Argentina
España
USA
Israel
Sin soltarle la mano a Gildo Insfrán , el Gobierno tomó nota de los coletazos que provoca la situación sanitaria de Formosa en la gestión de Alberto Fernández y lo caro que resulta que se cuestione la política de derechos humanos oficial. Para descomprimir, la Casa Rosada se involucró activamente en la situación de la provincia del norte. Y, en ese giro, convocó en las últimas horas a funcionarios formoseños a Buenos Aires y escuchó de primera mano las denuncias de la organización Amnistía Internacional.
Fernández no se involucró públicamente en la cuestión de Formosa, pero desde ayer se activaron una serie de reuniones comandadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, un funcionario de alta jerarquía y el segundo del Presidente en el organigrama nacional. Hasta ahora, la representación del Gobierno estaba en manos del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
“Cafiero lleva el tema”, señalaron fuentes cercanas al Presidente. El ministro coordinador recibió anoche a autoridades provinciales y ayer a Amnistía Internacional, la organización que viene denunciando activamente las violaciones a los derechos humanos en Formosa. Ayer, antes de esos encuentros, Cafiero había lanzado:
“No necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos”.
Además, se conoció que Insfrán ordenó flexibilizar las medidas sanitarias.”Escuchó a la política”, comentaron en la Casa Rosada por la decisión de haber dejado atrás la fase más restrictiva en la capital formoseña.
Más allá de los gestos, el Gobierno sigue cuidando su retórica para aludir a la gestión de un gobernador aliado: sigue sin hablar de violaciones a los derechos humanos por parte de la administración de Insfrán, y alude a casos de “violencia institucional” de parte de las fuerzas de seguridad, como si se tratara de entidades separadas.
Reuniones
Ayer, a última hora, Cafiero mantuvo un encuentro con funcionarios del gobierno de Insfrán. A la Casa Rosada viajó el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, además del ministro de Gobierno de la Provincia, Jorge Abel González, y una representante del ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, Claudia Rodríguez.
Según fuentes oficiales, las partes “intercambiaron información con respecto a las denuncias referidas a abusos y arbitrariedades por parte de la autoridad policial que, en el cumplimiento del aislamiento vigente en dicha provincia, constituyen actos de violencia institucional”.
Los representantes de Insfrán aceptaron el “trabajo conjunto” y la “colaboración” de las autoridades nacionales para modificar la gestión de la pandemia. Ahora se espera que la secretaría de Derechos Humanos redacte una serie de “recomendaciones” a la provincia -que podrían hacerse públicas, o no- y que el Ministerio de Salud se involucre activamente para rediseñar las medidas sanitarias.
No se descarta, además, un nuevo viaje de funcionarios nacionales a la provincia. Podrían viajar funcionarios vinculados al área de niñez y representantes del Ministerio de Salud.
Ayer por la noche, en tanto, desde la Secretaría de Derechos Humanos convocaron a una reunión Amnistía Internacional. Luego de pautado el encuentro, desde el Gobierno le avisaron a Amnistía que la cita sería en la Casa Rosada y con la presencia de Cafiero.
Según fuentes al tanto de la reunión, el encuentro fue “cordial”. Cafiero le transmitió a Amnistía Internacional que el Gobierno seguirá monitoreando de cerca la situación en Formosa. Desde Amnistía Internacional exhibieron las denuncias y requirieron que la gestión de Alberto Fernández las contemple a la hora de hacer recomendaciones a la provincia.
Durante el encuentro, según pudo reconstruir LA NACION, en el Gobierno reconocieron su preocupación por la violencia institucional aunque repitieron que el manejo de la pandemia no puede ser dictado solo por la secretaría de Derechos Humanos, “sino en un abordaje conjunto con el Ministerio de Salud”.
Desde Amnistía Internacional le transmitieron al Gobierno que la situación en Formosa está vinculada a una política de Estado. Y enumeraron algunas de las denuncias que llegaron a la organización: el caso de la mujer que perdió un embarazo en un centro de aislamiento, el de una niña de 14 años que fue hisopada nueve veces, los aislamientos masivos de comunidades aborígenes, y las golpizas de la policía.
“Nosotros expusimos la situación y les acercamos los casos que llegaron a Amnistía, que son casos muy contundentes”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Mariela Belski a la agencia Télam. Y agregó: “Es muy relevante conversar con las autoridades para que la situación se revierta, por eso nos quedamos conformes con la reunión. Amnistía va a seguir monitoreando, porque nuestra posición es contundente y nosotros vemos en Formosa violación a los derechos humanos y violencia institucional, las dos cosas”.
