ pasaría a ser un funcionario de carrera de la Agencia”, explicaron desde el consejo.
